A seis meses de asumir, Rodrigo Paz enfrenta una crisis política y social que ya desbordó las calles de Bolivia. El retiro de subsidios, el aumento del costo de vida, la escasez de combustibles y el alineamiento con Washington golpearon a sectores populares que habían sido parte de su base electoral. La respuesta de Estados Unidos y del bloque regional de derecha encabezado por Donald Trump busca sostener a un gobierno debilitado, mientras la calle exige cambios de fondo.

Un gobierno atrapado entre el ajuste y la protesta social

Bolivia volvió a entrar en una zona de alta tensión política. Rodrigo Paz, que llegó a la Presidencia hace apenas seis meses después de casi dos décadas de gobiernos vinculados a la izquierda, enfrenta una ola de protestas que reúne a sindicatos, mineros, transportistas, organizaciones rurales, sectores indígenas, trabajadores y vecinos de distintas ciudades.

Las movilizaciones comenzaron por reclamos económicos, pero crecieron hasta convertirse en una crisis de gobernabilidad. Los bloqueos, los enfrentamientos, la escasez de combustibles, alimentos e insumos médicos y el cierre de bancos en algunas zonas mostraron un país atravesado por un malestar que ya no se limita a un sector. En varios puntos, los reclamos pasaron de pedir cambios de medidas a exigir directamente la renuncia del presidente.

El dato político más fuerte es que buena parte de quienes hoy protestan no vienen solamente de la oposición tradicional. Son sectores que, de una forma u otra, habían acompañado o permitido el ascenso de Paz. Esa base popular e indígena esperaba participación, respuestas sociales y una salida distinta a la crisis. Lo que encontró fue un gabinete rodeado de tecnócratas, empresarios, sectores del agro y figuras alejadas del movimiento popular.

Paz anunció una remodelación del gabinete y dijo que necesitaba un equipo con capacidad de escuchar. Pero el gesto llegó tarde para una calle que ya acumulaba semanas de enojo. La renuncia del ministro de Trabajo, uno de los pocos integrantes del gabinete con origen aymara y vínculo con organizaciones sociales, profundizó esa señal de desconexión. Su reemplazo, también de origen aymara, fue rechazado por sectores de la Central Obrera Boliviana por su impulso a una ley contra los bloqueos con penas de 20 a 30 años de cárcel.

El precio del pan, el diésel y la factura del ajuste

La crisis boliviana no nació de un solo decreto. El país ya venía arrastrando problemas de divisas, combustibles y abastecimiento. Pero el gobierno de Paz decidió responder con un programa de ajuste clásico, de perfil liberal, que descargó buena parte del costo sobre la vida cotidiana de la población.

Una de las medidas más sensibles fue el retiro del subsidio a los combustibles. El precio del diésel quedó indexado al valor internacional, en un país donde el transporte, la producción y el abastecimiento dependen de ese insumo. La escasez continuó, las filas crecieron y los sobreprecios se volvieron parte del paisaje cotidiano.

A eso se sumó la importación de combustible denunciado por sectores sociales como “gasolina basura” o de baja calidad. Las denuncias hablan de al menos 60.000 vehículos afectados. El gobierno prometió hacerse cargo de los arreglos, pero las trabas burocráticas dejaron a transportistas y sectores populares sin respuesta efectiva. Además del costo mecánico, hubo lucro cesante: días sin trabajar, ingresos perdidos y familias enteras esperando una solución que no llegó.

Otro golpe fue el retiro del subsidio a la harina. El precio del pan casi se triplicó, de 30 a 80 centavos, mientras el gobierno eliminaba el impuesto a las grandes fortunas, que alcanzaba a una porción muy pequeña de la población de mayores ingresos. La señal política fue brutal: subía el alimento básico y, al mismo tiempo, se aliviaba la carga de los sectores más ricos.

El gobierno también rechazó el reclamo de aumento salarial del 20%, con el argumento de que el país enfrentaba una inflación proyectada de 20% y un decrecimiento de 3%. Pero, en paralelo, presentó un presupuesto con aumento del 40% en partidas destinadas a sueldos y salarios dentro de los ministerios. Esa contradicción alimentó la idea de un ajuste selectivo: sacrificio para abajo, oxígeno para arriba.

Washington entra en escena

La crisis interna boliviana se volvió también un capítulo de la disputa geopolítica regional. Rodrigo Paz buscó desde el comienzo acercarse a Estados Unidos, abrir las puertas a la DEA, negociar financiamiento con organismos internacionales y ubicarse dentro del eje de gobiernos alineados con Donald Trump.

Ese alineamiento quedó simbolizado en el llamado “Escudo de las Américas”, la coalición regional impulsada desde Miami con participación de gobiernos de derecha y ultraderecha, entre ellos Javier Milei, Nayib Bukele, José Antonio Kast y el propio Paz. El bloque salió a respaldar al gobierno boliviano y presentó las protestas como una amenaza al orden constitucional.

Estados Unidos fue más lejos. Marco Rubio declaró que Washington apoyaba al gobierno constitucional de Bolivia y afirmó que no permitiría que “criminales y narcotraficantes” derrocaran a líderes elegidos democráticamente en el hemisferio. El subsecretario Christopher Landau también habló de intentos de golpe y vinculó las protestas con el crimen organizado.

La acusación no llegó acompañada de pruebas públicas sólidas. Pero sirvió para instalar una narrativa conocida: convertir el conflicto social en amenaza narco, poner a Washington como garante del orden y blindar a un gobierno aliado. Es una fórmula que Estados Unidos ya utilizó en otros países de la región para intervenir políticamente en conflictos internos.

El problema para Paz es que ese respaldo externo no resuelve la falta de base social propia. Puede darle aire diplomático, respaldo mediático y cobertura regional, pero no llena las estaciones sin combustible, no baja el precio del pan, no recompone salarios ni reconstruye la confianza rota con los sectores que se sienten traicionados.

La derecha lo sostiene, la ultraderecha lo empuja

La crisis también abrió una disputa dentro de la propia derecha boliviana. Las élites empresariales y agroindustriales miran a Paz con desconfianza, lo critican y lo consideran débil, pero todavía lo sostienen como mal menor frente a un eventual regreso del Movimiento al Socialismo o de una alternativa popular organizada.

Al mismo tiempo, la ultraderecha intenta capitalizar el conflicto. Jorge “Tuto” Quiroga aparece como una de las figuras que presionan por una salida más dura. Reclamó mano dura, habló de una amenaza de “exterminio” sobre La Paz y llegó a calificar los bloqueos como crímenes de lesa humanidad. Ese discurso busca correr a Paz hacia una respuesta represiva más fuerte.

Pero Bolivia tiene una historia social distinta. En un país con sindicatos fuertes, memoria de movilización indígena, organizaciones territoriales y una tradición popular muy arraigada, imprimir violencia estatal puede volver ingobernable a cualquier gobierno. La calle boliviana no es un detalle externo al poder: muchas veces fue el lugar donde se definió el rumbo político del país.

Por eso Paz está encerrado en una trampa. Si formaliza una alianza más explícita con la derecha dura, puede encender todavía más la protesta. Si intenta girar hacia la inclusión popular, deberá reconstruir vínculos que su propio gobierno dañó en pocos meses. Y si se limita a resistir con apoyo de Washington, corre el riesgo de quedar como un presidente sostenido desde afuera y rechazado desde abajo.

La crisis boliviana muestra el límite de una receta conocida en la región: ajuste económico, promesas de orden, cercanía con Estados Unidos y desprecio por las organizaciones populares. Esa fórmula puede ganar respaldo en los despachos, en los organismos de crédito o en las cumbres conservadoras. En la calle, donde se paga el pan, se busca combustible y se defiende el salario, el resultado suele ser mucho más difícil de controlar.