El gobierno argentino avanza con privatizaciones en agua, energía y desarrollo nuclear. La promesa oficial habla de recaudar dólares y achicar el Estado, pero el trasfondo expone una pérdida de soberanía en sectores clave.

En Argentina, el gobierno de Javier Milei acelera una agenda de privatizaciones que ya no se limita a empresas deficitarias ni a discusiones administrativas. El proceso toca áreas sensibles: agua potable, transporte eléctrico, represas, desarrollo nuclear, conocimiento técnico y recursos estratégicos.

La explicación oficial es conocida: vender activos, obtener dólares, reforzar reservas, pagar deuda y reducir la presencia del Estado. El problema está en la naturaleza de lo que se pone en venta. No se trata solamente de balances, acciones o concesiones. Se trata de infraestructura construida durante décadas, capacidades públicas difíciles de recuperar y sectores que definen hasta dónde un país conserva margen propio para decidir su futuro.

Agua, energía y una cuenta que no cierra

El caso de AySA resume buena parte del problema. El Ministerio de Economía oficializó el llamado a licitación para vender el 90% de las acciones estatales de Agua y Saneamientos Argentinos, empresa que presta servicios en la Ciudad de Buenos Aires y buena parte del conurbano. La operación apunta a recaudar unos 500 millones de dólares, dentro de un plan más amplio con el que el gobierno espera reunir hasta 3.000 millones de dólares este año mediante privatizaciones y concesiones.

La cifra impacta menos por su tamaño que por su contraste. AySA presta un servicio básico en una de las zonas más pobladas del país. Agua potable y saneamiento no son un lujo ni una mercancía cualquiera. Son condiciones materiales de salud pública, vida cotidiana y planificación urbana. Además, la empresa había informado una mejora fuerte de sus números: cerró 2024 con un resultado positivo después de años de déficit, con una ganancia superior a los 48.000 millones de pesos según datos difundidos por la propia compañía.

Vender una empresa de agua puede presentarse en una planilla como una operación financiera. En la vida real, implica transferir a privados una palanca fundamental sobre tarifas, inversión, expansión de redes y prioridades sociales. La pregunta no es solo cuánto entra al Tesoro por la venta. La pregunta es cuánto pierde el país en capacidad de orientar un servicio esencial.

Algo similar ocurre con Transener, pieza central del sistema eléctrico argentino. La empresa opera infraestructura de alta tensión y aparece en el corazón del transporte de energía. Según información institucional de Pampa Energía, Transener cuenta con una concesión sobre 15.408 kilómetros de líneas y 60 estaciones transformadoras, y opera de forma directa el 86% de las líneas de alta tensión del país.

La privatización de una participación estatal en una compañía de esa escala no es una decisión menor. La red eléctrica no es un negocio más: sostiene producción, hogares, hospitales, comunicaciones, transporte, industria y vida pública. En el debate argentino, la operación quedó además atravesada por señalamientos sobre los grupos empresarios interesados y sus vínculos con zonas de influencia del poder político. El dato central, sin embargo, alcanza por sí solo: se transfiere control sobre infraestructura estratégica en un país que necesita energía, inversión y planificación de largo plazo.

El desarrollo nuclear bajo presión

El capítulo nuclear agrega una dimensión todavía más delicada. La Comisión Nacional de Energía Atómica abrió un procedimiento de “acceso preliminar” para solicitudes vinculadas a eventuales iniciativas privadas. En términos prácticos, habilita a interesados privados a requerir información, documentación, antecedentes o visitas sobre activos, instalaciones, recursos y capacidades bajo la órbita de la CNEA.

En un país con historia nuclear propia, científicos formados, reactores, patentes, yacimientos de uranio y desarrollo tecnológico acumulado, esa apertura no puede leerse solo como modernización administrativa. La energía nuclear concentra conocimiento, seguridad, soberanía tecnológica y capacidades industriales que no se compran de un día para otro. Se construyen con inversión pública, universidades, investigación, trabajadores especializados y continuidad institucional.

El riesgo mayor está en convertir décadas de aprendizaje nacional en una carpeta de activos disponibles para privados. Si el Estado abandona la conducción estratégica, no solo pierde empresas. Pierde memoria técnica, pierde poder de negociación y pierde autonomía. Una privatización puede firmarse en semanas; reconstruir una política nuclear lleva generaciones.

Vender en un mundo que planifica

La paradoja es profunda. Argentina se desprende de herramientas estratégicas justo en un mundo donde las grandes potencias refuerzan la planificación estatal. China no llegó a su lugar actual dejando libradas sus áreas centrales al azar del mercado. Estados Unidos tampoco discute su competencia global sin industria, tecnología, energía, defensa, subsidios, universidades, empresas protegidas y decisiones estatales.

La reciente visita de Donald Trump a Beijing mostró ese nuevo equilibrio internacional. La reunión con Xi Jinping dejó acuerdos preliminares y pocos detalles cerrados, pero sí una señal clara: la relación entre Washington y Beijing se administra desde el poder, la negociación dura y la defensa de intereses nacionales.

Xi incluso volvió sobre la llamada “trampa de Tucídides”, una advertencia sobre el riesgo de conflicto entre una potencia establecida y otra en ascenso. El mensaje fue global: las grandes potencias miran el siglo XXI con estrategia, no con liquidación de capacidades propias.

En ese contexto, la Argentina de Milei parece caminar en sentido inverso. Mientras otros Estados protegen sectores críticos, el gobierno argentino los ofrece para conseguir dólares de corto plazo. Mientras el mundo discute tecnología, energía y soberanía, Buenos Aires convierte infraestructura pública en caja para vencimientos de deuda.

La deuda como argumento y la soberanía como costo

El gobierno sostiene que necesita recursos. Nadie desconoce las dificultades financieras argentinas ni la presión de los compromisos externos. Pero usar la deuda como razón para desprenderse de áreas estratégicas abre un problema mayor: se venden capacidades permanentes para cubrir obligaciones inmediatas.

La cuenta puede cerrar un trimestre y dejar un vacío para décadas. Si una empresa de agua, una red eléctrica, una represa o un activo nuclear pasan a manos privadas, el Estado no solo recibe dinero. También pierde poder para decidir inversiones, tarifas, prioridades territoriales, investigación y desarrollo.

La discusión de fondo no es nostalgia estatal ni defensa automática de cualquier empresa pública. Es mucho más concreta: hay sectores que un país serio no entrega sin medir las consecuencias. Agua, energía, conocimiento nuclear e infraestructura crítica no son adornos ideológicos. Son la base material de la soberanía.

En la Argentina de Milei, la palabra libertad se usa para justificar el retiro del Estado de zonas donde el mercado no garantiza justicia social, ni equilibrio territorial, ni independencia nacional. La liquidación avanza con lenguaje técnico, formularios, licitaciones y promesas de eficiencia. Pero detrás de cada expediente hay algo más que una operación: hay una pregunta sobre qué país quedará en pie después del remate.