La ministra de Industria, Fernanda Cardona, marcó distancia frente al planteo del ministro de Economía, Gabriel Oddone, sobre revisar los beneficios fiscales a los vehículos eléctricos. Mientras Economía mira el costo tributario y entiende que el régimen ya maduró, Industria sostiene que la transición hacia la movilidad eléctrica todavía necesita señales claras, estabilidad y cuidado político.

Cardona bajó la velocidad del debate

La ministra de Industria, Energía y Minería, Fernanda Cardona, salió a poner cautela en la discusión sobre los beneficios fiscales para los autos eléctricos. El tema había quedado instalado después de que el ministro de Economía y Finanzas, Gabriel Oddone, planteara la necesidad de revisar el régimen de promoción de venta de vehículos eléctricos.

Oddone había señalado que el gobierno trabaja para hacer “no tan beneficiosa” esa compra y sostuvo que, a su entender, el régimen ya alcanzó un nivel de madurez que permitiría reducir parte de los apoyos tributarios. En esa línea, manejó una idea conocida en política económica: si un sector ya logró desarrollarse, el Estado puede empezar a retirar gradualmente algunos estímulos.

Cardona, sin embargo, puso el freno. La ministra aclaró que la decisión no está tomada y que, desde la mirada de Industria, todavía no es el momento de desacelerar las políticas de movilidad eléctrica. Su posición no niega que el régimen pueda revisarse en algún momento, pero marca una diferencia importante sobre los tiempos, las señales y el impacto de una medida de ese tipo.

El costo fiscal y la transición energética

Uruguay mantiene desde hace años un conjunto de incentivos para promover la movilidad eléctrica. Entre ellos aparecen la exoneración total del IMESI para vehículos eléctricos y la Tasa Global Arancelaria en 0% para la importación de vehículos eléctricos, baterías de litio y cargadores. A eso se suman beneficios vinculados a proyectos de inversión y, en algunos casos, condiciones más favorables en otros costos asociados.

El argumento de quienes plantean revisar el régimen es fiscal. Los vehículos eléctricos tributan menos que los autos a combustión y, a medida que crecen las ventas, también crece la renuncia de recaudación. En el debate público se manejaron estimaciones privadas que ubican ese costo en cifras importantes para el Estado.

Pero la otra cara del asunto es la política de largo plazo. Uruguay construyó una matriz eléctrica con fuerte peso renovable y la movilidad eléctrica aparece como una herramienta razonable para reducir emisiones del transporte, bajar dependencia de combustibles fósiles y aprovechar mejor la energía nacional.

Economía mira el impacto sobre la caja del Estado y la necesidad de revisar exoneraciones que pueden volverse demasiado costosas. Industria mira el proceso de transición y advierte que un cambio apurado puede enviar una señal contradictoria a consumidores, empresas, importadores, infraestructura de carga y políticas ambientales.

Una discusión que necesita orden político

El cruce entre Oddone y Cardona no necesariamente expresa una crisis dentro del gobierno. También puede leerse como parte de una discusión normal dentro de una administración que debe equilibrar prioridades distintas. Economía tiene la obligación de mirar la sostenibilidad fiscal. Industria tiene la obligación de cuidar una política energética y productiva de largo plazo.

El problema aparece cuando los mensajes salen desalineados. Para quienes están pensando en comprar un vehículo eléctrico, invertir en flotas, instalar cargadores o planificar servicios vinculados a la electromovilidad, la incertidumbre pesa. Si el gobierno va a revisar beneficios, debe hacerlo con claridad, gradualidad y una hoja de ruta pública.

Cardona parece haber marcado justamente ese límite. Antes de anunciar cambios, hay que estudiar el impacto, medir el estado real del mercado, evaluar qué segmentos pueden soportar una reducción de beneficios y cuáles todavía necesitan apoyo. No es lo mismo un auto eléctrico de alta gama que un vehículo de trabajo, una flota pública, un taxi, un utilitario o una inversión productiva.

También importa el momento. Uruguay viene discutiendo combustibles, tarifas, costos de transporte y política ambiental al mismo tiempo. En ese escenario, tocar de forma brusca los incentivos a eléctricos puede ser leído como una marcha atrás en la transición energética, aunque el objetivo fiscal sea legítimo.