El proyecto para construir un aeropuerto internacional en Rocha avanza con respaldo político y promesa de mayor conectividad para el este. Pero la ubicación propuesta, entre Laguna Garzón y Laguna de Rocha, encendió advertencias del Ministerio de Ambiente por posibles impactos sobre aves, biodiversidad, ruido y áreas protegidas.

Una obra pensada para conectar el este

Rocha volvió a quedar en el centro de una discusión estratégica para el país. El proyecto de un aeropuerto internacional en el departamento aparece presentado como una oportunidad para mejorar la conectividad del este, atraer turismo de mayor poder adquisitivo, facilitar vuelos privados y chárter, y acompañar el crecimiento turístico e inmobiliario de la costa oceánica.

La iniciativa tiene un marco político ya aprobado. El Parlamento habilitó el camino para que Corporación América Airports construya, conserve y explote la nueva terminal en Rocha. A cambio, la empresa podría extender por 25 años la concesión del Aeropuerto de Laguna del Sauce, en Maldonado.

El esquema elegido evita una inversión directa inicial del Estado, pero abre una discusión pública inevitable: qué recibe el país, qué gana el privado, qué controles se aplican y qué costo territorial puede tener una obra de estas características.

El proyecto informado prevé una terminal para unos 50 pasajeros, hangares, estacionamiento y una pista de 1.350 metros, ampliable a 1.600. No se trataría, al menos en esta etapa, de una terminal masiva comparable con Carrasco, sino de una infraestructura orientada principalmente a aeronaves de menor porte, jets privados y vuelos chárter.

El punto crítico: la ubicación

La discusión principal no está solamente en la necesidad o no de un aeropuerto. El punto más sensible es el lugar elegido. La ubicación proyectada se encuentra sobre la ruta 10, con acceso por Camino al Caracol, entre Laguna Garzón y Laguna de Rocha.

Esa zona no es un terreno cualquiera. Está rodeada por ecosistemas de enorme valor ambiental, paisajístico y turístico. De un lado se encuentra Laguna de Rocha, integrada al Sistema Nacional de Áreas Protegidas y reconocida por su valor para aves residentes y migratorias. Del otro, Laguna Garzón, también incorporada al sistema de protección ambiental y ubicada en una franja de fuerte presión inmobiliaria.

El Ministerio de Ambiente no acompañó la clasificación inicial propuesta por Dinacia. En lugar de tratar el proyecto como una obra con impactos moderados, el área técnica sugirió elevarlo a una categoría que exige un estudio ambiental más completo. Esa diferencia no es menor. Implica más análisis, más información pública, mayor exigencia técnica y una instancia de participación ciudadana.

Las advertencias se concentran en varios puntos: rutas de aproximación y despegue, riesgo de colisión con aves, aumento de ruido, alteración de hábitats, efectos sobre fauna y eventual presión sobre viviendas cercanas. En una zona utilizada por aves acuáticas, costeras y migratorias, el trazado aéreo importa tanto como el predio donde se construya la pista.

Desarrollo sí, pero con control público y ambiental

Rocha tiene derecho a discutir infraestructura, conectividad y trabajo. El departamento no puede quedar condenado a elegir entre aislamiento o explotación desordenada de su territorio. Pero una obra de esta magnitud exige una evaluación seria, transparente y con participación social real.

El desarrollo no puede medirse solo por la llegada de inversiones, vuelos privados o nuevos emprendimientos costeros. También debe medirse por la protección de bienes comunes, el cuidado de las áreas protegidas, el impacto sobre comunidades locales y la capacidad del Estado para ordenar el territorio antes de que los hechos consumados marquen el rumbo.

La defensa del ambiente no debería ser presentada como un obstáculo automático al progreso. En Rocha, el ambiente es parte central de la riqueza del departamento. Sus lagunas, playas, humedales, aves, pesca artesanal, turismo de naturaleza y baja densidad relativa son activos sociales, económicos y culturales. Dañarlos en nombre del crecimiento sería una forma corta de mirar el desarrollo.

El proyecto todavía está en trámite y la ubicación podría no ser definitiva. Esa etapa debe servir para hacer las preguntas correctas: si el sitio elegido es el más adecuado, si existen alternativas de menor impacto, si los beneficios públicos compensan los riesgos y si el país está dispuesto a extender concesiones privadas sobre infraestructura estratégica sin una discusión amplia sobre el interés general.