El exsenador frenteamplista volvió a apuntar contra la actuación de la Fiscalía en la causa del Hospital Policial y cuestionó decisiones de Mónica Ferrero. El caso se instala en un momento de fuerte tensión institucional por los traslados de fiscales, las causas heredadas del gobierno de Lacalle Pou y el debate pendiente por la designación de un fiscal de Corte titular.

Nota:

Una denuncia que vuelve al plano internacional

Charles Carrera amplió su denuncia ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y volvió a señalar que existe una persecución política en su contra. El exsenador del Frente Amplio cuestiona ahora de forma directa a la fiscal de Corte subrogante, Mónica Ferrero, a quien acusa de haber actuado con discrecionalidad y de cometer arbitrariedades en el manejo de la causa penal vinculada al uso del Hospital Policial.

El planteo se suma a una denuncia anterior presentada por Carrera ante la CIDH por el espionaje ilegal del que fue víctima junto a Mario Bergara, luego de denunciar el acuerdo portuario entre el gobierno de Luis Lacalle Pou y Katoen Natie. Esa denuncia tuvo trámite internacional y abrió un nuevo frente para el Estado uruguayo, en un caso que todavía carga con una pregunta central: quién ordenó, quién financió y con qué objetivo se intentó armar información personal contra legisladores de la oposición.

En la ampliación, Carrera sostiene que las irregularidades no quedaron limitadas al espionaje. Según su planteo, la investigación penal por la atención de un particular en el Hospital Policial también debe leerse dentro de una misma secuencia de hostigamiento político, judicial y mediático.

El caso del Hospital Policial y el cambio de fiscal

La causa contra Carrera refiere a la asistencia que recibió Víctor Hernández, un civil que quedó parapléjico tras recibir una bala perdida en Rocha en 2012. Durante la gestión de Carrera como director general de Secretaría del Ministerio del Interior, Hernández fue atendido en el Hospital Policial y recibió apoyos económicos. La Fiscalía entiende que esa asistencia fue irregular porque Hernández no era funcionario policial.

La fiscal Sandra Fleitas pidió cuatro años de prisión para Carrera por los delitos de fraude y utilización indebida de información privilegiada. La defensa del exsenador sostiene lo contrario: que se trató de una decisión humanitaria adoptada en un contexto excepcional, vinculada a un hecho donde aparecían mencionados policías y donde una persona quedó con una discapacidad severa.

El punto más sensible está en cómo llegó Fleitas a esa causa. Carrera denuncia que la fiscal Silvia Porteiro había presentado solicitudes de abstención y que luego fue trasladada. Según la defensa, esa secuencia alteró el sistema normal de asignación y permitió que la causa quedara en manos de una fiscal que, para Carrera, no ofrecía garantías suficientes de independencia.

Ese es el centro de la acusación política e institucional contra Ferrero. No se trata solo de una discusión sobre una causa penal concreta, sino sobre el poder que tiene la conducción de Fiscalía para mover fiscales, reasignar expedientes y modificar el curso de investigaciones sensibles.

Ferrero, la oposición y las causas que incomodan

La situación se agrava porque la Fiscalía llega a este episodio en medio de una disputa mayor. Desde 2021 Uruguay no tiene fiscal de Corte titular designado por acuerdo político. Mónica Ferrero ocupa el cargo de forma subrogante desde 2024 y cuenta con respaldo explícito de la oposición, especialmente del Partido Nacional y del Partido Colorado.

Ese respaldo político no es menor. Ferrero tomó decisiones recientes que generaron ruido en el oficialismo, entre ellas el traslado del fiscal Alejandro Machado, que tenía a su cargo investigaciones vinculadas a casos de fuerte impacto público, como Cardama, Marset y otras derivaciones de la administración anterior. La explicación formal fue que Machado pasaba a la Fiscalía de Cibercrimen, pero en el Frente Amplio la lectura fue otra: el movimiento ocurre sobre expedientes que pueden comprometer políticamente al gobierno de Lacalle Pou o a figuras de su entorno.

En ese marco, la ampliación de Carrera ante la CIDH golpea en un punto delicado: la independencia de Fiscalía no puede depender solo de declaraciones públicas ni de respaldos partidarios. También debe verse en los actos concretos, en la transparencia de los traslados, en la asignación objetiva de causas y en la garantía de que ningún expediente sea usado para perseguir ni para proteger.

La denuncia de Carrera todavía es un planteo de parte y deberá recorrer los caminos correspondientes. Pero vuelve a poner sobre la mesa una discusión que Uruguay no puede seguir postergando: una Fiscalía sin conducción titular acordada, con causas políticas de alto voltaje y con decisiones administrativas cuestionadas, queda expuesta a una crisis de confianza que afecta al sistema democrático entero.