El gobierno de Lula respondió con dureza a la decisión de Estados Unidos de clasificar al PCC y al Comando Vermelho como organizaciones terroristas. Brasilia denunció una maniobra política impulsada por la familia Bolsonaro en Washington y defendió que el combate al crimen organizado debe darse con leyes, instituciones y fuerzas de seguridad brasileñas, no bajo presión externa.

Brasil marca el límite frente a Washington

El gobierno brasileño salió a rechazar con firmeza la decisión de Estados Unidos de clasificar al Primeiro Comando da Capital y al Comando Vermelho como organizaciones terroristas extranjeras. La medida, anunciada por el Departamento de Estado norteamericano y presentada por la administración de Donald Trump como parte de su política regional de seguridad, fue leída en Brasilia como una intromisión directa en asuntos internos del país.

El punto central de la respuesta brasileña no fue negar la gravedad de esas organizaciones criminales. El PCC y el Comando Vermelho son dos de las estructuras más violentas y poderosas del crimen organizado brasileño, con presencia en cárceles, territorios urbanos, redes de tráfico, lavado de dinero y distintas economías ilegales. La diferencia planteada por el gobierno de Lula está en el encuadre político y jurídico: una cosa es combatir organizaciones criminales con toda la fuerza del Estado, y otra muy distinta es aceptar que una potencia extranjera defina desde afuera cómo debe clasificarse y tratarse el delito dentro de Brasil.

El Palacio del Planalto sostuvo que la soberanía nacional no es negociable y que la seguridad pública brasileña corresponde a las instituciones brasileñas, a sus leyes, a sus tribunales y a sus fuerzas de seguridad. La administración federal también cuestionó la actuación de integrantes de la familia Bolsonaro en Estados Unidos, después de que Flávio Bolsonaro celebrara la decisión y la vinculara con sus gestiones ante Donald Trump, Marco Rubio y otros referentes del gobierno estadounidense.

La reacción de Brasilia tiene un fondo político evidente. No se trata solamente de una discusión técnica sobre nombres jurídicos. La derecha bolsonarista buscó presentar la clasificación como una victoria propia, mientras el gobierno brasileño la denunció como una maniobra peligrosa que usa la seguridad pública para abrir espacio a tutelajes externos. En ese cruce aparece el verdadero conflicto: quién define los problemas de Brasil y desde dónde se decide cómo enfrentarlos.

Crimen organizado no es terrorismo internacional

El gobierno de Lula fue cuidadoso en no suavizar la violencia de las facciones. Las bandas criminales imponen miedo, controlan territorios, amenazan comunidades, corrompen estructuras y destruyen vidas. En las periferias brasileñas, su poder es real y cotidiano. Pero el Estado brasileño entiende que esas organizaciones tienen una finalidad económica: lucro, control de mercados ilegales, tráfico de drogas y armas, extorsión, lavado de dinero y dominio territorial.

La clasificación como terrorismo introduce otra lógica. En el derecho brasileño, el terrorismo no se define solo por la violencia ejercida, sino también por motivaciones políticas, ideológicas, religiosas, raciales o de discriminación. Equiparar automáticamente facciones criminales con organizaciones terroristas internacionales puede generar consecuencias que exceden el combate policial y judicial.

Ese es el riesgo señalado por Brasilia. Una designación de ese tipo puede habilitar sanciones financieras, restricciones bancarias, presiones sobre empresas, bloqueo de operaciones y aumento de la capacidad de intervención jurídica de Estados Unidos sobre actividades vinculadas, directa o indirectamente, a territorios donde actúan esas organizaciones. El problema no es defender al PCC ni al Comando Vermelho. El problema es permitir que el combate al crimen sea utilizado como llave para condicionar la economía, la política y la seguridad de un país soberano.

La propia respuesta del gobierno brasileño recordó que Brasil ya viene desarrollando instrumentos internos para enfrentar al crimen organizado. En marzo, Lula sancionó una Ley Antifacción, con penas más duras para liderazgos, restricciones de beneficios, mecanismos de bloqueo de bienes y herramientas para atacar la estructura financiera de las organizaciones criminales. En mayo, el gobierno lanzó además el programa Brasil Contra el Crimen Organizado, con recursos, inteligencia, coordinación entre niveles del Estado, control de armas, sistema penitenciario y asfixia financiera de las facciones.

Ese contexto es importante. Brasil no está diciendo que el crimen organizado no exista. Está diciendo que existe, que debe enfrentarse, pero que no necesita permiso de Washington para hacerlo ni debe aceptar que la agenda de seguridad se transforme en instrumento de presión geopolítica.

La familia Bolsonaro y la política exterior del tutelaje

La participación de la familia Bolsonaro en Washington agravó el conflicto. Flávio Bolsonaro viajó a Estados Unidos, se reunió con figuras del gobierno de Trump y luego celebró públicamente la clasificación del PCC y del Comando Vermelho como organizaciones terroristas. Para el gobierno brasileño, esa actuación repite una conducta ya conocida del bolsonarismo: buscar afuera respaldo político contra decisiones internas de Brasil.

El Planalto vinculó esa conducta con otras presiones recientes impulsadas desde Estados Unidos, entre ellas medidas económicas y comerciales que afectaron intereses brasileños. También advirtió sobre posibles impactos en áreas sensibles, incluido el sistema financiero y herramientas estratégicas como Pix, uno de los instrumentos de pago más extendidos del país.

El punto de fondo es político. La derecha bolsonarista intenta convertir un problema real —el avance del crimen organizado— en una bandera de alineamiento con Trump. En lugar de fortalecer las capacidades nacionales, busca presentar la intervención extranjera como solución. En lugar de defender cooperación entre Estados soberanos, empuja una relación de subordinación. En lugar de discutir cómo cortar el financiamiento de las facciones, cómo controlar el tráfico de armas, cómo combatir la corrupción policial, cómo mejorar investigaciones y cómo recuperar territorios, instala una etiqueta internacional que puede servir más a la propaganda que a la seguridad efectiva.

La postura brasileña no rechaza la cooperación. Brasil puede y debe cooperar con otros países en inteligencia, lavado de dinero, tráfico de armas, rutas internacionales de droga y persecución financiera del crimen. Pero cooperación no es obediencia. Cooperación no es aceptar que otro gobierno defina el lenguaje jurídico, los objetivos políticos y las consecuencias económicas de una decisión que afecta a millones de brasileños.

En América Latina, la palabra terrorismo no es neutra. Ha sido usada muchas veces para justificar estados de excepción, militarización, persecución política, sanciones, presiones diplomáticas e intervenciones. Por eso la discusión no puede reducirse a una consigna fácil. Las facciones criminales deben ser enfrentadas con firmeza, pero el combate al delito no puede convertirse en excusa para debilitar la soberanía nacional.

Brasil marcó ese límite. El crimen organizado es un enemigo de la sociedad brasileña, en especial de los sectores populares que conviven con su violencia en los territorios. Pero la respuesta no puede ser entregar la definición de la seguridad pública a la Casa Blanca ni permitir que la familia Bolsonaro use a Washington como escenario de campaña. La ley, la investigación, la inteligencia, el control financiero y la fuerza legítima del Estado deben operar dentro del marco democrático brasileño.

Fuentes:

Departamento de Estado de Estados Unidos,Reuters