Durante años, buena parte de la derecha occidental presentó la guerra de Ucrania como una cruzada por la «libertad», la «democracia» y los «valores europeos». Ahora Volodímir Zelenski rechaza convocar elecciones porque, según sostiene, votar en plena guerra sería «un tsunami» capaz de fracturar al país. La democracia que debía ser defendida termina así suspendida hasta que una guerra sin fecha de finalización permita devolverle a la población el derecho a elegir.
La democracia que puede esperar
Zelenski fue elegido presidente en 2019 y su mandato ordinario de cinco años concluyó en mayo de 2024. Las elecciones presidenciales que debían celebrarse ese año no se realizaron, del mismo modo que las parlamentarias previstas para 2023. La razón jurídica existe: la legislación ucraniana prohíbe expresamente celebrar elecciones presidenciales, parlamentarias y locales mientras esté vigente la ley marcial, y la Constitución establece que el presidente continúa ejerciendo hasta que asuma un sucesor electo. Esa ley marcial, instaurada después de la invasión rusa de febrero de 2022, continúa siendo prorrogada por Zelenski y aprobada por el Parlamento. El resultado político es bastante menos sofisticado que toda la arquitectura jurídica utilizada para explicarlo: Ucrania lleva desde 2019 sin renovar mediante elecciones nacionales ni a su presidente ni a su Parlamento.
La discusión volvió a estallar después de que el recientemente destituido ministro de Defensa Mykhailo Fedorov, una de las figuras políticas con mayor proyección del país, reclamara encontrar un mecanismo para volver a votar incluso en condiciones de guerra. Fedorov sostuvo que «la democracia no puede ser rehén de Rusia» y habló de una crisis de gobernabilidad, corrupción y pérdida de confianza. Su destitución había provocado protestas inusuales en Kiev, aunque ni siquiera entre quienes salieron a respaldarlo existe unanimidad sobre celebrar elecciones ahora. Zelenski respondió este fin de semana que votar en estas condiciones sería un «enorme riesgo» y que podría «destruir el país» al dividir a los ucranianos. El último relevamiento del Instituto Internacional de Sociología de Kiev confirma que el reclamo electoral inmediato es minoritario: apenas 15% quiere elecciones antes del fin de los combates, 23% aceptaría celebrarlas después de un alto el fuego acompañado de garantías de seguridad y 57% prefiere esperar hasta un acuerdo de paz definitivo. Pero una democracia no se define únicamente por cuántas personas aceptan temporalmente no votar: también por la existencia de mecanismos efectivos para sustituir a quienes gobiernan.
«Libertad» para la exportación
La contradicción alcanza de lleno al relato con el que Europa presentó esta guerra. Apenas dos meses atrás, el Partido Popular Europeo, principal familia política de la centroderecha continental, volvió a definir el sacrificio ucraniano como una defensa de «la libertad, la democracia y los valores europeos». El mismo EPP había convertido a Ucrania desde 2022 en ejemplo de una sociedad que combatía por esas libertades. Entretanto, Freedom House clasifica actualmente a Ucrania como «parcialmente libre» y señala que las elecciones siguen suspendidas, que más de una docena de partidos considerados prorrusos fueron prohibidos y que los principales canales de noticias quedaron integrados durante la guerra en una plataforma informativa bajo control gubernamental, con predominio de representantes oficialistas. La organización también registra un deterioro de la transparencia durante la ley marcial. No se trata entonces solamente de una urna que falta: la guerra ha permitido concentrar poder político, restringir el pluralismo y postergar indefinidamente la posibilidad de que la ciudadanía cambie a quienes gobiernan.
Cuando votar se convierte en una amenaza
La derecha internacional tampoco mantiene un discurso único: mientras el conservadurismo europeo ha presentado durante años a Zelenski como símbolo de la democracia frente a Putin, Donald Trump llegó a llamarlo en 2025 «dictador sin elecciones» cuando su relación con Kiev entró en conflicto. El contraste expone hasta qué punto las palabras democracia, libertad y autoritarismo pueden convertirse en herramientas de conveniencia geopolítica. Rusia invadió ilegalmente Ucrania y esa agresión es el origen de la ley marcial; pero reconocer quién inició la guerra no obliga a aceptar que el estado de excepción deba convertirse en un cheque en blanco democrático. Si una elección puede ser aplazada porque divide al país, si el mandato presidencial puede prolongarse mientras continúe una guerra cuya fecha de terminación nadie conoce y si reclamar las urnas empieza a ser presentado como una amenaza para la supervivencia nacional, la pregunta deja de ser cuándo podrá votar Ucrania. La pregunta es cuánto puede suspenderse una democracia en nombre de defenderla antes de que la palabra democracia empiece a perder su contenido.
