La Cancillería resolvió separar preventivamente del cargo al excanciller Francisco Bustillo y retenerle la mitad del sueldo, luego de que se negara en reiteradas oportunidades a declarar en una investigación interna vinculada al caso Marset. La medida no cierra el expediente: lo ubica en el terreno administrativo y vuelve a colocar el foco en una pregunta que nunca dejó de pesar sobre el gobierno anterior: qué se hizo, qué se ocultó y quiénes respondieron por el manejo institucional del pasaporte entregado al narcotraficante uruguayo en Dubái.
La medida de Cancillería
El Ministerio de Relaciones Exteriores dispuso iniciar un sumario administrativo contra Francisco Bustillo, excanciller durante el gobierno de Luis Lacalle Pou y funcionario de carrera de la cartera. La resolución incluye separación preventiva del cargo y retención del 50% de sus haberes.
El fundamento político y administrativo de la decisión está en las reiteradas negativas de Bustillo a comparecer ante el Departamento de Jurídica de Cancillería. Esa área venía trabajando en una investigación interna sobre la documentación oficial vinculada al trámite del pasaporte uruguayo entregado a Sebastián Marset mientras estaba detenido en Dubái.
Bustillo no es solamente un exministro. También pertenece a la carrera diplomática y, tras su salida del cargo político, continuó dentro de la estructura estatal. En los últimos meses se encontraba en régimen de pase en comisión, desempeñándose como asesor del diputado nacionalista Juan José Olaizola.
La separación preventiva y la retención de haberes no equivalen a una condena. Son medidas propias de un procedimiento disciplinario. Pero políticamente tienen peso: el Estado le exige explicaciones a un jerarca que ocupó uno de los lugares centrales durante una de las crisis institucionales más serias del período anterior.
El pasaporte y la documentación que falta
El caso Marset tuvo varias capas. La primera fue la entrega del pasaporte. La segunda, más delicada para la institucionalidad, fue el intento de reconstruir qué sabían las autoridades, cómo circularon las advertencias y qué ocurrió con la documentación vinculada al expediente.
La investigación penal por la entrega del pasaporte fue archivada en 2024. El fiscal Alejandro Machado entendió que, con la normativa vigente, no había elementos suficientes para sostener una conducta penalmente reprochable por la emisión del documento. Pero ese archivo no limpió políticamente el episodio.
En el propio dictamen fiscal quedó escrito que ministros y subsecretarios faltaron a la verdad y ocultaron información al Senado y a la ciudadanía durante la interpelación de agosto de 2022. Esa frase marcó el límite entre lo penal y lo político: puede no haber delito probado en la entrega del pasaporte, pero sí hubo un manejo institucional grave, opaco y contrario a la transparencia que debe tener el Estado.
La otra línea de investigación, vinculada a la presunta destrucción de documentos y eliminación de mensajes, siguió abierta. Allí aparece la denuncia de Carolina Ache sobre una reunión en Torre Ejecutiva y sobre pedidos para borrar comunicaciones relacionadas con Marset. Esa línea es la que ahora vuelve a rozar directamente a Bustillo.
El costo político del ocultamiento
Durante mucho tiempo, la explicación del gobierno anterior buscó encerrar el caso en una fórmula simple: fue un trámite administrativo. Esa defensa quedó corta. El problema nunca fue solamente si Marset tenía derecho o no a tramitar un pasaporte. El problema fue cómo actuaron las jerarquías del Estado cuando supieron que se trataba de un narcotraficante peligroso, qué información se trasladó por vías formales, qué se dijo en el Parlamento y qué documentación terminó desapareciendo o bajo sospecha.
Desde una mirada democrática, el punto central es la responsabilidad pública. Un Estado serio no puede funcionar con chats borrados, documentos rotos, versiones contradictorias y jerarcas que después se niegan a declarar en investigaciones internas. La confianza institucional no se defiende con discursos sobre la transparencia, sino entregando información, compareciendo ante los organismos competentes y asumiendo las responsabilidades que correspondan.
La pregunta de fondo sigue siendo la misma: no solo cómo recibió Marset un pasaporte uruguayo mientras estaba detenido en Dubái, sino cómo reaccionó el poder político cuando entendió el tamaño del problema.