El exdirector general del Ministerio de Defensa Fabián Martínez declaró ante el Parlamento que la contratación del astillero español fue decidida por el entonces ministro. La comisión recibirá este lunes al hoy senador nacionalista para reconstruir una compra que terminó con una garantía inexistente, casi US$ 30 millones transferidos y el contrato rescindido por el gobierno de Yamandú Orsi.
Javier García no llegará a la comisión parlamentaria como un testigo periférico. Durante su gestión al frente del Ministerio de Defensa se seleccionó a Cardama, se negoció el acuerdo y se firmó un contrato por €82.372.000. Ahora deberá responder ante los legisladores luego de que uno de sus principales colaboradores afirmara directamente que la decisión de contratar al astillero fue del entonces ministro.
La Comisión Especial para Investigar y Analizar el Proceso de Adquisición de OPV lo recibirá el lunes 20 de julio, a las 13:00, en la sala 15 del Palacio Legislativo. El organismo funciona desde febrero, se reúne semanalmente y ya publicó 13 versiones taquigráficas con las declaraciones de militares, antiguos jerarcas, asesores y funcionarios que participaron en las diferentes etapas de la compra.
El ministro que anunció, eligió y firmó
La administración de Luis Lacalle Pou presentó la contratación como la solución definitiva a una necesidad real de la Armada Nacional: disponer de patrulleros oceánicos para vigilar el mar territorial, proteger los recursos pesqueros y combatir actividades ilícitas.
En julio de 2023, Javier García anunció que el astillero español Cardama construiría dos OPV. El 15 de diciembre de ese año firmó personalmente el contrato junto al empresario Mario Cardama. El precio establecido fue de €82.372.000 y se fijó un plazo de 18 meses para entregar el primer buque y otros 12 meses para el segundo, contados desde la entrada en vigor del acuerdo.
La necesidad de renovar la flota naval no está en discusión. El problema es cómo el gobierno anterior seleccionó al proveedor, qué controles realizó sobre su capacidad económica y qué garantías exigió antes de comprometer decenas de millones de euros pertenecientes al Estado.
Durante su comparecencia del 6 de julio, Fabián Martínez, exdirector general de Secretaría del Ministerio de Defensa y actual funcionario en comisión con el propio Javier García, explicó que su oficina cumplía tareas instrumentales y que las decisiones relevantes eran tomadas por la autoridad política.
“Después, eso se somete a la decisión de la autoridad, que es el ministro”, declaró Martínez. Consultado directamente por el diputado Joaquín Garlo sobre quién había decidido contratar a Cardama, respondió: “El doctor Javier García”.
La afirmación separa con claridad las responsabilidades. Los técnicos podían formular recomendaciones, procesar documentos o colaborar en la redacción del contrato, pero la resolución política de contratar al astillero correspondió al ministro.
Una garantía que debía presentarse en 45 días demoró once meses
El contrato exigía una garantía de fiel cumplimiento equivalente al 5% del valor total. Esa protección era central: debía permitir al Estado recuperar parte del dinero si Cardama incumplía sus obligaciones.
La empresa no presentó una garantía aceptable dentro del plazo original. Según la reconstrucción realizada por Presidencia, los 45 días previstos terminaron convirtiéndose en once meses de prórrogas.
En los dos primeros intentos, el Ministerio de Defensa consultó al Banco Central, que desaconsejó aceptar las garantías propuestas y recomendó contratar a un corredor de seguros. El ministerio no siguió esa recomendación y optó por contratar asesoramiento jurídico externo.
Finalmente apareció EuroCommerce, una sociedad británica que supuestamente respaldaría el cumplimiento del contrato. La documentación fue presentada en inglés, sin apostilla y sin una acreditación suficiente de la entidad.
Cuando el gobierno de Orsi intentó ejecutar la garantía, el embajador uruguayo en Reino Unido concurrió al domicilio informado. Allí no funcionaba EuroCommerce, sino una inmobiliaria. El análisis posterior determinó que la sociedad tenía un solo empleado, registraba una actividad mínima y publicaba información falsa o engañosa en internet.
En febrero de 2026, el gobierno resolvió definitivamente la rescisión. Orsi informó que la garantía de fiel cumplimiento no existía y que el propio astillero había terminado reconociendo esa situación. También se detectaron irregularidades en la garantía de reembolso: el documento presentado no era una póliza, sino un texto con términos y condiciones.
Nadie aparece como responsable de controlar la solvencia
Una de las revelaciones más graves de la investigación parlamentaria es que todavía no aparece claramente identificado quién verificó la solvencia y los antecedentes de EuroCommerce.
El estudio Delpiazzo, contratado por el Ministerio de Defensa, declaró que su tarea se limitaba a analizar si los documentos se ajustaban jurídicamente al contrato. No estaba en condiciones de evaluar la capacidad financiera de las entidades presentadas como garantes.
Fabián Martínez reconoció que él tampoco realizaba esa tarea. Según dijo, desde el área financiera le informaron que ese tipo de controles no se efectuaba como práctica administrativa. Ante la insistencia de los legisladores, aclaró: “Lo que se me informa a mí es que esos controles no se realizan”.
La versión taquigráfica también muestra que la apostilla que debía certificar parte de la documentación nunca pudo ser validada por el estudio jurídico. Joaquín Garlo sostuvo que no se había podido determinar quién realizó el control notarial y que, hasta donde conocía la comisión, tampoco se había efectuado un análisis financiero de solvencia.
Martínez, además, declaró que desconocía por qué se había aceptado la documentación de EuroCommerce sin traducir y sin apostillar.
No se trata de una formalidad secundaria. Una garantía sin respaldo real deja al Estado expuesto precisamente cuando la empresa incumple. Presentarla como una parte “lateral” del negocio, como hizo García después de conocerse el caso, supone minimizar el instrumento que debía proteger los recursos públicos frente al fracaso del contrato.
García por la contratación y Castaingdebat por las prórrogas y el pago
La comisión comienza a delimitar dos etapas políticas diferentes dentro del gobierno de Lacalle Pou.
Javier García deberá explicar la selección de Cardama, la negociación y la firma del contrato. Su sucesor, Armando Castaingdebat, será convocado posteriormente para responder por las sucesivas extensiones concedidas para presentar la garantía y por la autorización de pagos.
Fabián Martínez declaró expresamente que la decisión de conceder las prórrogas fue del ministro Castaingdebat. También señaló que correspondió al ministro autorizar el pago del denominado Hito B.
Uno de los documentos analizados es una nota fechada el 9 de diciembre de 2024 mediante la cual Castaingdebat solicitó proceder al pago del reembolso inicial de €8.227.000. La orden se emitió pese a las dudas que todavía existían sobre la documentación, las apostillas y el respaldo efectivo de la garantía.
Para octubre de 2025, el Estado uruguayo ya había realizado tres transferencias vinculadas al contrato por una cifra cercana a los US$30 millones. Ese dinero quedó comprometido en un negocio que finalmente fue rescindido y cuya recuperación forma parte de las acciones administrativas y judiciales iniciadas por el actual gobierno.
Las preguntas que García deberá responder
La comparecencia deberá aclarar por qué Cardama fue considerado el proveedor más conveniente, qué información recibió el ministro antes de tomar la decisión y qué controles exigió sobre la capacidad técnica, económica y financiera del astillero.
También deberá explicar si conocía las limitaciones del mecanismo de garantías, por qué no se establecieron controles financieros inequívocos dentro del ministerio y cómo podía protegerse el Estado si la empresa no cumplía.
Otro punto pendiente es el contacto previo con el empresario. Martínez afirmó que García no participó en las reuniones anteriores y que conoció personalmente a Mario Cardama minutos antes de la firma. Esa versión deberá contrastarse con otros testimonios y con la documentación de los encuentros mantenidos entre representantes del astillero y autoridades del ministerio.
Que García no haya intervenido en cada trámite administrativo no elimina la responsabilidad política. Por el contrario, si la contratación fue adoptada por el ministro, corresponde conocer con qué elementos tomó la decisión y qué medidas dispuso para proteger al Estado.
La defensa nacionalista no responde por los controles ausentes
Desde que se conocieron las irregularidades, García ha sostenido que existe una maniobra política del Frente Amplio y cuestionó la decisión de rescindir el contrato. Dirigentes del Partido Nacional también argumentaron que las comparecencias de algunos mandos navales demostraron que no hubo irregularidades técnicas en la recomendación del proveedor.
Pero la defensa basada en la necesidad de contar con patrulleros oceánicos no responde las preguntas centrales. Uruguay necesita herramientas para defender su soberanía marítima, pero esa necesidad no autoriza a contratar sin determinar con precisión quién controla la solvencia de las garantías.
Tampoco alcanza con afirmar que el contrato estaba bien redactado. Un documento puede contener cláusulas exigentes y, al mismo tiempo, quedar desprotegido si nadie verifica que las empresas llamadas a garantizarlo existan, sean solventes y puedan responder por millones de euros.
El argumento de la persecución política también resulta insuficiente frente a documentos oficiales y testimonios prestados bajo responsabilidad ante el Parlamento. La comparecencia de García es necesaria precisamente porque fue identificado por un exjerarca de su propia administración como quien tomó la decisión de contratar.