Foto ; Yor Edinson, CC BY-SA 4.0 https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0, via Wikimedia Commons

El gobierno de Abelardo de la Espriella pretende crear un sistema nacional de información sobre las guardias indígenas, organizaciones comunitarias que protegen sus territorios. El Consejo Regional Indígena del Cauca rechaza la iniciativa por considerar que amenaza su autonomía y puede facilitar mecanismos de vigilancia. La Defensoría del Pueblo también pidió detener su aprobación hasta realizar una consulta previa. La controversia coincide con una movilización indígena de cuatro días que reúne a organizaciones del suroccidente colombiano.

El Gobierno quiere saber quiénes son y dónde están

El Ministerio del Interior de Colombia, encabezado por Rodrigo Lara, publicó el 28 de septiembre un proyecto de decreto para crear el Sistema de Información sobre Guardias Indígenas, una base institucional destinada a reunir datos sobre las organizaciones comunitarias que cumplen tareas de protección territorial. La propuesta incorpora 14 artículos al Decreto 1066 de 2015 y coloca su administración bajo la Dirección de Asuntos Indígenas, Rom y Minorías.
El argumento del Gobierno es que actualmente carece de información consolidada sobre la cantidad de guardias indígenas existentes, los territorios donde actúan, las autoridades que las orientan y el número aproximado de sus integrantes. Según el documento oficial, esa fragmentación dificulta la coordinación entre organismos públicos, la implementación de programas de protección y la distribución de medidas de apoyo a las comunidades.

Dos integrantes de la Guardia Indígena, institución comunitaria de protección territorial. Fotografía de archivo, 2022. Foto: Intimankiller / Wikimedia Commons.

El ministro Lara defendió públicamente la iniciativa el 2 de octubre y explicó que la información permitiría coordinar acciones con la Unidad Nacional de Protección, la Unidad para las Víctimas y las alcaldías. Aseguró que el sistema tendría carácter exclusivamente informativo y que el Estado no adquiriría facultades para crear, autorizar o certificar las guardias indígenas.
El borrador incorpora disposiciones que prohíben elaborar listas nominales de integrantes y utilizar los datos para actividades de inteligencia, identificación o judicialización. También establece que ninguna institución podrá exigir la inscripción como condición para acceder a medidas de protección, fortalecimiento o reparación.
Sin embargo, el texto dispone que determinada información institucional sea pública, incluyendo el pueblo, la comunidad o territorio, la denominación de la guardia y la autoridad que la dirige. Las comunidades podrán solicitar restricciones cuando consideren que la divulgación compromete su seguridad, pero será el Ministerio del Interior quien resuelva esas solicitudes.
Esa combinación de información territorial, autoridades identificadas y facultades administrativas del Estado constituye uno de los principales puntos del enfrentamiento.

Una organización ancestral frente a una decisión estatal

La Guardia Indígena del Consejo Regional Indígena del Cauca, CRIC, rechazó el proyecto mediante un comunicado fechado el 30 de septiembre. La organización sostiene que su existencia responde a decisiones históricas de las comunidades y no depende de autorizaciones, registros o mecanismos de reconocimiento establecidos por los gobiernos nacionales.
Las guardias indígenas son estructuras de protección colectiva de carácter civil y comunitario. Sus integrantes actúan bajo la orientación de autoridades tradicionales y cumplen funciones relacionadas con la defensa de la vida, el territorio, la cultura y la convivencia. La Comisión de la Verdad de Colombia reconoció su contribución a la protección no violenta de las comunidades en medio del conflicto armado.
En numerosos territorios, estas organizaciones se desarrollaron frente a la presencia de grupos armados, amenazas contra dirigentes sociales y dificultades del Estado para garantizar la seguridad de las poblaciones rurales. Sus bastones de mando representan la autoridad comunitaria y forman parte de una tradición de organización vinculada con el gobierno propio.
Para el CRIC, un sistema nacional de información administrado desde Bogotá podría modificar la relación entre las comunidades y las instituciones públicas. La organización advierte que los datos reunidos podrían facilitar mecanismos de seguimiento, estigmatización y judicialización contra personas dedicadas a la defensa territorial, particularmente en regiones donde persisten organizaciones armadas ilegales.
El rechazo también tiene una dimensión jurídica. La Constitución colombiana reconoce la diversidad étnica y cultural, la autonomía de los pueblos originarios y el ejercicio de sus propias formas de gobierno. Colombia, además, incorporó mediante la Ley 21 de 1991 el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo, que establece obligaciones de consulta y participación de los pueblos indígenas frente a decisiones estatales que puedan afectarlos directamente.
El Ministerio del Interior sostiene en su proyecto que la creación del sistema no requiere consulta previa porque no modifica las funciones ni la existencia de las guardias. El CRIC cuestiona esa interpretación y exige que cualquier medida relacionada con sus instituciones comunitarias sea discutida mediante los mecanismos de participación y concertación de los propios pueblos.
La controversia alcanzó a la Defensoría del Pueblo. Iris Marín, titular del organismo, cuestionó públicamente el proyecto y reclamó garantías para que las guardias puedan continuar protegiendo sus territorios. Posteriormente, la institución remitió una comunicación al Ministerio del Interior solicitando reconsiderar la expedición del decreto hasta completar un proceso de consulta previa y concertación.
La Defensoría señaló que el registro propuesto puede tener efectos sobre la autonomía, la representación de las comunidades y la seguridad de sus integrantes. También advirtió que la acumulación de datos territoriales y organizativos, aun cuando no incluya listados individuales, puede generar riesgos en zonas atravesadas por el conflicto armado.
El organismo cuestionó especialmente la disposición que vincula la información con autoridades previamente inscritas ante el Ministerio, porque existen formas de organización indígena que no necesariamente coinciden con las estructuras administrativas reconocidas por el Estado. Propuso que la discusión se realice en la Mesa Permanente de Concertación, creada mediante el Decreto 1397 de 1996.

Cauca reúne a los pueblos indígenas en defensa de su autonomía

La controversia se desarrolla mientras organizaciones indígenas del suroccidente colombiano celebran la Cumbre Indígena y Movilización Social por la Vida, convocada entre el 11 y el 14 de octubre en el resguardo Kweth Kina, territorio Sath Tama Kiwe, municipio de Caldono, departamento del Cauca.
El encuentro fue preparado por el CRIC junto con organizaciones indígenas del Valle del Cauca, Caldas y Huila. La convocatoria propone establecer una agenda común sobre derechos humanos, paz, defensa territorial, economía comunitaria, consulta previa y autonomía política de los pueblos originarios.
Entre los asuntos previstos aparecen los efectos del conflicto armado sobre las comunidades, la seguridad jurídica de sus territorios, los proyectos extractivos y mineros, las políticas ambientales, la protección de sus sistemas propios de salud y educación y los compromisos estatales pendientes.
La reunión tiene un significado político particular porque ocurre durante los primeros meses del gobierno de De la Espriella y en medio de una controversia que involucra directamente a una institución nacional encargada de defender los derechos humanos.
Las organizaciones indígenas plantean que sus mecanismos comunitarios de protección son parte de sus estructuras de gobierno y que su funcionamiento debe ser decidido desde los territorios. El Ejecutivo, por su parte, mantiene una propuesta de coordinación administrativa que, según el ministro Lara, facilitaría medidas estatales de protección y reparación.
El plazo de consulta pública del proyecto venció el 4 de octubre. Hasta el 12 de octubre, el texto localizado en el portal del Ministerio del Interior continúa identificado como proyecto de decreto y no se ha confirmado su promulgación definitiva.
La comunicación de la Defensoría incorpora un nuevo elemento al procedimiento administrativo: la exigencia de que las comunidades participen mediante mecanismos de consulta específicos, más allá de la posibilidad general de remitir observaciones a un borrador.
En Caldono, mientras las organizaciones indígenas discuten una agenda sobre territorio, derechos colectivos y gobierno propio, el conflicto con el Ministerio del Interior vuelve a situar en el centro de la política colombiana una disputa histórica: la autoridad del Estado frente a las instituciones que los pueblos originarios han construido para gobernarse y proteger sus comunidades.

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