La campaña presidencial del ultraderechista Abelardo de la Espriella quedó bajo presión tras investigaciones periodísticas que señalan presunta recolección irregular de datos personales, propaganda de miedo, amenazas contra universidades y maniobras de compra de votos en el Caribe colombiano.
Datos personales y propaganda dirigida
Según investigaciones de Señal Investigativa, de Señal Colombia y Revista Raya, la campaña habría utilizado información personal de más de 1,4 millones de ciudadanos para enviar propaganda política a teléfonos celulares.
Entre esos registros también aparecerían integrantes de la Fuerza Pública. Las denuncias incluyen el uso de bases de datos no autorizadas, mensajes engañosos, supuestas historias clínicas falsas y piezas publicitarias que presentan a adversarios políticos como guerrilleros.
Revista Raya también informó sobre planillas entregadas a trabajadores de la Alcaldía de Barranquilla para registrar posibles votantes a favor de De la Espriella. Según esos reportes, algunas personas debían captar entre 20 y 100 votos.
Amenazas y campaña de miedo
La investigación también expuso amenazas contra el sector universitario. Al menos cinco instituciones de educación superior habrían recibido correos electrónicos atribuidos a una cuenta vinculada al movimiento Salvación Nacional.
Los mensajes advertían sobre una supuesta “limpieza” universitaria contra sectores opuestos al candidato. También se detectaron grupos de WhatsApp integrados por militares y policías retirados donde se difundía material audiovisual con mensajes de odio y miedo.
Estas denuncias se suman a una campaña marcada por discursos de orden, estigmatización del adversario y uso de contenidos falsos o engañosos para incidir en el voto.
Compra de votos y financiamiento bajo sospecha
En el Caribe colombiano, las denuncias apuntan a una presunta compra masiva de votos. El abogado Miguel Ángel del Río presentó una denuncia penal ante la Fiscalía General de la Nación el 10 de junio para investigar una red de apoyo electoral en el departamento del Cesar, presuntamente orientada a beneficiar a De la Espriella.
Los documentos mencionan al clan Gnecco y describen la modalidad conocida como “mochila”, una práctica de corrupción electoral basada en intermediarios que reúnen bloques de votos a cambio de pagos o comisiones.
El presidente Gustavo Petro también denunció que parte de la propaganda contra su sector sería financiada desde Miami mediante un fondo privado con aportes de empresarios colombianos y extranjeros. Esa acusación se mantiene en el plano político y deberá ser investigada por las autoridades competentes.