El Senado aprobó por unanimidad la continuidad de la intervención estatal sobre la mutualista, pero dejó pendiente el nuevo respaldo financiero solicitado por el Poder Ejecutivo. Oficialismo y oposición acordaron exigir balances, auditorías, información sobre acreedores y un plan de reestructura antes de comprometer nuevamente la garantía del Estado.
Una prórroga para proteger la continuidad asistencial
La Cámara de Senadores aprobó este lunes, con carácter grave y urgente, la extensión de la intervención del Ministerio de Salud Pública sobre el Casmu. La medida debía resolverse antes del miércoles 29 de julio, cuando vencía el plazo vigente.
La ley permitirá mantener la intervención sin desplazar a las autoridades de la institución. La autorización puede extenderse hasta dos años, aunque, al cumplirse el primero, el Poder Ejecutivo deberá volver al Parlamento para obtener la habilitación correspondiente al segundo período. El proyecto pasa ahora a la Cámara de Representantes, que prevé tratarlo este martes.
El Casmu permanece intervenido desde julio de 2024, cuando el gobierno de Luis Lacalle Pou adoptó la medida ante el deterioro económico de la mutualista. La administración de Yamandú Orsi prorrogó esa intervención en julio de 2025 y ahora procura mantener el control estatal mientras se desarrolla una nueva reestructura.
La dimensión del prestador explica la urgencia: atiende a unos 171.000 usuarios y su continuidad tiene impacto directo sobre todo el Sistema Nacional Integrado de Salud. Además, de su funcionamiento dependen alrededor de 6.000 puestos de trabajo técnicos y no técnicos.
Los US$ 122 millones no fueron aprobados
El proyecto enviado por el Ejecutivo también proponía habilitar al Casmu a acceder nuevamente al Fondo de Garantía para Instituciones de Asistencia Médica Colectiva por hasta 742.543.719 unidades indexadas. La cifra representa aproximadamente $ 4.920 millones o US$ 122 millones, según la cotización utilizada al presentar la iniciativa.
No se trata de una entrega directa de dinero sin condiciones, sino de una garantía pública destinada a respaldar nuevo financiamiento. El objetivo declarado por el gobierno es sustituir o reestructurar obligaciones contraídas a tasas elevadas y asegurar la continuidad de la atención médica. El propio Ejecutivo reconoció que las medidas de ahorro aplicadas desde octubre de 2025 no alcanzaron para compensar el peso de los intereses.
Sin embargo, los artículos vinculados al dinero y a los cambios en la gobernanza institucional fueron separados del proyecto y regresaron a la Comisión de Salud integrada con Hacienda. Por lo tanto, el Senado solamente resolvió la urgencia de la intervención y no otorgó todavía la nueva garantía.
Información antes de comprometer recursos públicos
Antes de votar el respaldo financiero, el Parlamento reclamó al Poder Ejecutivo el plan completo de reestructuración, los informes elaborados por los interventores durante 2025 y 2026, los estados contables de los dos últimos años y las auditorías de los últimos cinco ejercicios.
También deberán presentarse las metas previstas y sus mecanismos de seguimiento, la nómina de acreedores parabancarios de los últimos tres años —con montos y titulares— y la información sobre proveedores que hayan facturado más de 500.000 unidades indexadas durante los últimos cinco ejercicios.
Una vez recibida toda esa documentación, los partidos asumieron el compromiso de resolver el acceso al Fondo de Garantía en un plazo máximo de 15 días. También se prevé que el Casmu presente informes trimestrales ante las comisiones de Salud de ambas cámaras para controlar el cumplimiento de las metas.
La cautela no es menor. En agosto de 2024 el Parlamento ya había habilitado una garantía por hasta $ 2.184 millones, unos US$ 54 millones de aquel momento. Pese a ese respaldo y a dos años de intervención, la mutualista todavía no logró superar la crisis que originó la actuación estatal.
El balance correspondiente a 2025 registró una pérdida superior a $ 1.057 millones, equivalente a unos US$ 26 millones. La Comisión Fiscal de la institución calificó la situación como de “extrema fragilidad financiera” y advirtió sobre el riesgo para la continuidad asistencial y laboral en caso de que no se adopten medidas estructurales.
El acuerdo parlamentario procura equilibrar dos responsabilidades que no deberían enfrentarse: proteger el derecho a la salud de miles de personas y cuidar los recursos públicos. La continuidad del Casmu constituye un asunto de interés nacional, pero una nueva garantía estatal de esta magnitud no puede convertirse en un cheque en blanco. La asistencia deberá quedar acompañada por controles, transparencia y una reestructura capaz de impedir que la crisis vuelva a recaer sobre usuarios, trabajadores y el conjunto de la sociedad.