El acuerdo firmado este viernes divide la nueva infraestructura en dos etapas: 22 centros por unos US$ 32 millones que se proyecta estén disponibles en 2028 y otros 28, por US$ 56 millones, previstos para 2029. El plan incluye escuelas de tiempo completo, liceos, centros de UTU e infraestructura deportiva y forma parte de la apuesta de ANEP por ampliar el tiempo educativo y reforzar la presencia de la educación pública en todo el territorio.
Dos etapas y un nuevo proyecto que todavía debe pasar por la licitación
La Administración Nacional de Educación Pública y la Corporación Nacional para el Desarrollo firmaron este 21 de agosto la ampliación de su acuerdo para estructurar mediante participación público-privada una nueva tanda de infraestructura educativa. El monto estimado alcanza los US$ 88 millones y el cronograma está dividido en dos bloques: la CND trabajará sobre la viabilidad financiera de 22 centros, con una inversión calculada en US$ 32 millones y puesta en servicio prevista para 2028, mientras que el nuevo convenio comprende otros 28 centros por aproximadamente US$ 56 millones. Para este último grupo la CND deberá elaborar el pliego de la licitación, que se espera esté terminado durante el primer trimestre de 2027, por lo que la firma de este viernes constituye un paso decisivo en la estructuración del proyecto pero no significa que las 50 obras estén ya adjudicadas. El quinto proyecto de infraestructura educativa que ANEP presentó al Ministerio de Economía en julio precisa que esos 28 nuevos establecimientos comprenderán 22 edificios educativos —entre liceos, escuelas técnicas de UTU y escuelas de tiempo completo—, cuatro polideportivos y dos piscinas, con financiamiento, construcción y mantenimiento incluidos dentro del contrato PPP.
Infraestructura para extender el tiempo educativo
La inversión se inserta en una política más amplia de ampliación del tiempo educativo, que pretende que una mayor cantidad de niños y adolescentes permanezcan más horas dentro del sistema público con acceso no solamente a clases, sino también a alimentación, deporte y otras experiencias educativas. Pablo Caggiani señaló que las obras también tienen un efecto económico sobre las localidades donde se instalan, tanto por la contratación de trabajadores como por el movimiento que genera la construcción sobre comercios y servicios, mientras el presidente de la CND, Mario Piacenza, definió la continuidad de los proyectos educativos entre ambos organismos como una política de Estado que atravesó distintas administraciones. No parte de cero: en los primeros tres proyectos PPP educativos Uruguay construyó o incorporó 101 centros, entre 44 jardines, 38 escuelas, nueve polos tecnológicos y diez polideportivos, con más de 107.000 metros cuadrados de infraestructura y una inversión acumulada que ANEP estimó en unos US$ 239 millones. Los primeros grandes contratos educativos bajo esta modalidad fueron firmados en 2019 e incluyeron el diseño, financiamiento, construcción y mantenimiento de nuevos centros durante períodos prolongados, por lo que la nueva etapa retoma una herramienta que ya tiene varios años de funcionamiento dentro de la educación pública.
Un punto que las cifras oficiales todavía deben aclarar
El anuncio de este viernes introduce, sin embargo, números diferentes a los que el propio Gobierno había difundido apenas dos meses atrás. El 3 de junio, ANEP y Presidencia presentaron un plan quinquenal de infraestructura de US$ 325 millones, del cual US$ 150 millones correspondían a 44 obras mediante PPP: 12 escuelas de tiempo completo, diez liceos, cuatro escuelas técnicas, tres escuelas agrarias, tres centros educativos asociados, diez polideportivos y dos piscinas cerradas. La presentación técnica de ANEP de aquel momento incluso registraba en otra parte del mismo documento 50 obras PPP por $ 5.967 millones. Ahora Presidencia sitúa el programa global de obras y mantenimiento en US$ 350 millones y el acuerdo firmado con CND en 50 edificios por unos US$ 88 millones. Las publicaciones oficiales disponibles hasta este viernes no explican todavía si la diferencia responde a una reformulación de los proyectos, a distintas formas de contabilizar construcción y mantenimiento o a una actualización del programa. Lo que sí queda confirmado en el acuerdo actual es el esquema inmediato: US$ 32 millones para los primeros 22 centros con horizonte 2028 y US$ 56 millones para otros 28 con horizonte 2029, una inversión que vuelve a colocar a la infraestructura pública como una de las herramientas centrales para ampliar efectivamente el derecho a la educación