El conflicto contra el gobierno de Rodrigo Paz cumple un mes con carreteras cortadas, falta de combustibles, alimentos e insumos médicos, y una presión social que no cede. La COB y sectores campesinos mantienen el reclamo de renuncia presidencial, mientras anuncian corredores humanitarios para aliviar parte del impacto sobre hospitales y población vulnerable.

Más de 90 bloqueos y Cochabamba en el centro del conflicto

Bolivia comenzó junio con más de 90 puntos de bloqueo en seis departamentos, en una crisis social que ya afecta la circulación, el abastecimiento y la vida cotidiana de miles de familias. El mapa de transitabilidad de la Administradora Boliviana de Carreteras ubicó a Cochabamba como nuevo centro de las protestas, con más de 30 cortes de ruta, por encima de La Paz, que durante semanas había sido el principal foco del conflicto.

La protesta reúne a sectores sindicales, campesinos, mineros, maestros, fabriles, gremiales, transportistas, juntas vecinales de El Alto y grupos afines al expresidente Evo Morales. El reclamo central se concentra en la renuncia del presidente Rodrigo Paz, en medio de una crisis económica que golpea con fuerza sobre precios, combustibles, alimentos y condiciones de vida.

El problema dejó de ser solamente político. En varias regiones, el cierre prolongado de rutas empezó a impactar sobre el acceso a combustible, alimentos, oxígeno para hospitales, medicamentos e insumos básicos. La medida de presión expone el nivel de enojo social, pero también coloca a la población trabajadora frente a una situación cada vez más dura.

La COB rechaza el diálogo, pero anuncia corredores humanitarios

La Central Obrera Boliviana y sectores campesinos resolvieron mantener las medidas de fuerza y no asistir, por ahora, al diálogo convocado por la Vicepresidencia, la Iglesia Católica y la Defensoría del Pueblo. La posición de las organizaciones movilizadas sigue siendo la renuncia de Paz y la continuidad de los bloqueos.

A la vez, los dirigentes anunciaron la apertura de corredores humanitarios para permitir el paso de ambulancias, enfermos, medicamentos, oxígeno, alimentos e insumos destinados a hospitales. La decisión busca responder al deterioro de la situación sanitaria y social sin levantar la protesta.

Ese punto marca una tensión central del conflicto. Los sectores movilizados sostienen que no habrá salida sin una respuesta política de fondo. Las instituciones que llaman al diálogo advierten que el rechazo a negociar profundiza el sufrimiento de la población. En el medio queda la gente común: familias que no consiguen combustible, trabajadores que no pueden circular, hospitales que necesitan insumos y comerciantes golpeados por el desabastecimiento.

Una crisis que exige salida política, no solo fuerza

El gobierno de Rodrigo Paz enfrenta una presión creciente. En los últimos días, el Ejecutivo avanzó en herramientas legales que habilitan mayor intervención estatal frente a los bloqueos, en un clima de tensión social cada vez más peligroso. La posibilidad de una salida por la fuerza aparece sobre la mesa en un país que ya carga demasiadas heridas políticas, regionales y sociales.

La respuesta no puede reducirse a represión ni a desgaste. Bolivia vive una crisis de legitimidad, abastecimiento y conducción política. El conflicto expresa demandas reales: costo de vida, malestar social, sensación de traición política y pérdida de confianza en el gobierno. Ignorar ese fondo solo agravaría el escenario.

Pero tampoco alcanza con sostener bloqueos indefinidos sin medir sus consecuencias humanas. Los corredores humanitarios son necesarios, pero no sustituyen una solución política. Un país no puede vivir sitiado, con hospitales en riesgo, familias sin alimentos suficientes y trabajadores atrapados entre el enojo social y la parálisis institucional.

Fuentes

Prensa Latina