Senadores blancos y colorados anunciaron una denuncia penal contra el vicepresidente de la Junta de Transparencia y Ética Pública (JUTEP), Alfredo Asti, por presunto abuso de funciones. La decisión llegó después de un enfrentamiento en el Senado, donde Pedro Bordaberry cuestionó un pedido de información sobre la participación del director de AFE, Robert Bouvier, en una reunión de Vamos Uruguay en Florida. El Frente Amplio defendió la actuación del organismo, mientras los antecedentes del encuentro muestran que allí se abordaron asuntos políticos nacionales.
La coalición anuncia una denuncia y Bordaberry enfrenta a Asti
Los senadores del Partido Nacional y del Partido Colorado anunciaron este martes 13 de octubre que llevarán a la Fiscalía la actuación de Alfredo Asti, vicepresidente de la Junta de Transparencia y Ética Pública (JUTEP), por entender que podría haber incurrido en abuso de funciones al solicitar información al senador Pedro Bordaberry sobre una reunión de dirigentes colorados.
El anuncio fue realizado por Andrés Ojeda, secretario general del Partido Colorado, después de un intenso enfrentamiento en la Cámara de Senadores. El legislador acusó a Asti de utilizar las facultades del organismo para perseguir adversarios políticos y sostuvo que corresponde a la Justicia determinar si existió alguna conducta delictiva.
La controversia comenzó cuando Bordaberry recibió un oficio firmado por Asti, acompañado de preguntas sobre una actividad celebrada en el departamento de Florida. La JUTEP buscaba esclarecer la participación de Robert Bouvier, director de la Administración de Ferrocarriles del Estado (AFE), en un encuentro de Vamos Uruguay, sector político encabezado por el senador colorado.
Durante su intervención, Bordaberry afirmó que el organismo carecía de competencia para interrogarlo y calificó a Asti de «rata rastrera». La presidenta del Senado, Carolina Cosse, le retiró el uso del micrófono y le advirtió que no podía utilizar expresiones de ese carácter en sala.
El senador colorado también impulsó una moción para declarar improcedente la actuación del vicepresidente de la JUTEP. La iniciativa no obtuvo los votos necesarios debido a la posición contraria del Frente Amplio.
La senadora Bettiana Díaz respondió que el procedimiento no había surgido de una iniciativa personal de Asti. Según explicó, la Asesoría Jurídica de la JUTEP elaboró un informe a partir de una denuncia recibida por el organismo y el vicepresidente firmó el oficio por encontrarse presente cuando se tramitó la solicitud de información.
El enfrentamiento terminó con el anuncio de una denuncia penal que la oposición pretende presentar ante Fiscalía. La acusación política de persecución quedó planteada públicamente, mientras continúa la controversia sobre el origen y el alcance del procedimiento administrativo.
La reunión de Florida y los antecedentes de la investigación
El episodio que desencadenó la confrontación ocurrió el 2 de agosto de 2026, cuando dirigentes de Vamos Uruguay se reunieron en la Asociación Rural de Florida. Participaron Pedro Bordaberry, el diputado Walter Cervini, el dirigente Pablo Lanz y otros integrantes del sector colorado, entre ellos Robert Bouvier, representante de la oposición en el directorio de AFE.
Bordaberry sostuvo en el Senado que se trató de un asado organizado para celebrar la recuperación de Cervini después de un accidente de tránsito. Presentó la actividad como un encuentro de camaradería y cuestionó que una reunión de esas características pudiera motivar un procedimiento de investigación institucional.
Sin embargo, la cobertura realizada en Florida durante aquella jornada registró una reunión de dirigentes y militantes de Vamos Uruguay en la que se discutieron asuntos políticos nacionales. Bordaberry abordó temas vinculados con las empresas públicas, la política económica, la seguridad, la rendición de cuentas y el proyecto de represa de Casupá. También se refirió a propuestas sobre la participación privada en empresas estatales.
La actividad tuvo, por tanto, una dimensión política documentada. La celebración por la recuperación de Cervini formó parte del encuentro, pero también hubo intervenciones sobre la orientación del gobierno, propuestas legislativas y asuntos de interés nacional.
El 3 de agosto, el convencional colorado Juan Esequiel Ibarra Álvarez cuestionó públicamente la participación de Bouvier y promovió una denuncia ante la JUTEP. En los días posteriores amplió sus planteos y defendió la necesidad de examinar si la presencia del director de AFE resultaba compatible con las restricciones constitucionales que alcanzan a los jerarcas de los entes públicos.
El artículo 77, numeral 4, de la Constitución establece límites a la participación político-partidaria de directores de entes autónomos y servicios descentralizados. La disposición prohíbe determinadas actividades partidarias, aunque contempla una excepción para la asistencia a organismos políticos dedicados específicamente al estudio de problemas de gobierno, legislación y administración.
La Corte Electoral tiene competencia constitucional para conocer y aplicar las sanciones correspondientes a las infracciones previstas en ese numeral. La JUTEP, por su parte, posee atribuciones relacionadas con el análisis de denuncias sobre ética pública y conducta de los funcionarios estatales.
La diferencia entre ambas competencias se encuentra ahora en el centro de la controversia. La oposición cuestiona que Asti haya solicitado información a Bordaberry, mientras el Frente Amplio sostiene que el procedimiento respondió a una denuncia y al análisis de los servicios jurídicos del organismo.
La JUTEP en el centro de una nueva disputa institucional
La controversia vuelve a colocar a la Junta de Transparencia y Ética Pública en medio de un enfrentamiento entre oficialismo y oposición. El organismo tiene entre sus funciones promover la transparencia, prevenir conductas contrarias a la ética pública y examinar situaciones que puedan comprometer las obligaciones de quienes desempeñan cargos estatales.
La JUTEP aprobó durante 2026 un protocolo de gestión de denuncias ciudadanas, que establece mecanismos para recibir presentaciones, examinar su competencia y tramitar los antecedentes correspondientes. El procedimiento incluye el estudio de las denuncias y la participación de las áreas jurídicas del organismo.
En el caso Bouvier, el punto de discusión es doble: determinar si la participación del director de AFE en el encuentro de Florida debe ser examinada bajo las restricciones constitucionales y establecer si el pedido de información enviado a Bordaberry se ajustó a las facultades de la JUTEP.
La actuación de Asti ha provocado una respuesta política coordinada de blancos y colorados. Ojeda sostuvo que el organismo estaba siendo utilizado para perseguir opositores y reclamó que Fiscalía examine la actuación de su vicepresidente. Desde el Frente Amplio, Bettiana Díaz defendió la intervención institucional y rechazó la interpretación de que se tratara de una iniciativa personal contra Bordaberry.
El conflicto también expone las tensiones que atraviesan a los organismos de control cuando deben pronunciarse sobre conductas de dirigentes políticamente identificados. Sus actuaciones requieren independencia, procedimientos transparentes y criterios aplicables a todos los funcionarios, independientemente de su pertenencia partidaria.
El contenido íntegro del oficio enviado a Bordaberry, el informe de la Asesoría Jurídica y las actuaciones del directorio de la JUTEP serán elementos centrales para establecer cómo se desarrolló el procedimiento. También deberá conocerse el alcance de la denuncia penal anunciada por la coalición, una vez formalizada.
Mientras tanto, la disputa que comenzó con una reunión política en Florida llegó al Senado y amenaza con trasladarse a la Justicia. Detrás de los agravios parlamentarios permanece una cuestión institucional de fondo: cómo se controla la conducta de los jerarcas públicos y cuáles son las garantías y responsabilidades de quienes tienen la tarea de ejercer ese control.