Rodrigo Paz promulgó la Ley 1732, que elimina la norma de 2020 sobre estados de excepción. La decisión llega en plena crisis social, con cortes de rutas, desabastecimiento y sectores que reclaman la renuncia del presidente boliviano

Un cambio legal en plena crisis

Bolivia dio un paso político delicado en medio de una crisis social que mantiene bloqueadas rutas, afecta el abastecimiento y aumenta la tensión entre el Gobierno y distintos sectores movilizados. El presidente Rodrigo Paz promulgó la Ley 1732, que abroga la Ley 1341 de 2020, una norma que regulaba los estados de excepción y establecía límites para la intervención de las Fuerzas Armadas en conflictos internos.

La nueva ley tiene un artículo único: deja sin efecto la Ley 1341. Con esa decisión, el Ejecutivo recupera mayor margen legal para declarar un estado de excepción bajo el marco constitucional boliviano. La medida no significa, por sí sola, que el estado de excepción ya esté declarado, pero sí despeja un obstáculo jurídico que hasta ahora ordenaba y limitaba el uso de fuerzas militares en escenarios de conmoción interna.

La norma fue sancionada por la Cámara de Diputados en una sesión virtual que se extendió durante más de cinco horas. La modalidad remota respondió a la imposibilidad de varios legisladores de llegar a La Paz por los bloqueos de carreteras. El proyecto ya había sido aprobado en el Senado y recibió respaldo de más de dos tercios en ambas cámaras.

La Ley 1341 y el límite a la militarización

La Ley 1341 había sido aprobada en 2020, durante el período posterior a la crisis política boliviana de 2019. Su objetivo era reglamentar aspectos vinculados a los estados de excepción y establecer controles sobre las medidas asumidas por el Ejecutivo.

Entre sus puntos centrales, fijaba que las Fuerzas Armadas solo podían intervenir en el control de disturbios civiles si la Policía era superada y no existía otro medio efectivo. También establecía límites temporales y mecanismos de control legislativo.

Para los sectores que impulsaron su derogación, esa norma restringía en exceso la capacidad del Estado para responder frente a situaciones de caos, bloqueos prolongados o crisis de seguridad. El diputado Carlos Alarcón, de la alianza Unidad, defendió la abrogación con el argumento de que la Ley 1341 ataba al Gobierno y desnaturalizaba el estado de excepción.

Del otro lado, legisladores y sectores sociales advirtieron que eliminar esos límites puede abrir un escenario de mayor violencia y dejar más expuestas las protestas sociales. La preocupación central está puesta en el uso de militares para intervenir en conflictos civiles, una decisión especialmente sensible en un país con una historia reciente marcada por crisis políticas, represión y disputas fuertes por el control del Estado.

Bloqueos, desabastecimiento y disputa política

La decisión legislativa y la promulgación presidencial llegan en medio de protestas que ya llevan varias semanas. Los bloqueos afectan principalmente a La Paz y El Alto, pero también se extendieron a Oruro, Cochabamba, Potosí, Santa Cruz y Chuquisaca.

Los cortes de rutas provocaron problemas de abastecimiento de alimentos, combustibles e insumos médicos. El Gobierno boliviano denunció muertes vinculadas a la falta de atención oportuna y anunció corredores humanitarios para intentar mover productos esenciales hacia las zonas más afectadas.

Las movilizaciones reúnen a sindicatos, organizaciones campesinas, sectores afines al expresidente Evo Morales, trabajadores y grupos sociales que reclaman cambios de fondo en la política económica y, en algunos casos, la renuncia de Rodrigo Paz. La crisis combina malestar social, deterioro económico, presión territorial y una disputa política cada vez más abierta sobre la legitimidad del Gobierno.

El Ejecutivo sostiene que el diálogo sigue siendo la primera opción y que el estado de excepción sería una medida extrema. Sin embargo, la derogación de la Ley 1341 cambia el marco legal disponible para el Gobierno y coloca a Bolivia frente a una pregunta de fondo: hasta dónde puede avanzar el Estado en el uso de la fuerza sin convertir una crisis social en una crisis mayor de derechos y democracia.

Fuentes:
Publicación en la Gaceta Oficial.