El malestar de productores arroceros con declaraciones del presidente Yamandú Orsi volvió a poner sobre la mesa una tensión conocida: el sector reconoce oportunidades comerciales, pero reclama medidas más fuertes sobre costos, gasoil y competitividad.

El cruce después de las declaraciones en Varela

Las declaraciones del presidente Yamandú Orsi en José Pedro Varela generaron malestar en parte del sector arrocero. El mandatario había destacado dos elementos que el gobierno considera positivos para el rubro: las gestiones realizadas en Panamá y la colocación de arroz uruguayo dentro de la cuota sin aranceles abierta por el acuerdo Mercosur-Unión Europea.

La respuesta de algunos productores fue dura. Desde el sector se cuestionó especialmente el balance de la gestión vinculada a Panamá, con la frase “su gestión fue un fiasco”, en referencia a las dificultades que terminó enfrentando ese mercado luego de las primeras expectativas.

El episodio muestra una tensión política y productiva que no se agota en una declaración. El arroz es uno de los sectores exportadores más importantes del país, con fuerte presencia en el interior, alta incorporación tecnológica y una dependencia directa de costos como energía, combustibles, riego, logística y acceso a mercados.

Panamá: de la expectativa inicial al negocio frustrado

La gira a Panamá había sido presentada como una oportunidad para abrir o fortalecer un mercado relevante para el arroz uruguayo. En aquel momento, productores e industriales acompañaron la misión oficial y se reunieron con representantes del sector importador panameño.

El interés existía: Panamá tiene períodos en los que necesita importar arroz y, en determinadas condiciones de desabastecimiento, puede bajar fuertemente los aranceles. Para Uruguay, eso abría una ventana comercial atractiva.

El problema llegó después. Un negocio de exportación de arroz cáscara hacia Panamá terminó frustrado cuando el barco ya estaba en el puerto de Montevideo y existía un contrato firmado. Según la versión difundida por el propio sector, el gobierno panameño emitió una resolución que cambió las condiciones de compra y dejó la operación sin efecto. Ese antecedente explica por qué los arroceros rechazan que se presente aquella gestión como un éxito cerrado.

De todos modos, también es cierto que el comercio exterior no depende solo de la voluntad del gobierno uruguayo. Las decisiones soberanas de otro país, sus decretos internos y sus presiones productivas locales pueden bloquear operaciones incluso después de gestiones diplomáticas o empresariales.

Europa, costos y una discusión que sigue abierta

El otro punto señalado por Orsi fue el acuerdo Mercosur-Unión Europea. Allí el gobierno sí tiene un dato concreto para mostrar: Uruguay logró colocar el 63% de la cuota anual de arroz sin aranceles habilitada para el Mercosur en 2026.

Ese resultado fue celebrado por el Poder Ejecutivo y reconocido como una oportunidad para el sector. Pero para los productores no alcanza. El reclamo de fondo sigue siendo el mismo: el precio del gasoil, los costos internos y las dificultades de competitividad.

Orsi admitió que Uruguay tiene problemas de competitividad y defendió el proyecto de ley impulsado por el Ministerio de Economía para reducir costos y mejorar condiciones productivas. La pregunta política es si esas medidas serán suficientes para un sector que exporta la enorme mayoría de lo que produce y que compite contra países con costos más bajos, subsidios o políticas comerciales más agresivas.

El cruce deja una señal clara: el gobierno busca mostrar avances concretos en mercados, mientras una parte del agro presiona para que la agenda se concentre en costos. Entre ambas posiciones hay una discusión legítima, pero también una disputa por el relato: si el Estado debe limitarse a abrir puertas comerciales o si debe intervenir más fuerte para sostener sectores productivos que generan empleo, exportaciones y actividad en el interior.