La jerarca marcó una comparación directa con 2022, bajo el gobierno de Luis Lacalle Pou, año en que el gasoil alcanzó niveles superiores a los actuales por el impacto de la guerra entre Rusia y Ucrania. El dato es por qué algunos reclamos aparecen con fuerza ahora y no tuvieron la misma intensidad frente a aumentos mayores.

El reclamo llegó a las rutas

Camioneros, transportistas y productores rurales realizaron este lunes una movilización en distintos puntos del país contra la suba de combustibles y contra la guía electrónica de carga impulsada por el Ministerio de Transporte y Obras Públicas.

La protesta generó enlentecimientos en rutas nacionales, presencia de camiones, maquinaria agrícola y vehículos al costado de la carretera, además de demoras en los accesos a Montevideo. Según los reportes de Policía Caminera, la movilización se desarrolló mayoritariamente sin cortes totales, aunque con dificultades de circulación en zonas de alto tránsito.

El reclamo combina dos ejes. Por un lado, el aumento del precio de los combustibles, especialmente el gasoil, insumo central para el transporte de carga y la producción agropecuaria. Por otro, el rechazo a la guía electrónica de carga, una herramienta que los transportistas cuestionan por entender que agrega costos y burocracia al sector.

La ministra de Industria, Energía y Minería, Fernanda Cardona, respondió con una comparación directa. Dijo que le llama la atención que no se hayan registrado movilizaciones similares en 2022, durante el gobierno de Luis Lacalle Pou, año en que el gasoil tuvo aumentos superiores a los actuales en el marco del impacto internacional de la guerra entre Rusia y Ucrania.

El dato que incomoda: 2022 fue más alto

La comparación planteada por Cardona tiene respaldo en la serie histórica de precios publicada por ANCAP. En 2022, el Gasoil 50S llegó a $64,99 por litro en junio, setiembre y octubre. En cambio, desde el 1.º de junio de 2026, el precio vigente del Gasoil 50S es de $61,76 por litro.

La diferencia no elimina el impacto actual sobre transportistas, productores y trabajadores que dependen del combustible. Pero sí ubica el reclamo en perspectiva. El gasoil está caro, afecta costos y presiona cadenas productivas. A la vez, todavía no alcanzó el pico registrado durante el gobierno anterior.

Ese es el punto político señalado por Cardona. No se trata solo de discutir si el combustible subió o no. Subió. El problema es por qué determinados sectores reaccionan con fuerza frente al gobierno actual, mientras en 2022, con precios más altos en el gasoil, no se expresó una movilización de igual magnitud.

Durante 2022, el gobierno de Lacalle Pou también defendió aumentos por debajo de la recomendación técnica de la URSEA. En abril de ese año, el Ministerio de Industria informó que el precio de paridad de importación sugería una suba de $15,22 en el gasoil, cercana al 28%, pero el Poder Ejecutivo resolvió trasladar solo $5 por litro. Esa explicación fue usada entonces para justificar la decisión oficial frente al shock internacional provocado por la guerra en Ucrania.

El gobierno de Yamandú Orsi utiliza hoy un argumento similar: reconoce la presión internacional sobre el petróleo, pero sostiene que decidió amortiguar el impacto y no trasladar todo el aumento posible a la población y a los sectores productivos. Según Presidencia, si se trasladara completamente el precio de paridad de importación, las subas serían mucho mayores que las aplicadas.

La discusión no es solo económica

El combustible tiene un peso real en el transporte, la producción, los alimentos y la vida diaria. Ningún gobierno puede tratar ese tema como un simple ajuste técnico. Cada peso que sube el gasoil impacta en camiones, maquinaria, fletes, cosechas, costos empresariales y precios finales.

Pero tampoco puede ignorarse la dimensión política del reclamo. La movilización actual fue respaldada por sectores vinculados al ruralismo opositor, entre ellos Un Solo Uruguay, que cuestionó tanto el aumento de combustibles como la guía electrónica de carga. También dirigentes del Partido Nacional expresaron apoyo público a la protesta.

Eso no invalida el reclamo de quienes trabajan y sienten el impacto en sus costos. Pero obliga a mirar el cuadro completo. Una cosa es defender condiciones razonables para producir y transportar. Otra distinta es transformar cada decisión del gobierno en una ofensiva política sin reconocer que el país ya vivió aumentos mayores bajo otra administración.

La pregunta de Cardona apunta justamente ahí. Si el gasoil fue más caro en 2022, si también entonces hubo guerra, presión internacional y aumentos relevantes, por qué la reacción sectorial aparece ahora con mayor fuerza. Esa pregunta no cancela el derecho a movilizarse. Lo que hace es poner en evidencia una vara política que no siempre parece la misma.