El reclamo de Neltume Ports, accionista mayoritario de Montecon, tendrá su primera sesión este viernes 29 de mayo. La demanda por US$ 600 millones apunta al acuerdo firmado durante el gobierno de Luis Lacalle Pou con Katoen Natie, que extendió hasta 2081 la concesión de Terminal Cuenca del Plata en el puerto de Montevideo

El conflicto portuario llega a una nueva etapa

El arbitraje internacional iniciado por Neltume Ports contra el Estado uruguayo entra esta semana en una fase formal ante el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones, el Ciadi, organismo dependiente del Banco Mundial.

La empresa chilena, accionista mayoritaria de Montecon, reclama US$ 600 millones por entender que Uruguay afectó sus derechos como inversor tras el acuerdo firmado en 2021 entre el gobierno de Luis Lacalle Pou y Katoen Natie, principal accionista de Terminal Cuenca del Plata.

La primera sesión del arbitraje fue fijada para este viernes 29 de mayo. No se trata todavía de una resolución sobre el fondo del caso, sino del comienzo ordenado del procedimiento: reglas, calendario, etapas de presentación de escritos, pruebas y funcionamiento del tribunal.

El caso quedó registrado en el Ciadi como Neltume Ports S.A. contra la República Oriental del Uruguay. Según la base de datos de UNCTAD, el arbitraje continúa pendiente, el reclamo invoca el acuerdo de inversiones entre Uruguay y Chile de 2010 y el monto reclamado por la parte inversora asciende a US$ 600 millones.

El origen: el acuerdo con Katoen Natie

El punto de partida del conflicto está en el acuerdo firmado en 2021 con Katoen Natie. A través de ese entendimiento, el Estado uruguayo extendió por 50 años la concesión de Terminal Cuenca del Plata, hasta 2081, a cambio de una inversión privada anunciada en el entorno de US$ 455 millones para ampliar la terminal especializada de contenedores del puerto de Montevideo.

El gobierno de entonces presentó ese acuerdo como una salida para evitar un juicio internacional mucho mayor, estimado en US$ 1.500 millones, y como una inversión histórica para la principal terminal portuaria del país. Pero desde el comienzo el convenio abrió una discusión política, jurídica y comercial sobre la competencia dentro del puerto de Montevideo.

Montecon operaba contenedores en los muelles públicos. Sus accionistas sostienen que las medidas adoptadas luego del acuerdo favorecieron a Terminal Cuenca del Plata y limitaron la posibilidad de Montecon de transferir y almacenar contenedores en esas áreas públicas. Ese es el núcleo del reclamo: no solamente una disputa empresarial, sino una discusión sobre cómo se ordenó el negocio portuario después de una decisión tomada desde el Poder Ejecutivo.

Neltume Ports posee el 60% de Montecon. El otro 40% pertenece a ATCO, de Canadá, que también inició un arbitraje contra Uruguay por US$ 240 millones, en ese caso bajo el tratado de inversiones entre Uruguay y Canadá.

Una herencia pesada para el Estado uruguayo

El actual gobierno recibió un expediente complejo, con dos arbitrajes internacionales abiertos y una negociación que no logró cerrar el conflicto. En enero de 2026, Presidencia informó que Uruguay y Montecon habían acordado extender el plazo de negociación en el marco de los arbitrajes. En ese comunicado oficial se señaló que Neltume Ports y ATCO habían notificado formalmente al Estado uruguayo en mayo de 2024 el inicio de acciones ante el Ciadi.

Esa etapa de negociación no derivó en un acuerdo definitivo. Vencidos los plazos, el procedimiento internacional vuelve a moverse y Uruguay deberá sostener su defensa ante un tribunal arbitral. Según la información disponible, la defensa del Estado está a cargo del estudio internacional Arnold & Porter Kaye Scholer, junto con la representación institucional uruguaya.

El caso vuelve a poner sobre la mesa una pregunta de fondo: cuánto le puede costar al país una decisión estratégica adoptada en el puerto durante el gobierno anterior. El acuerdo con Katoen Natie fue defendido como una inversión clave, pero también generó reclamos de otros operadores, cuestionamientos políticos y ahora un proceso internacional donde el Estado uruguayo enfrenta una demanda millonaria.

El arbitraje no define todavía responsabilidades ni obliga a Uruguay a pagar. Lo que empieza ahora es una etapa formal donde las partes deberán presentar sus argumentos. Para el país, el riesgo no es menor: se discute un reclamo de US$ 600 millones, asociado a uno de los sectores logísticos más importantes de la economía uruguaya y a una decisión que reordenó por décadas la operativa de contenedores en el puerto de Montevideo.