Gustavo Salle construyó su discurso contra los pactos del sistema, la opacidad del Estado y los arreglos de la política tradicional. Pero en la investigadora de ASSE, su postura puede terminar funcionando como una tranca al esclarecimiento del manejo de dineros públicos.

El discurso era contra la casta, pero el voto puede terminar ayudando a la casta.

Gustavo Salle llegó al Parlamento con una identidad política construida sobre la denuncia permanente contra los acuerdos de pasillo, los pactos entre partidos, la corrupción, la opacidad del Estado y la falta de controles reales sobre el poder. Durante años habló frente a sus electores como quien venía a romper una lógica: la de los que dicen investigar, pero terminan protegiéndose entre ellos.

Sin embargo, el caso ASSE empieza a mostrar una contradicción difícil de disimular. En medio de una disputa parlamentaria por la creación de una comisión investigadora sobre el manejo de recursos públicos, Salle decidió apoyar solamente la propuesta impulsada por la coalición de derecha. Esa posición, presentada como una defensa de “investigar todo”, puede tener una consecuencia concreta: que no salga ninguna investigadora.

Ahí está el punto político de fondo. No alcanza con levantar una bandera moral si, a la hora de votar, esa bandera termina sirviendo para bloquear el único camino parlamentario que puede reunir mayorías. No alcanza con decir que se quiere investigar todo si la decisión práctica termina entorpeciendo que se investigue algo. La transparencia no se mide solo por discursos encendidos, sino por los efectos reales de cada voto.

ASSE, los dineros públicos y una investigación que no puede quedar atrapada en el teatro político

El tema no es menor ni administrativo. ASSE es el principal prestador público de salud del país. Atiende a cientos de miles de personas, administra recursos estatales, contrata servicios, compra insumos, gestiona hospitales, traslados, camas y convenios con privados. Cualquier sospecha seria sobre su funcionamiento debe ser investigada con rigor, sin blindajes partidarios y sin maniobras para embarrar la cancha.

La actual administración resolvió denunciar penalmente a jerarcas de la gestión anterior encabezada por Leonardo Cipriani, tras una investigación administrativa que señaló presuntas irregularidades en la gestión del SAME 105 entre 2022 y 2024, contrataciones cuestionadas, convenios con mutualistas privadas y observaciones sobre el uso de recursos públicos.

Entre los puntos más graves figura la contratación de servicios de traslado, con una concentración muy alta del gasto en una empresa, además de cuestionamientos vinculados a convenios con Casmu, Círculo Católico y la gestión del Hospital de Treinta y Tres. Todo eso merece investigación parlamentaria, judicial y administrativa. No como espectáculo, sino como obligación democrática.

Por eso resulta tan delicada la posición de Salle. Porque no se está discutiendo una moción simbólica ni una pelea menor entre bancadas. Se está discutiendo si el Parlamento va a abrir una herramienta concreta para revisar cómo se manejaron recursos públicos en un organismo sensible del Estado.

El anticasta que puede terminar haciendo el juego de siempre

La coalición pretende una investigadora más amplia, desde 2015 hasta la actualidad, con énfasis también en el caso Álvaro Danza. El Frente Amplio plantea investigar la gestión anterior, especialmente el período 2020-2024, marcado por la administración de Cipriani y por las denuncias surgidas en ASSE. Cabildo Abierto no quiere acompañar dos comisiones. En ese escenario, los votos de Identidad Soberana se vuelven decisivos.

Salle sabe eso. No es un recién llegado ingenuo al debate público. Es abogado, conoce el peso político de una comisión investigadora y sabe que en el Parlamento no solo importan las intenciones declaradas, sino los votos efectivos. Por eso su postura no puede leerse únicamente como una defensa principista de investigar todo. También debe leerse por sus consecuencias.

Si su voto solo acompaña una propuesta que no junta mayoría, y al mismo tiempo se niega a habilitar la que sí puede avanzar, el resultado no es “investigar todo”. El resultado es no investigar ahora. Y si no se investiga ahora, ganan los mismos de siempre: los que administraron dineros públicos sin dar explicaciones suficientes, los que prefieren que el expediente quede atrapado en la pelea partidaria y los que convierten el control democrático en una pulseada de tribuna.

La contradicción es evidente. Salle denuncia a la casta, pero en este caso puede terminar actuando como una pieza funcional al bloqueo institucional. Dice combatir los arreglos del sistema, pero su postura puede ayudar a que el sistema no se mire a sí mismo. Habla en nombre de la honestidad pública, pero se alinea con una jugada que, en los hechos, puede impedir que el Parlamento investigue una gestión señalada por presuntas irregularidades.

No se trata de pedirle a Salle que se vuelva frenteamplista ni que abandone sus críticas al gobierno actual. Se trata de algo mucho más simple: si realmente quiere investigar el manejo de los recursos públicos, debe habilitar una investigación posible. Después podrá pedir ampliaciones, citar jerarcas, reclamar documentos, interrogar autoridades y empujar todo lo que considere necesario. Pero bloquear la puerta de entrada y presentarse como guardián de la transparencia es una contradicción demasiado grande.

El discurso anticasta siempre suena bien desde afuera. Sirve para juntar bronca, votos y aplausos. Pero el Parlamento obliga a elegir. Y en ASSE, Salle enfrenta una prueba concreta: ser coherente con su promesa de control o quedar pegado a la lógica que decía combatir.

Porque al final, la casta no siempre aparece con traje tradicional, cargo ministerial o apellido de partido grande. A veces aparece también en el gesto de quien grita contra el sistema, pero termina ayudando a que el sistema no rinda cuentas.

Fuentes; La diaria,Caras y Caretas