El exministro negó haber acomodado funcionarios y sostuvo que las presupuestaciones fueron habilitadas por ley. La discusión, sin embargo, quedó atravesada por otro tema de fondo: el plan de saneamiento heredado, que la actual conducción de OSE asegura que tenía problemas técnicos, ambientales y financieros.

Una denuncia que Bouvier busca separar de su gestión

Robert Bouvier salió a responder públicamente por la denuncia vinculada a la presupuestación de 27 personas en el Ministerio de Ambiente durante el gobierno anterior. El exministro, hoy director de AFE, declaró en Minas en el marco de una instancia en la órbita contencioso-administrativa, no penal, y buscó despegar el caso de la idea de un expediente por acomodos personales o familiares.

Según su versión, las personas cuestionadas no fueron presupuestadas por decisión directa del ministro, sino mediante normas aprobadas en el Parlamento. Bouvier sostuvo además que esos ingresos al ministerio se habían producido antes de su llegada a la cartera, en febrero de 2023, por lo que no podía haber intervenido en la contratación original de funcionarios luego incluidos en el proceso.

La denuncia, impulsada desde el ámbito sindical, apunta a funcionarios que habrían tenido militancia en los partidos Nacional y Colorado y que ingresaron sin concurso antes de ser presupuestados. Ese es el centro político e institucional del caso: no solamente quién firmó o quién estaba en el cargo, sino qué mecanismos usó el Estado para transformar vínculos precarios o contractuales en cargos presupuestados.

La defensa formal no cierra el debate político

Bouvier insistió en que ninguno de los funcionarios cuestionados tiene vínculo familiar con él, integra su grupo político o reside en Lavalleja. También remarcó que la parte sindical que lo ofreció como testigo no concurrió a la audiencia, aunque las preguntas fueron presentadas por escrito.

Ese punto fortalece su defensa personal, pero no clausura la discusión pública. El problema no se agota en saber si existió un beneficio directo a familiares o allegados del exministro. La pregunta de fondo es más amplia: cómo se ordenó el personal del Ministerio de Ambiente, qué criterios se aplicaron y qué controles existieron para evitar que la estructura del Estado terminara funcionando como refugio de militancias partidarias.

El Ministerio de Ambiente es una cartera joven, creada en el período anterior, y esa condición fue usada muchas veces como argumento para explicar la necesidad de ordenar cargos, contratos y funciones. Pero la construcción institucional de un ministerio no debería quedar por fuera de los principios básicos de transparencia, concursos, mérito y control público.

Saneamiento: la otra discusión que volvió a escena

En su conferencia, Bouvier también llevó el debate hacia el saneamiento en Lavalleja. Señaló que durante su gestión quedó firmado un contrato para avanzar en localidades como Solís de Mataojo, Mariscala, José Pedro Varela, José Batlle y Ordóñez y parte de Minas. La referencia apareció luego de que OSE presentara en el Parlamento una reformulación del plan de saneamiento para el interior.

La administración anterior había anunciado un plan para alcanzar 61 localidades. La conducción actual de OSE, encabezada por Pablo Ferreri, informó que el proyecto será rediseñado y que en este período se priorizarán 28 localidades. Según OSE, el esquema recibido tenía un descalce financiero cercano a los 260 millones de dólares, además de problemas técnicos, ambientales, de diseño y de priorización territorial.

Ferreri sostuvo que el plan original no contaba con financiamiento suficiente para cubrir todos los compromisos asumidos y que en varias localidades no se habían resuelto aspectos básicos, desde terrenos para plantas de tratamiento hasta exigencias ambientales y conexiones intradomiciliarias. Desde esa mirada, el rediseño no sería un recorte político, sino una forma de evitar promesas imposibles de cumplir.

La controversia deja dos planos abiertos: por un lado, la defensa de Bouvier frente a una denuncia que cuestiona presupuestaciones en Ambiente; por otro, la revisión de un plan de saneamiento presentado como universalizador, pero que la actual administración describe como técnicamente débil y financieramente descalzado.