Canadá decidió responder «dólar por dólar y tasa por tasa» a la nueva ofensiva comercial de Donald Trump y aplicará desde el 8 de septiembre aranceles de entre 15% y 50% sobre cientos de productos estadounidenses. Acero, aluminio, electrodomésticos, pescado, lácteos, electrónica, maquinaria agrícola, papel y prendas de vestir forman parte de una represalia que alcanzará importaciones por 27.600 millones de dólares canadienses —unos US$ 20.000 millones—, exactamente el volumen que Ottawa calcula afectado por las nuevas medidas de Washington.
Trump rompe las negociaciones y Canadá decide responder
La escalada llegó después del fracaso de las negociaciones comerciales entre los dos países y de la entrada en vigor, el 22 de agosto, de aranceles estadounidenses de hasta 50% sobre productos canadienses por unos US$ 20.000 millones. Lejos de retroceder ante la presión de Washington, el gobierno de Mark Carney resolvió devolver la medida con la misma intensidad: los productos gravados al 15%, 25% o 50% por Estados Unidos tendrán una respuesta equivalente cuando ingresen desde territorio estadounidense. Uno de los movimientos más fuertes será sobre el acero y el aluminio, cuyos aranceles canadienses pasarán del 25% al 50%, mientras que electrodomésticos, quesos, pescado y mariscos quedarán entre los bienes alcanzados por tasas del 25%. Canadá mantendrá además el arancel del 25% que ya aplica a vehículos fabricados en Estados Unidos. Trump, por su parte, elevó todavía más la amenaza y anunció que podría llevar al 50% desde enero de 2027 los aranceles sobre automóviles, camionetas y autopartes producidos en Canadá, un golpe especialmente sensible para una industria profundamente integrada a ambos lados de la frontera.
Una guerra comercial que terminarán pagando trabajadores y consumidores
Ottawa no oculta que responder tiene costos. El propio Carney reconoció que las represalias pueden encarecer productos y reducir opciones para los consumidores canadienses, pero su gobierno sostiene que aceptar las condiciones estadounidenses significaría dejar desprotegidos empleos, empresas y sectores industriales estratégicos. Por eso acompañará los aranceles con un paquete adicional de 7.500 millones de dólares canadienses destinado principalmente a trabajadores y empresas afectadas: habrá 1.500 millones para pequeñas y medianas empresas, 500 millones adicionales en liquidez empresarial, 2.000 millones para diversificación productiva y 3.500 millones en programas de apoyo a trabajadores y empleadores, incluyendo seguro de empleo, capacitación y mecanismos para evitar despidos. La contradicción de las guerras arancelarias es precisamente esa: mientras los gobiernos intentan proteger su producción nacional, las cadenas productivas integradas y los consumidores de ambos países terminan soportando una parte considerable de la factura.
Canadá busca dónde puede dolerle políticamente a Trump
La respuesta canadiense tampoco fue diseñada al azar. La ministra Mélanie Joly reconoció que algunos productos fueron seleccionados considerando su procedencia de estados donde Trump tiene apoyo electoral, buscando trasladar parte del costo político de la guerra comercial hacia territorio estadounidense. Canadá dispone además de instrumentos mucho más sensibles que todavía no utilizó: es un proveedor fundamental para Estados Unidos de petróleo, gas, electricidad, potasa y minerales estratégicos, recursos cuya eventual restricción tendría consecuencias muy superiores a las de determinados bienes de consumo. Por ahora Carney optó por una respuesta proporcional y por sostener abiertas las posibilidades de negociación, pero la relación entre dos economías que durante décadas construyeron una de las fronteras comerciales más integradas del planeta entró en un terreno desconocido. La política de presión de Trump vuelve así a producir el resultado que ha repetido en buena parte del mundo: aliados históricos buscando reducir su dependencia de Estados Unidos, diversificar mercados y defender espacios de soberanía económica frente a una Casa Blanca que utiliza el tamaño de su mercado como herramienta de presión política.