El gobierno boliviano llegó a sus primeros seis meses con una crisis abierta: protestas, bloqueos, presión sindical, marcha campesina, conflicto por combustibles y un alineamiento exterior cada vez más cercano a Estados Unidos. El presidente anunció cambios en el gabinete y un Consejo Económico Social, pero el malestar popular ya desbordó el terreno económico.

Del alivio prometido al ajuste

Rodrigo Paz llegó al gobierno de Bolivia con un discurso de cambio moderado, pero sus primeros seis meses terminaron marcados por medidas de ajuste, apertura al sector privado y una fuerte tensión con organizaciones sociales, campesinas, sindicales y populares.

El primer paquete económico mostró con claridad el rumbo elegido. El gobierno anunció un recorte de 30% del gasto público para 2026 y promovió la eliminación de cuatro impuestos: a las grandes fortunas, a las transacciones financieras, al juego y a las promociones empresariales. La explicación oficial fue que esos tributos tenían bajo impacto recaudatorio y afectaban el clima de negocios. La lectura social fue otra: en plena crisis, el alivio llegó primero para los sectores de mayor capacidad económica.

Ese giro golpeó en un país atravesado por inflación, falta de divisas, problemas con el combustible y pérdida de poder adquisitivo. La Central Obrera Boliviana reclamó una compensación salarial y distintos sectores comenzaron a movilizarse frente a un gobierno que prometía estabilización, pero que terminó aplicando recetas conocidas: achique del Estado, beneficios al capital privado y búsqueda de financiamiento externo.

Tierra, combustible y protesta popular

La crisis se profundizó con la Ley 1720, una reforma agraria que permitía convertir pequeñas propiedades rurales en medianas, habilitando su uso como garantía de crédito. Para el gobierno, la medida buscaba ampliar herramientas financieras para productores. Para organizaciones campesinas e indígenas, implicaba un riesgo directo: convertir la tierra protegida en activo embargable y abrir la puerta a mayor concentración.

La presión social obligó a retroceder. Tras marchas, bloqueos y semanas de conflicto, la Asamblea terminó anulando la norma. El dato político es central: una de las medidas más sensibles del gobierno cayó por la resistencia de los sectores rurales y populares.

A ese frente se sumó el malestar por la crisis de combustibles. La distribución de gasolina de mala calidad, las denuncias de daños en miles de vehículos y la persistencia de problemas de abastecimiento aumentaron el desgaste oficial. Las protestas dejaron de ser reclamos sectoriales aislados y pasaron a expresar una crisis de confianza más amplia.

En mayo, el conflicto escaló con bloqueos de rutas, movilizaciones de trabajadores, mineros, campesinos, transportistas y organizaciones rurales. Paz respondió con la promesa de reorganizar su gabinete y crear un Consejo Económico Social. El anuncio busca recuperar iniciativa, pero llega después de semanas de tensión y con una calle que ya empezó a marcarle límites al ajuste.

Un gobierno cada vez más cerca de Estados Unidos

El otro rasgo fuerte de estos seis meses es el giro internacional. Bolivia pasó de una política exterior asociada durante años a la soberanía regional y al vínculo con gobiernos progresistas, a una estrategia de acercamiento explícito a Washington.

La presencia de Rodrigo Paz en la cumbre “Escudo de las Américas”, impulsada por Donald Trump, fue una señal clara. El gobierno boliviano presentó ese acercamiento como una oportunidad para atraer inversiones y reposicionar al país. Pero en términos regionales, el gesto lo ubicó dentro del bloque de gobiernos más alineados con la política estadounidense en América Latina.

Ese alineamiento quedó todavía más expuesto durante la crisis interna. Mientras el gobierno denunció ante la OEA un intento de desestabilización institucional, Estados Unidos endureció su respaldo político a Paz y vinculó las protestas con amenazas contra la democracia. La reacción estadounidense no fue neutra: en la región, cada vez que Washington decide quién representa el orden y quién representa el peligro, la soberanía de los pueblos queda bajo presión.

Uruguay también expresó preocupación por la situación boliviana y llamó a resolver las diferencias de forma pacífica, con respeto a la institucionalidad democrática y los derechos humanos. Esa posición abre un punto necesario: defender la democracia no puede significar cerrar los ojos ante el malestar social ni convertir cada protesta contra el ajuste en una amenaza al orden.