Con 26 votos en 30 ediles presentes, la Junta Departamental de Cerro Largo aprobó su presupuesto quinquenal y creó el cargo de secretario político general. La decisión abre una discusión de fondo: la ley exige concursos para ingresar a los gobiernos departamentales, pero la figura de particular confianza vuelve a dejar una puerta abierta para la designación política.

La Junta de Cerro Largo aprobó más cargos y más gasto político

La Junta Departamental de Cerro Largo aprobó su presupuesto quinquenal 2026-2030 con 26 votos afirmativos en 30 ediles presentes. La sesión dejó una señal política fuerte: la amplia mayoría del cuerpo acompañó una reestructura que crea un cargo de particular confianza denominado secretario político general, en sustitución del esquema anterior de secretaría.

La votación no fue unánime. La bancada del Frente Amplio votó en contra y también lo hizo la edila nacionalista Teresita Vergara. Pero el resultado mostró que, salvo esas cuatro voluntades, el Legislativo departamental acompañó una decisión que suma estructura política en un momento donde el ingreso a los gobiernos departamentales acaba de quedar regulado por una ley nacional que prioriza concursos públicos y abiertos.

El presupuesto del Legislativo departamental quedó fijado en $156.345.098 para 2026. Más de $113 millones corresponden al rubro 0, vinculado a remuneraciones. También se aprobó una recuperación salarial anual del 2% para los funcionarios a partir de enero de 2027.

El punto más discutido fue la creación del secretario político general. Ese cargo será propuesto por un tercio de los ediles de la bancada del partido más votado y deberá ser aprobado por la mayoría absoluta del cuerpo. Tendrá duración ligada al período legislativo y una remuneración equivalente al 75% del sueldo base nominal del actual secretario de la Junta, referencia salarial ubicada alrededor de los $281.000 mensuales.

La ley exige concursos, la política encuentra el atajo

La Ley N.º 20.451 estableció que el ingreso a la función pública en todos los gobiernos departamentales debe realizarse mediante concursos públicos y abiertos, con criterios de publicidad, transparencia, igualdad de oportunidades, capacidad técnica, méritos y antecedentes.

La misma norma deja exceptuados los cargos políticos o de particular confianza. Ahí aparece el centro del problema. La Junta no está creando cualquier cargo: crea una figura política, ubicada en una zona clave del funcionamiento interno del Legislativo departamental, con designación por acuerdo político y no por concurso abierto.

La discusión no pasa solamente por la legalidad formal. El punto de fondo es el espíritu de la ley. La norma nació para limitar el ingreso discrecional a intendencias y juntas departamentales, después de años de reparto de cargos, contrataciones directas y crecimiento de estructuras pagadas con fondos públicos. Convertir una función central en cargo de confianza puede quedar dentro de una excepción, pero también muestra la facilidad con que el sistema político encuentra caminos para conservar margen de designación.

La reestructura también incluye un Sub-Jefe del Área Administrativa. Ese caso tiene una diferencia importante: fue presentado como un cargo presupuestal a ocupar mediante concurso de oposición y méritos entre funcionarios presupuestados de la Junta. No tiene el mismo carácter que el secretario político general. Pero igual forma parte de una ampliación de estructura, con más cargos, más jerarquías y más sueldos dentro del organismo.

La mano levantada y el mensaje político

La defensa oficialista habló de un presupuesto responsable, coherente y con ahorro anual superior al millón de pesos. Pero la señal pública que queda es otra: en pleno debate nacional sobre concursos y transparencia en los gobiernos departamentales, una Junta con mayoría abrumadora decidió crear una figura de confianza política para ocupar un lugar de peso dentro de su estructura.

El Frente Amplio había cuestionado antes de la votación la falta de discusión previa, la concentración de poder y la posibilidad de que el cargo recayera en una persona externa al Legislativo. También advirtió sobre el riesgo de transformar el funcionamiento interno de la Junta en una extensión de la mayoría política departamental.

La edila nacionalista Teresita Vergara se apartó de la mayoría blanca y votó en contra. Ese dato importa porque evita una lectura simplista: no todos votaron igual. Pero el resultado final fue contundente. Veintiséis manos alcanzaron para aprobar una reestructura que crea un cargo político de particular confianza en el principal órgano de control departamental.

El caso de Cerro Largo deja una postal conocida de la política uruguaya del interior: discursos de austeridad hacia afuera, acuerdos amplios hacia adentro y una estructura pública que vuelve a crecer por la vía de cargos especialmente diseñados. La ley de concursos marca una dirección; la excepción de los cargos de confianza permite otra. En esa grieta administrativa se siguen abriendo lugares, sueldos y espacios de poder.