Foto ; Buenaventura,Colombia.
Un reportaje del portal colombiano de periodismo de investigación Vorágine, realizado por Nicolás Sánchez Arévalo con fotografías de Ever Andrés Mercado, recorrió las escuelas destruidas de Buenaventura después del terremoto del 10 de agosto. El trabajo documentó 34 sedes educativas inutilizables, unos 7.500 niños inicialmente sin aulas, familias que perdieron sus viviendas y una advertencia reiterada por docentes y comunidades: fuera de la escuela, miles de niños y adolescentes quedan más expuestos al reclutamiento de grupos armados, la explotación, la deserción y una pobreza que el terremoto no creó, pero dejó completamente al descubierto. A partir de ese reportaje, Quatroges reconstruye para sus lectores uruguayos una historia que muestra hasta dónde puede llegar la función social de la escuela cuando deja de ser solamente un lugar de aprendizaje para convertirse también en una frontera de protección frente a la violencia y la exclusión.
El día en que una decisión sobre el calendario escolar terminó salvando vidas
La historia reconstruida por Vorágine comienza antes del terremoto. A comienzos de 2026, rectores de varias instituciones educativas de Buenaventura se reunieron preocupados por una cuestión que, en aquel momento, parecía estrictamente escolar. Las pruebas Saber 11 habían sido previstas durante las vacaciones y existía el temor de que muchos estudiantes viajaran a visitar familiares y no regresaran a tiempo para rendirlas. Los directores pidieron entonces modificar el calendario: extender algunos días el primer semestre y retrasar el comienzo del segundo. Hubo críticas. Meses después, aquella decisión administrativa adquiriría otro significado. Los niños debían volver a las aulas el 18 de agosto. El terremoto ocurrió el día 10. Las personas entrevistadas por el medio colombiano coincidieron en que ese cambio evitó una tragedia mucho mayor.
En su recorrido posterior al sismo, Vorágine visitó cuatro instituciones educativas y documentó grandes sectores de paredes desprendidas, techos caídos y estructuras severamente dañadas. Personal de vigilancia de dos escuelas relató al medio que los edificios producían ruidos durante el día y que existía temor a nuevos colapsos. La secretaria de Etnoeducación de Buenaventura, Carolina Chamat, informó al reportero que se habían identificado 34 sedes colapsadas total o parcialmente, o en riesgo inminente de derrumbe. Ese primer relevamiento dejaba a unos 7.500 niños sin escuela, pero todavía faltaban centros por inspeccionar, particularmente en zonas rurales.
Uno de los lugares recorridos por ese equipo fue la vereda Colonias, en la ribera del río Calima, donde funciona la sede principal del colegio Niño Jesús de Praga y estudian unos 400 niños. Allí el medio constató que la comunidad había acordonado el edificio debido al desprendimiento progresivo de ladrillos y al riesgo que representaba la estructura.
El reportaje se detiene también en una pequeña huerta escolar. Según relató Hailin Murillo, del Consejo Comunitario de la Cuenca Baja del Río Calima, los estudiantes cultivaban allí albahaca, orégano, cilantro cimarrón, cebolla, hierbabuena y plantas medicinales. La profesora Olivia les enseñaba a sembrar, cuidar y cosechar, y parte de esa producción era luego vendida frente al colegio. Las fotografías y el recorrido de Vorágine mostraron que grandes ladrillos habían caído sobre ese espacio y que otro muro permanecía en riesgo de desplome.
La escena permite comprender una dimensión que las estadísticas no alcanzan a mostrar. Allí no desapareció solamente un salón o una pared. También quedaron suspendidas rutinas, aprendizajes, relaciones entre estudiantes y docentes y pequeñas experiencias comunitarias construidas alrededor de la escuela.
El reportaje encontró situaciones similares en otros centros educativos. En la Institución Educativa Juan José Rondón, que recibe alrededor de mil estudiantes, Vorágine documentó la sala audiovisual con el techo sobre el piso y varillas expuestas. Un edificio presentaba una grieta de más de tres centímetros y parte de un muro del tercer piso había caído sobre el patio.
En el San Rafael, que atiende a unos 700 alumnos, la rectora Leonor Murillo relató al medio que un sector de cuatro pisos había quedado prácticamente comprimido después del terremoto. Según explicó, un arquitecto de la Secretaría de Educación realizó una evaluación preliminar y consideró necesario demoler esa parte de la estructura.
En el barrio El Jardín, otro de los sectores afectados, Vorágine visitó el colegio José Ramón Bejarano, al que concurren aproximadamente 800 niños y adolescentes. Allí documentó columnas dañadas hasta dejar las varillas expuestas, parte del muro perimetral derrumbado y una grieta de aproximadamente cinco centímetros en una zona verde. Un trabajador encargado de la vigilancia contó al reportero que había tenido que correr cuando la estructura comenzó a chirriar.
El medio señaló además que el centro educativo se encuentra próximo a una vía utilizada por vehículos pesados, cuyo tránsito genera vibraciones en el terreno.
La emergencia educativa fue declarada y el regreso presencial tuvo que suspenderse en numerosos establecimientos. Las primeras alternativas planteadas fueron talleres para realizar en casa, cartillas, enseñanza remota, entrega de tabletas y planes de datos.
Pero el trabajo de Vorágine muestra que el problema no podía reducirse a contar edificios inutilizados. En Buenaventura, cerrar una escuela significa retirar temporalmente una institución que mantiene contacto cotidiano con miles de niños que viven en territorios atravesados por pobreza extrema y violencia armada.
La escuela desaparece, otros comienzan a disputar ese territorio
La Institución Educativa Juan José Rondón está ubicada en el barrio Juan XXIII. Según reconstruye el reportaje, la violencia en esa zona es muy anterior al terremoto. La Defensoría del Pueblo ya había advertido sobre enfrentamientos entre Los Shottas y Los Espartanos. En 2021 se registró el desplazamiento de unas 30 familias y posteriormente hubo abandono y destrucción de viviendas relacionados con esa dinámica de violencia.
Elda Ángulo, rectora del Juan José Rondón, explicó a Vorágine que algunos estudiantes llegaban al colegio relatando balaceras ocurridas en sus barrios. La institución funcionaba para ellos como un espacio donde podían sentirse más seguros y disminuir, aunque fuera por algunas horas, la presión del entorno.
Después del terremoto, una de sus principales preocupaciones era que los estudiantes quedaran con grandes períodos de tiempo libre sin la supervisión cotidiana que ofrece la escuela y expuestos a personas o grupos que pudieran acercarse a ellos.
La misma preocupación apareció en otras entrevistas realizadas por el medio colombiano. Leonor Murillo, rectora del San Rafael, planteó la necesidad de que los distintos niveles del Estado encontraran rápidamente soluciones para evitar que organizaciones armadas aprovecharan la interrupción de las clases.
En el José Ramón Bejarano, la orientadora Lidia Urrutia explicó a Vorágine que en Buenaventura no existe solamente el riesgo de reclutamiento de jóvenes: también mencionó explotación sexual y abusos contra niñas. Su temor era que permanecer fuera de las instituciones educativas aumentara la exposición de los menores a espacios inseguros.
La advertencia tiene antecedentes concretos. De acuerdo con la información recabada por Vorágine, la Defensoría del Pueblo conoció cinco casos de reclutamiento forzado en Buenaventura durante 2025 y considera que existe un subregistro importante.
Consultada por el medio, la secretaria de Etnoeducación reconoció las dificultades para ofrecer una respuesta inmediata al problema y sostuvo que, para enfrentar de fondo la deserción y el riesgo de reclutamiento, era necesario recuperar las sedes físicas.
Es en este punto donde Quatroges incorpora una lectura que interesa especialmente desde Uruguay.
La escuela pública suele ser evaluada mediante indicadores de aprendizaje, asistencia, presupuesto, infraestructura o resultados académicos. Todos ellos son fundamentales. Pero el trabajo de Vorágine deja al descubierto otra función menos visible mientras todo funciona normalmente: la escuela organiza una parte de la vida comunitaria y opera como red cotidiana de protección.
Allí hay docentes que conocen a los niños, registran ausencias, observan cambios de conducta, hablan con las familias, detectan problemas y pueden advertir cuándo un estudiante comienza a desaparecer de los espacios habituales.
En Buenaventura esa función adquiere una dimensión extrema por la presencia de organizaciones armadas y economías ilegales, pero el principio excede ampliamente el caso colombiano.
Cuando una comunidad pierde su escuela, no pierde únicamente horas de matemática, ciencias o lectura. Pierde también una parte de la presencia cotidiana del Estado. Desaparecen temporalmente adultos que saben quién llegó y quién dejó de llegar, actividades deportivas y culturales, bibliotecas, espacios de convivencia y mecanismos informales de protección.
Allí donde organizaciones criminales tienen capacidad para ofrecer dinero, pertenencia, protección o poder a adolescentes, ese vacío institucional puede transformarse rápidamente en un terreno en disputa.
El propio reportaje muestra experiencias escolares destinadas a combatir la deserción que estaban comenzando a desarrollarse antes del terremoto. En el José Ramón Bejarano, Elda Ángulo explicó a Vorágine que los estudiantes podían participar en actividades vinculadas con fútbol, básquetbol, voleibol, ajedrez, cine o lectura, según sus propios intereses. Esos espacios apenas comenzaban a fortalecerse cuando ocurrió el sismo y ya no podían desarrollarse de la misma forma desde las casas.
El caso muestra con especial claridad la relación entre infraestructura y derechos.
Un techo escolar en condiciones no es únicamente una obra de hormigón. Una pared segura no es solamente mantenimiento edilicio. En determinados contextos, ese edificio permite que cientos de niños pasen varias horas del día dentro de una estructura institucional, rodeados de compañeros y adultos responsables.
Cuando desaparece físicamente, queda expuesto todo lo que ocurría dentro de él y que pocas veces aparece en una planilla presupuestal.
La promesa de la educación virtual frente a familias que perdieron hasta el celular
Frente a las escuelas que no podían utilizarse, las autoridades plantearon trasladar parte de la enseñanza a los hogares. Según informó Vorágine, se proyectaron talleres, cartillas y educación virtual. Desde el gobierno nacional se habló de obtener tabletas y solicitar a las empresas de telecomunicaciones planes de datos.
Carolina Chamat explicó al medio que Buenaventura necesitaría alrededor de 10.000 tabletas. En comunidades con problemas de cobertura también se analizaba gestionar antenas Starlink.
El problema es que la educación virtual requiere condiciones materiales que el terremoto destruyó para miles de personas.
Según datos de la Alcaldía recogidos por Vorágine, 9.194 viviendas resultaron afectadas y 954 fueron destruidas. El sismo dejó 27 personas fallecidas y 50.740 afectadas. En la Cuenca Baja del Río Calima, representantes de la comunidad dijeron al medio que la enorme mayoría de las viviendas había sufrido daños y que aproximadamente la mitad había colapsado.
Maritza Herrera, madre de un adolescente de 16 años que estudia en el José Ramón Bejarano, contó a Vorágine que el teléfono de su hijo se había destruido durante el terremoto. Su vivienda también había resultado seriamente afectada y el joven ni siquiera disponía de un espacio adecuado dentro de ella desde donde seguir una clase.
Leonor Murillo describió al medio otra realidad frecuente: hogares sin conexión y familias en las que un único teléfono debe ser utilizado por padres e hijos.
En algunas comunidades rurales, el reportaje señala que el problema continuaría incluso si aparecieran los dispositivos porque la conectividad es deficiente.
La situación vuelve visible una diferencia sustancial entre entregar tecnología y garantizar efectivamente el derecho a la educación.
Desde Uruguay, donde la extensión de dispositivos y conectividad educativa forma parte desde hace años de la política pública, la experiencia colombiana permite observar desde otro ángulo una cuestión básica: una pantalla puede ampliar derechos cuando está respaldada por infraestructura, conexión y acompañamiento institucional, pero difícilmente pueda sustituir por sí sola una escuela, una comunidad educativa y condiciones dignas dentro del hogar.
El terremoto también encontró edificios que, según la investigación de Vorágine, acumulaban problemas anteriores.
Leonor Murillo explicó al medio que desde 2022 había advertido a las autoridades sobre dificultades estructurales en el San Rafael y había solicitado reparaciones.
Vorágine informó además que tuvo acceso a documentos enviados a organismos nacionales y a la Alcaldía en los que se advertía sobre el deterioro del José Ramón Bejarano antes del terremoto. Uno de esos documentos señalaba riesgos para estudiantes y docentes.
Consultada por el medio sobre las razones por las que las reparaciones no se habían realizado, Carolina Chamat respondió que había conocido esa información después del sismo y que durante el proceso de transición con la administración anterior no había recibido explicaciones acerca de por qué las sedes no habían sido intervenidas.
Ese punto requiere una distinción fundamental.
El terremoto no podía predecirse. Las advertencias previas sobre determinados problemas de infraestructura sí existían, según los documentos conocidos por la revista.
Las consecuencias de una catástrofe no dependen solamente de la intensidad del fenómeno natural. También están condicionadas por las condiciones sociales y materiales que encuentra cuando llega: edificios, pobreza, capacidad institucional, conectividad y redes de protección.
Según el cronograma descrito en el reportaje, los docentes comenzaron a contactar a las familias para conocer también el estado emocional de los estudiantes. Para los colegios a los que no era posible regresar se estableció inicialmente un período de acompañamiento mediante guías de atención emocional y posteriormente clases remotas.
Mientras esa transición ocurre, permanece abierta una brecha enorme entre quienes pueden continuar estudiando en espacios adecuados y quienes deben hacerlo desde una vivienda dañada, mediante un teléfono compartido o en barrios donde siguen actuando organizaciones armadas.
La mirada uruguaya que Quatroges propone sobre el trabajo de Vorágine parte precisamente de allí.
La infraestructura educativa suele presentarse en la discusión pública como una cuestión presupuestal, una obra pendiente o un problema de mantenimiento. El caso de Buenaventura permite observar qué existe detrás de esas paredes: protección de la infancia, vínculos comunitarios, detección de abusos, alternativas frente a la calle, deporte, cultura, acompañamiento y presencia del Estado.
Las realidades de Colombia y Uruguay son profundamente diferentes y no corresponde equiparar los niveles de violencia armada de ambos países.
Pero existe una enseñanza que sí atraviesa fronteras: cuando las instituciones públicas pierden presencia material en un territorio, el vacío tiene consecuencias.
En algunos lugares puede ser ocupado por organizaciones criminales. En otros puede expresarse en deserción, trabajo infantil, explotación, aislamiento o pérdida de oportunidades.
El terremoto del 10 de agosto destruyó escuelas en Buenaventura.
Gracias al trabajo realizado en el terreno por Vorágine, podemos ver algo que las imágenes de paredes caídas no explican por sí solas: aquellas escuelas también constituían una barrera cotidiana frente a amenazas que estaban allí mucho antes de que comenzara a temblar la tierra.
Reconstruirlas será, por eso, mucho más que levantar nuevamente paredes.
Será devolver a miles de niños y adolescentes un lugar donde aprender, encontrarse y, para muchos de ellos, permanecer más protegidos.
Quatroges