El intendente Christian Morel presentó una auditoría sobre la administración anterior de la Intendencia de Cerro Largo, encabezada por José Yurramendi, también del Partido Nacional. Según lo informado, el jefe comunal afirmó que existen elementos que serán enviados a Fiscalía y señaló presuntas irregularidades vinculadas a gastos, boletas sin respaldo, deuda heredada y aumento de compensaciones salariales en el período electoral.

Una auditoría que golpea dentro del Partido Nacional

La Intendencia de Cerro Largo volvió a quedar en el centro de la escena política departamental. El intendente Christian Morel presentó los resultados de una auditoría sobre la gestión anterior, encabezada por José Yurramendi, y anunció que parte de la información será derivada a Fiscalía.

El dato político no es menor: Morel y Yurramendi pertenecen al Partido Nacional. La disputa, por lo tanto, no se ordena entre oficialismo y oposición departamental, sino dentro de la propia estructura blanca de Cerro Largo.

La auditoría había sido una de las promesas centrales de Morel tras asumir la comuna. Desde el inicio de su gestión, el intendente sostuvo que necesitaba revisar la deuda, los proveedores y el estado real de las cuentas municipales. También había advertido que la situación financiera recibida era crítica y que la Intendencia arrastraba una deuda superior a los 1.600 millones de pesos.

Deuda, boletas y compensaciones bajo la lupa

El relevamiento puso sobre la mesa distintos puntos sensibles de la administración anterior. Entre ellos aparecen gastos sin respaldo claro, boletas observadas, uso de recursos municipales y presuntas desprolijidades administrativas.

En agosto de 2025, Morel ya había señalado públicamente ejemplos concretos: una factura millonaria por la reparación de un camión que seguía roto, documentos vinculados a materiales para viviendas sin destino claramente acreditado y problemas de control sobre el uso de combustible. Ahora, con la auditoría presentada, el caso pasa a una etapa de mayor peso institucional.

Otro punto fuerte surge del período electoral. Según lo informado, Morel mencionó indicios de un aumento desmedido de compensaciones salariales durante la campaña. Ese dato instala una pregunta de fondo sobre el uso de fondos públicos en una etapa especialmente sensible para cualquier administración: el tramo final de un gobierno departamental que buscaba continuidad política.

La discusión ya no gira solamente en torno a una deuda heredada. El eje pasa a ser qué se gastó, bajo qué controles, con qué respaldo documental y quiénes autorizaron esos movimientos.

Fiscalía y responsabilidad administrativa

Morel anunció que los elementos con posible relevancia penal serán derivados a Fiscalía. Eso no implica una condena ni una resolución judicial, pero sí marca un salto en la gravedad institucional del caso.

La administración actual sostiene que no se trata solo de diferencias políticas o de una interna partidaria. El planteo apunta a determinar si hubo irregularidades administrativas, eventuales perjuicios económicos o decisiones que deben ser investigadas por la Justicia.

Yurramendi ya había rechazado cuestionamientos anteriores y defendido su gestión. También había sostenido que en una administración de gran tamaño se confía en quienes firman jornales y documentación. Esa explicación queda ahora enfrentada a un informe que, según Morel, contiene evidencia suficiente para pasar parte del asunto al terreno penal.

Cerro Largo llega así a una instancia incómoda para el Partido Nacional: un intendente blanco presenta una auditoría contra la gestión de otro intendente blanco y anuncia el envío de antecedentes a Fiscalía. El caso queda abierto, con la deuda municipal, los gastos observados y las compensaciones salariales en el centro del debate público.

Fuentes ; La diaria,Diario Atlas,Radio Carve