José García Costas dejó el consejo directivo de Francisco Cardama S.A., aunque mantiene su participación accionaria. La salida se conoce días después de que el astillero español resolviera llevar a Uruguay a un arbitraje internacional por la rescisión del contrato de las patrullas oceánicas.

Una renuncia en medio del conflicto con Uruguay

El conflicto entre Uruguay y el astillero español Cardama sumó un nuevo capítulo fuera del país. José García Costas, señalado como segundo accionista de Francisco Cardama S.A., presentó su renuncia al consejo directivo de la empresa en plena disputa por el contrato de las patrullas oceánicas.

La dimisión fue registrada oficialmente en España y ocurre pocos días después de que el astillero resolviera iniciar un arbitraje internacional contra el Estado uruguayo. García Costas mantiene su participación accionaria, estimada en cerca del 40% de la compañía, pero se aparta de la dirección del astillero en un momento especialmente delicado para la empresa.

El movimiento no modifica por sí solo la situación contractual con Uruguay, pero agrega una señal política y empresarial a un caso que ya dejó de ser una simple diferencia comercial. Cardama enfrenta una disputa judicial, un reclamo del Estado uruguayo y dudas sobre la estrategia con la que pretende responder a la rescisión.

Un contrato firmado por el gobierno anterior

El contrato con Cardama fue anunciado en julio de 2023 por el entonces ministro de Defensa, Javier García. La compra incluía dos buques de patrulla oceánica para la Armada Nacional por 82,2 millones de euros. La adjudicación fue presentada en ese momento como una solución rápida, moderna y más barata que otras alternativas disponibles.

La operación quedó bajo revisión durante el actual gobierno. En febrero de 2026, el Poder Ejecutivo resolvió rescindir el contrato por incumplimientos graves de la empresa. Presidencia informó entonces que la decisión se apoyaba en problemas vinculados a las garantías contractuales y a otros elementos detectados durante el proceso.

El gobierno sostuvo que la garantía de fiel cumplimiento no existía o correspondía a un documento falso, y que también se detectaron irregularidades en la garantía de reembolso. A partir de esa resolución, el Ejecutivo anunció acciones para rescindir el contrato, reclamar daños y perjuicios, recuperar patrimonio público, definir responsabilidades y buscar alternativas para que la Armada cuente con las patrullas que necesita.

Arbitraje, auditoría y patrimonio público

Cardama respondió con una estrategia internacional. La empresa inició acciones ante la Corte de Arbitraje de la Cámara de Comercio Internacional y sostiene que la rescisión fue ilegítima. Desde el gobierno uruguayo, en cambio, se afirma que la vía internacional no corresponde para el fondo del conflicto y que los litigios vinculados a la interpretación, aplicación y ejecución del contrato deben tramitarse ante tribunales de Montevideo.

El caso también tiene un componente técnico. Una auditoría de Bureau Veritas concluyó que el astillero no tenía capacidad para cumplir los plazos de entrega establecidos, aunque evaluó como satisfactoria la calidad de parte de la obra ya realizada. En uno de los buques, al 16 de enero, se había construido y montado aproximadamente el 43% del acero, frente a una expectativa superior al 70% para cumplir con la planificación.

La renuncia de García Costas aparece entonces dentro de una crisis mayor: un contrato millonario firmado por la administración anterior, garantías cuestionadas, fondos públicos comprometidos, componentes construidos en Vigo y una disputa que ahora combina tribunales, arbitraje, investigación política y necesidad real de renovar capacidades de vigilancia marítima para Uruguay.

Fuentes
UyPress