El gobierno volvió a colocar sobre la mesa una discusión sensible para Uruguay: el vínculo entre Estado, laicidad y comunidades religiosas en el abordaje de las adicciones. El presidente Yamandú Orsi afirmó que el país se fue “de mambo” con la laicidad y sostuvo que se subestimó el lugar de la espiritualidad en personas golpeadas por el abandono, el consumo problemático y la exclusión social.

La frase generó ruido porque toca una tradición profunda del Uruguay moderno. La separación entre religión y Estado no fue un accidente histórico ni una exageración cultural. Fue una conquista civilizatoria. Permitió construir una esfera pública donde ninguna fe manda sobre las demás, donde la conciencia individual queda protegida y donde las políticas públicas deben responder a derechos, evidencia y responsabilidad institucional.

Eso no impide que el Estado dialogue con actores religiosos. Pero obliga a marcar una frontera: el Estado puede escuchar, coordinar y reconocer tareas comunitarias; lo que no puede hacer es convertir la fe en política pública ni delegar en instituciones religiosas la atención de personas vulnerables.

El gobierno busca apoyo territorial frente a las adicciones

La Junta Nacional de Drogas impulsó en abril el encuentro “Construir Comunidad: Diálogo entre Estado y Comunidades de Fe”, con participación de autoridades nacionales, referentes religiosos y apoyo de la Comisión Interamericana para el Control del Abuso de Drogas de la OEA. Según la información oficial, participaron representantes de diez comunidades religiosas con trabajo territorial junto a personas con consumo problemático.

El planteo del gobierno parte de una constatación real: en muchos barrios, iglesias, templos y comunidades de fe llegan a lugares donde el Estado llega tarde, llega poco o no logra sostener presencia cotidiana. Allí hay redes de escucha, comida, acompañamiento, refugio, contacto con familias y seguimiento personal.

Negar esa realidad sería un error. Pero idealizarla también. La atención de las adicciones no puede depender de buena voluntad, caridad, moral religiosa ni promesa espiritual. Tiene que apoyarse en salud pública, salud mental, vivienda, trabajo, educación, reducción de daños, evidencia científica y equipos profesionales.

Desde una mirada humanista, el centro no debe ser la institución religiosa ni la disputa doctrinaria. El centro debe ser la persona: su dignidad, su autonomía, su derecho a recibir ayuda sin condicionamientos y sin presión de ningún credo.

La laicidad no es hostilidad: es garantía democrática

La Constitución uruguaya es clara: todos los cultos religiosos son libres, pero el Estado no sostiene religión alguna. Esa definición no persigue creyentes. Los protege. También protege a quienes no creen, a quienes dudan, a quienes cambiaron de religión y a quienes no quieren que una institución espiritual intervenga en su vida privada.

Por eso la laicidad no debe entenderse como desprecio hacia las religiones. Debe entenderse como una garantía democrática. El Estado no tiene alma, no tiene fe y no tiene dogma. Tiene obligaciones. Tiene que cuidar derechos, administrar recursos públicos y responder con criterios universales.

El riesgo aparece si la emergencia social abre la puerta a una confusión peligrosa: que la ausencia estatal sea compensada por organizaciones religiosas y luego presentada como virtud. Una política de izquierda no puede naturalizar eso. Si hay comunidades que sostienen a personas abandonadas, el dato no debería servir para celebrar el retiro del Estado, sino para mostrar dónde el Estado debe reconstruir presencia.

La cooperación puede existir. La rectoría estatal debe ser irrenunciable.

La política pública no puede depender de la fe

Orsi sostuvo que en el tema adicciones algunas iglesias trabajan mejor que el Estado. La afirmación incomoda, pero obliga a mirar un problema concreto. Si una persona atravesada por el consumo encuentra antes una puerta religiosa que una respuesta pública, algo falla en el sistema.

La solución no es reemplazar al Estado por iglesias. La solución es fortalecer al Estado para que llegue antes, acompañe mejor y no abandone después. La experiencia comunitaria puede aportar cercanía, pero la política debe mantener dirección pública, control democrático y enfoque de derechos.

El gobierno deberá cuidar esa frontera con precisión. Toda articulación con comunidades religiosas tendría que garantizar igualdad de trato, ausencia de proselitismo, respeto a la libertad de conciencia, criterios técnicos y acceso sin discriminación. Nadie debe sentirse obligado a aceptar una narrativa espiritual para recibir ayuda.

La izquierda uruguaya tiene allí una discusión necesaria: reconocer el trabajo social de creyentes sin retroceder en la laicidad; valorar la solidaridad sin entregar la política pública; escuchar al territorio sin permitir que el dolor social sea administrado por respuestas religiosas. En adicciones, pobreza y salud mental, la respuesta central debe ser pública, científica, laica y profundamente humana.

Fuentes:
Presidencia