Una bomba de humo en una protesta sindical terminó convertida en una causa penal por atentado especialmente agravado. Dos años después, no hubo juicio, no hubo condena y el expediente se cerró con un acuerdo reparatorio simbólico. El caso Kreimerman muestra cómo opera una forma conocida de persecución: se instala una acusación grave, se obtiene rédito político y mediático, y luego la causa se desinfla cuando debe sostenerse jurídicamente.
Una protesta sindical convertida en causa penal
El 13 de junio de 2023, funcionarios de OSE nucleados en FFOSE se movilizaron contra el proyecto Arazatí/Neptuno, una obra cuestionada por el sindicato por sus impactos, su modelo de gestión y su orientación privatizadora en un área sensible como el agua potable.
La protesta se desarrolló en el edificio central de OSE, en una jornada vinculada a la apertura de sobres de la licitación. En ese marco se encendió una bomba de humo dentro del edificio. Ese fue el hecho material de la causa.
A partir de allí, lo que pudo tramitarse como un episodio administrativo, sindical o incluso contravencional, fue llevado al terreno penal con una calificación de enorme peso político: atentado especialmente agravado.
Federico Kreimerman, entonces presidente de FFOSE, quedó en el centro del expediente. La imputación lo presentó como presunto autor de un delito contra la autoridad pública. La figura elegida no era menor: el delito de atentado exige violencia o amenaza contra funcionarios públicos con la finalidad de impedir, estorbar o menospreciar el ejercicio de la función.
Desde el primer momento, el sindicato rechazó esa lectura. FFOSE sostuvo que se trataba de una judicialización de la acción sindical y de un ataque a las libertades gremiales. La defensa afirmó que no había delito, que no existió violencia contra funcionarios y que ningún trabajador o autoridad sufrió afectaciones que justificaran la construcción penal planteada.
El PIT-CNT también respaldó al dirigente sindical y denunció la criminalización de la protesta. La discusión dejó de ser solamente jurídica: pasó a ser política. Y ese es el punto central del caso.
De “atentado agravado” a disculpas simbólicas
La formalización se produjo el 7 de setiembre de 2023. La Fiscalía sostuvo que Kreimerman había realizado un acto de violencia que excedía una manifestación pacífica y que buscaba estorbar el ejercicio de la función pública durante una instancia institucional de OSE.
El juez aceptó la formalización. Como medida cautelar, Kreimerman debió fijar domicilio y no modificarlo sin comunicarlo al juzgado.
La defensa apeló, pero el Tribunal de Apelaciones confirmó la formalización. Esa decisión no fue una condena. Solo habilitó a que la investigación continuara. El tribunal entendió, en esa etapa inicial y con la provisionalidad propia del proceso, que había elementos para mantener la imputación.
Poco después, el Directorio de OSE también inició un sumario administrativo contra Kreimerman por “conductas irregulares” durante la movilización. La vía penal y la vía administrativa avanzaron en paralelo, reforzando el efecto público del caso.
Pero la evolución posterior mostró otra cosa. La causa no llegó a juicio. No terminó en condena. No hubo una sentencia que confirmara aquella acusación inicial de atentado especialmente agravado.
Antes del vencimiento de los plazos legales, Fiscalía debía tomar una decisión: acusar, pedir el sobreseimiento o encontrar una salida alternativa. El expediente terminó por acuerdo reparatorio simbólico entre Kreimerman y OSE.
El acuerdo implicó que el exdirigente expresara disculpas en sede penal por las consecuencias que el episodio pudo haber ocasionado y dejara constancia de su voluntad de que los conflictos se resolvieran de manera pacífica.
El dato más relevante es que, antes de ese cierre, la calificación inicial de atentado especialmente agravado fue modificada a daño agravado. Según la defensa, la evidencia aportada durante la investigación permitió demostrar que el delito de atentado no existió. Con la ejecución del acuerdo, el juez decretó la extinción del delito.
La distancia entre el inicio y el final del expediente es evidente: se empezó con una figura penal grave, de fuerte impacto político y mediático; se terminó con una reparación simbólica, sin juicio y sin condena.
La utilidad política de una causa que no llegó a condena
El lawfare no siempre necesita una condena. Muchas veces le alcanza con el proceso. La imputación, la exposición pública, los titulares, la sospecha instalada y el desgaste personal o sindical pueden cumplir una función política aunque después el expediente no llegue a nada sustantivo.
El caso Kreimerman encaja en ese mecanismo. La causa apareció en el marco de un conflicto por el agua, en plena discusión por Arazatí/Neptuno, un proyecto resistido por trabajadores, organizaciones sociales y sectores políticos críticos del modelo privatizador.
En ese contexto, convertir una protesta sindical en un expediente por atentado especialmente agravado tuvo un efecto disciplinador. El mensaje fue claro: la protesta podía dejar de ser un conflicto laboral o social para pasar a ser un problema penal.
Dos años después, el desenlace jurídico fue mucho más débil que la acusación original. No hubo condena. No hubo juicio oral. No se sostuvo la figura inicial. El caso terminó mediante una salida alternativa que la propia normativa penal permite para evitar la continuidad del proceso, especialmente cuando existe una reparación material o simbólica aceptada por las partes.
Eso no borra el hecho ocurrido dentro de OSE. Hubo una bomba de humo en una dependencia pública durante una movilización. Pero sí obliga a mirar la desproporción entre el hecho y la maquinaria penal activada.
El expediente sirvió para señalar a un dirigente sindical, para instalar la idea de violencia gremial y para colocar bajo sospecha una protesta contra una política pública cuestionada. El resultado final muestra que aquella construcción inicial no tuvo el mismo peso cuando debió sostenerse hasta el final del camino judicial.
Cronología de la causa
| Fecha | Hecho | Detalle |
|---|---|---|
| 13 de junio de 2023 | Movilización en OSE | Funcionarios agremiados de OSE se movilizaron contra el proyecto Arazatí/Neptuno. En ese marco se encendió una bomba de humo dentro del edificio del ente. |
| Julio-agosto de 2023 | Denuncia e investigación | OSE denunció los hechos ante Fiscalía. Kreimerman declaró como indagado y Fiscalía sostuvo que había elementos para pedir la formalización. |
| 23 de agosto de 2023 | Pedido de formalización | La entonces fiscal Gabriela Fossati adelantó que pediría formalizar a Kreimerman por atentado especialmente agravado. El sindicato y el PIT-CNT denunciaron una judicialización de la acción sindical. |
| 7 de setiembre de 2023 | Formalización | El juez Huberto Álvarez aceptó la formalización solicitada por Fiscalía. Se dispuso como medida limitativa la obligación de fijar domicilio y no modificarlo sin aviso al tribunal. |
| 27 de setiembre de 2023 | Sumario administrativo | El Directorio de OSE resolvió iniciar un sumario administrativo a Kreimerman por “conductas irregulares” durante la movilización. |
| Octubre de 2023 | Apelación rechazada | La defensa apeló la formalización, pero un Tribunal de Apelaciones la ratificó por unanimidad. El fallo entendió que, en esa etapa inicial, había elementos para mantener la investigación. |
| 2025 | Prórrogas y cierre | La investigación se extendió más de una vez. Antes del vencimiento del plazo legal, Fiscalía debía acusar, pedir sobreseimiento o acordar una salida alternativa. Finalmente se alcanzó un acuerdo reparatorio. |
| 3 de setiembre de 2025 | Acuerdo reparatorio | La fiscal Betina Ramos informó, a través del director de Comunicación de Fiscalía, Javier Benech, que se llegó a un acuerdo entre las partes. Kreimerman debía pedir disculpas en sede penal y dejar constancia de voluntad de resolución pacífica de conflictos. |
Datos centrales del expediente
- Imputado: Federico Kreimerman, expresidente de FFOSE.
- Hecho investigado: encendido de una bomba de humo dentro del edificio central de OSE durante una protesta sindical.
- Contexto político: movilización contra el proyecto Arazatí/Neptuno.
- Calificación inicial: atentado especialmente agravado.
- Medida cautelar: fijar domicilio y no cambiarlo sin aviso judicial.
- Reacción sindical: denuncia de criminalización de la protesta y ataque a las libertades sindicales.
- Decisión de Apelaciones: ratificó la formalización, pero no condenó.
- Derivación administrativa: OSE inició sumario por “conductas irregulares”.
- Calificación previa al acuerdo: daño agravado, según informó la defensa.
- Resultado final: acuerdo reparatorio simbólico, disculpas en sede penal y extinción del delito.
- Dato político principal: la causa comenzó con una acusación grave y terminó sin condena.
Una bomba de humo en una protesta sindical terminó convertida en una causa penal por atentado especialmente agravado. Dos años después, no hubo juicio, no hubo condena y el expediente se cerró con un acuerdo reparatorio simbólico. El caso Kreimerman muestra cómo opera una forma conocida de persecución: se instala una acusación grave, se obtiene rédito político y mediático, y luego la causa se desinfla cuando debe sostenerse jurídicamente.