La nueva acusación contra Sebastián Marset en Estados Unidos no solo agrava su situación judicial. También instala una categoría política sensible: la idea de un “Primer Cartel Uruguayo” tratado como organización terrorista. El problema no es defender a Marset ni minimizar el narcotráfico, sino advertir el riesgo de que Washington convierta una red criminal transnacional en un relato útil para ampliar presión, jurisdicción y presencia sobre la región.
De lavado de activos a narcoterrorismo: un cambio de escala
La causa contra Sebastián Marset en Estados Unidos entró en una nueva etapa. Según informó Búsqueda, los fiscales estadounidenses sumaron tres cargos contra el uruguayo, entre ellos el de conspiración narcoterrorista. El escrito lo presenta como una persona violenta y como líder del llamado Primer Cartel Uruguayo, al que describe como una organización “terrorista” dedicada al narcotráfico y al lavado de activos.
Hasta ahora, el eje público del caso en Estados Unidos estaba centrado en el lavado de dinero, el movimiento internacional de fondos y la presunta utilización del sistema financiero estadounidense para canalizar ganancias del narcotráfico. Con la figura de narcoterrorismo, el expediente pasa a otro plano: ya no se trata solamente de perseguir delitos económicos o tráfico de drogas, sino de encuadrar la organización dentro de la lógica de la seguridad nacional estadounidense.
Estados Unidos viene ampliando el uso de la categoría “terrorista” para carteles y organizaciones criminales latinoamericanas. Esa etiqueta no es neutra. Permite endurecer penas, ampliar sanciones, justificar cooperación condicionada y abrir la puerta a herramientas excepcionales que antes estaban asociadas a guerras, insurgencias o grupos políticos armados.
El “Primer Cartel Uruguayo”: un nombre útil, una estructura discutida
El punto central está en la etiqueta. El llamado Primer Cartel Uruguayo aparece hace años asociado a Marset, pero especialistas en seguridad han advertido que no existen elementos suficientes para afirmar que se trate de un cartel en sentido estricto. El propio Nicolás Centurión, analista de crimen organizado, señaló que Marset aparece más como un facilitador y articulador de redes regionales que como jefe de una estructura con control de producción de cocaína en países productores.
Uruguay tiene problemas serios: lavado de activos, utilización de puertos, fallas de control, presencia de redes extranjeras, corrupción y violencia creciente en zonas vulnerables. Pero eso no equivale automáticamente a aceptar que exista un “cartel uruguayo” con la estructura, escala y control territorial de organizaciones mexicanas, colombianas o brasileñas.
Si el nombre “Primer Cartel Uruguayo” fue construido o amplificado por el propio Marset como marca criminal, asumirlo sin discusión como categoría oficial puede ser funcional a dos relatos peligrosos. El primero, interno: presentar el narcotráfico como un monstruo externo e inevitable, ocultando responsabilidades locales en puertos, aduanas, sistema financiero, estudios profesionales, empresas pantalla y protección política. El segundo, externo: ofrecer a Estados Unidos una figura simple y exportable para ubicar a Uruguay dentro de su mapa regional de “narcoterrorismo”.
No se trata de negar el crimen organizado. Se trata de nombrarlo con precisión. Una red transnacional que usa Uruguay como nodo logístico, financiero o territorial no es lo mismo que un cartel uruguayo terrorista. La diferencia jurídica y política importa.
La advertencia para Uruguay: soberanía, investigación y no militarización
La experiencia regional muestra una secuencia conocida: primero se instala una etiqueta; luego se amplía la cooperación; después llegan las exigencias de alineamiento; finalmente, la política de seguridad queda subordinada a una agenda externa. Con México, Venezuela, Ecuador y otros países, Estados Unidos ha usado el lenguaje de los carteles, el terrorismo y la seguridad hemisférica para justificar sanciones, operaciones, presión diplomática y presencia de agencias.
Uruguay no puede ser ingenuo. El caso Marset debe investigarse hasta el fondo, incluyendo sus vínculos con Paraguay, Bolivia, Brasil, Europa, el sistema financiero y los contactos que haya tenido dentro del Estado uruguayo. También deben investigarse las rutas, los puertos, las empresas, los profesionales y las omisiones institucionales que permitieron que una red de esa escala operara durante años.
Pero investigar no significa entregar el marco político. Uruguay debe evitar que el nombre de Marset sea usado para instalar la idea de que el país necesita una tutela externa en materia de seguridad. La lucha contra el narcotráfico exige inteligencia financiera, controles portuarios, fortalecimiento aduanero, fiscalías con recursos, cooperación internacional transparente y políticas sociales en los territorios golpeados por la violencia. No se resuelve con discursos de guerra ni con importación de doctrinas que terminan castigando más a los barrios pobres que a los grandes lavadores.
El narcotráfico no entra solo por la boca de pasta base ni por el ajuste de cuentas en la periferia. Entra también por contenedores, bancos, sociedades anónimas, estudios jurídicos, contactos políticos y zonas grises del comercio internacional. Si el relato se reduce al “cartel uruguayo terrorista”, el riesgo es que se tape lo más importante: quiénes facilitaron, quiénes se beneficiaron y qué estructuras del poder económico permitieron que el negocio siguiera funcionando.
El caso Marset es grave. Pero más grave sería que Uruguay acepte sin discusión una narrativa fabricada desde afuera, donde el país pasa a ser una pieza más de una estrategia regional de Estados Unidos. La respuesta debe ser firme contra el narcotráfico, pero también firme en defensa de la soberanía, el debido proceso y una política de seguridad propia.