El intendente nacionalista de Tacuarembó, Wilson Ezquerra, es investigado por una denuncia vinculada a un posible conflicto entre su función pública y un negocio privado. La causa, que ya había pasado por varios fiscales, quedó bajo la órbita del fiscal Diego Chaves en Durazno. Ahora, el traslado de Chaves a Libertad suma un nuevo elemento institucional: el propio fiscal dijo que pidió irse por razones de seguridad.

El negocio bajo sospecha

El caso Ezquerra tiene su origen en una denuncia por presunta conjunción del interés público y privado. El punto central es la actuación del intendente de Tacuarembó en torno a un proyecto maderero de la empresa Ballintoy SAS, que necesitaba una declaratoria de interés departamental para avanzar en la transformación de suelo rural a suburbano industrial.

La discusión no es menor. Según surge de los antecedentes públicos, la declaratoria estaba vinculada a dos padrones rurales, uno de los cuales pertenecía a Ezquerra. Ese cambio de categoría podía resultar clave para viabilizar el proyecto industrial y, al mismo tiempo, impactar sobre el valor económico del terreno.

La Junta de Transparencia y Ética Pública dejó asentado en una resolución que la denuncia refería a la existencia de un posible conflicto de interés en la gestión y trámite impulsado por el intendente ante la Junta Departamental de Tacuarembó. En esa misma resolución, la JUTEP constató que Ezquerra se encontraba como indagado en una investigación penal llevada por la Fiscalía Departamental de Durazno de 1.º Turno, a cargo del fiscal Diego Chaves.

La defensa de Ezquerra ha sostenido que no existió delito y que el intendente no actuó en beneficio propio, sino que dio trámite administrativo a una solicitud vinculada al emprendimiento privado. Sin embargo, el núcleo político y jurídico del caso sigue siendo evidente: un jerarca departamental impulsó o tramitó una declaratoria que podía beneficiar un proyecto instalado sobre tierras entre las cuales figuraba un padrón de su propiedad o vinculado a su negocio privado.

Una causa sensible que ya venía con cambios

El expediente no llegó a Diego Chaves como una causa común. Antes de quedar radicado en Durazno, el caso ya había tenido movimientos y apartamientos de fiscales. Según informaron distintos medios, tres fiscales de Tacuarembó se excusaron de intervenir, por lo que la investigación terminó fuera del departamento donde se originaron los hechos.

Ese dato no prueba por sí solo una maniobra, pero sí muestra la sensibilidad del caso. Investigar a un intendente en ejercicio, con peso político territorial y pertenencia a uno de los partidos tradicionales, no es lo mismo que tramitar cualquier expediente administrativo.

La causa también tiene un componente local fuerte. El denunciante Sebastián Ríos, periodista de Radio La Kandela, investigó el negocio antes de que el tema llegara a la Junta Departamental. Ediles de Tacuarembó también llevaron el asunto a la JUTEP, que terminó archivando sus actuaciones no porque descartara los hechos, sino porque constató que ya estaban bajo investigación de Fiscalía.

Ese punto es central: la JUTEP no cerró el tema por falta de entidad política o ética. Lo archivó porque la causa estaba en la órbita penal. Es decir, el asunto ya había superado el plano de la discusión departamental y estaba en manos del sistema de Justicia.

El traslado del fiscal Chaves

En ese contexto aparece el traslado del fiscal Diego Chaves. Fiscalía publicó la Resolución N.º 407/2026, fechada el 3 de junio, por la cual dispuso trasladarlo desde la Fiscalía Departamental de Durazno de 1.º Turno a la Fiscalía Departamental de Libertad de 2.º Turno, a partir del 8 de junio.

La resolución oficial señala que Chaves había solicitado traslado a varias sedes fiscales, entre ellas Libertad, y que se tuvieron presentes “los motivos manifestados” por el propio fiscal. También comunica la decisión al Poder Judicial y al Ministerio del Interior.

Lo que el documento no explica públicamente es cuáles fueron esos motivos. Esa información apareció después por declaraciones del propio Chaves a El Observador. El fiscal dijo que el traslado fue solicitado por él mismo por razones estrictamente de seguridad y afirmó que en marzo había ocurrido un hecho grave que lo obligó a pedir salir de Durazno. La frase que usó marca la gravedad del planteo: “¿Quieren que me quede acá y termine muerto?”.

Ese dato cambia el eje de la discusión. Si el traslado fue pedido por el fiscal, no puede presentarse de manera automática como una remoción directa para apartarlo del caso. Pero si el motivo fue la seguridad personal de quien investigaba causas sensibles, entre ellas la de Ezquerra, el problema institucional sigue intacto.

La pregunta no es solamente por qué se fue Chaves. La pregunta es qué garantías tiene un fiscal del interior para investigar poder político local, redes económicas y posibles delitos vinculados a jerarcas públicos sin quedar expuesto. Y también qué mecanismos existen para asegurar que una causa de esta magnitud no pierda continuidad cada vez que cambia quien la conduce.

Seguridad, poder local y transparencia

El caso Ezquerra concentra varios elementos que obligan a mirar más allá del expediente: un intendente investigado, un negocio privado con impacto patrimonial, una declaratoria de interés departamental, fiscales que se excusaron, una causa que pasó a Durazno y un fiscal que ahora dice haber pedido traslado por seguridad.

No alcanza con decir que el traslado fue formalmente legal. La legalidad administrativa no despeja por sí sola la preocupación pública. La resolución existe, confirma el movimiento y reconoce que hubo una solicitud del fiscal, pero no transparenta los motivos concretos. La explicación más fuerte fue dada por Chaves en la prensa, no por el documento oficial.