Una mujer con discapacidad y su hija fueron víctimas de un allanamiento realizado en la vivienda equivocada durante un operativo antidrogas en Toledo. El Tribunal de Apelaciones declaró ilegal el procedimiento y dejó planteada una pregunta inevitable: si un error así ocurrió de día, ¿qué habría pasado si el Estado también pudiera ingresar de noche a los hogares bajo este tipo de equivocaciones?
Un operativo antidrogas terminó en la casa equivocada
La Policía llegó con una orden judicial para allanar la vivienda de un hombre investigado por presuntos delitos vinculados al narcotráfico. Pero la puerta derribada no correspondía al domicilio correcto.
Del otro lado estaban Mariana Núñez Alaníz y Stella Benítez Núñez, dos mujeres que no tenían vínculo con la investigación. Una de ellas es una mujer con discapacidad, con antecedentes de salud y una pensión. El procedimiento dejó daños materiales, afectación emocional y una marca pública difícil de revertir: en un barrio, un allanamiento alcanza para instalar sospechas aunque la Justicia después diga que fue ilegal.
El operativo ocurrió el 22 de julio de 2025, sobre las ocho de la mañana, en un complejo de viviendas de realojo en Toledo. Formaba parte de una investigación por venta de drogas que sí derivó en incautaciones y condenas. Pero uno de los cuatro allanamientos ejecutados ese día fue dirigido contra una vivienda que no pertenecía a ninguno de los investigados.
El Tribunal de Apelaciones en lo Penal de 1° Turno revocó una resolución anterior y declaró ilegal el procedimiento. Según la resolución, la Fiscalía señaló como domicilio de un investigado una vivienda que en realidad era la de las dos mujeres afectadas. Para el Tribunal, esa equivocación constituyó un “grave error”.
El fallo pone el foco en la responsabilidad del Estado
El Tribunal no discutió la existencia de una investigación por narcotráfico ni la necesidad de perseguir ese delito. El punto fue otro: el Estado no puede entrar por la fuerza a una casa sin verificar de forma exacta e indubitable a quién pertenece el domicilio y quiénes viven allí.
Esa exigencia no es un detalle burocrático. Un allanamiento es una de las medidas más invasivas que puede ejecutar el poder público. Implica entrar en el espacio privado de una familia, revisar pertenencias, romper puertas, exponer a las personas ante sus vecinos y producir miedo.
En este caso, las afectadas dijeron que no se les mostró inicialmente la orden, que fueron reducidas en el piso y que durante varios minutos intentaron explicar que no tenían relación con la investigación. También relataron consecuencias posteriores: problemas para dormir, sobresaltos, daños materiales y estigmatización barrial.
Los abogados de las mujeres adelantaron que iniciarán una demanda civil contra el Ministerio del Interior para reclamar una indemnización por daño moral y daño material. Según señalaron, este sería el quinto fallo favorable que obtienen en casos vinculados a allanamientos realizados en domicilios equivocados.
La pregunta que deja el caso: ¿y si hubiese sido de noche?
El dato central no debe perderse: este allanamiento no fue nocturno. Ocurrió de mañana y con una orden judicial. Pero justamente por eso el caso funciona como advertencia.
Si una orden judicial, tramitada en horario diurno, terminó ejecutándose en una vivienda equivocada, la pregunta es concreta: ¿qué habría pasado si esa misma equivocación se producía de noche, con una mujer con discapacidad durmiendo en su casa y una puerta derribada en plena madrugada?
Uruguay discutió en varias ocasiones la habilitación de los allanamientos nocturnos. Sus defensores la presentan como una herramienta necesaria contra el narcotráfico. El problema es que la discusión suele enfocarse en el delincuente buscado, no en la familia inocente que puede quedar en el medio cuando el Estado se equivoca.
Este fallo muestra que los errores no son una hipótesis abstracta. Existen. Tienen nombres, domicilios, cuerpos y consecuencias. La persecución al narcotráfico exige recursos, inteligencia, investigación y coordinación. Pero ampliar las potestades de ingreso al hogar sin controles más estrictos también amplía el daño posible cuando la información de base está mal.