Su ciudadanía estadounidense, sus vínculos con el trumpismo, sus amenazas de acudir a leyes de Estados Unidos contra adversarios colombianos y sus propuestas de mayor presencia militar norteamericana colocan en el centro una pregunta política: ¿se puede gobernar Colombia sin ceder soberanía?
Un candidato colombiano que juró lealtad a Estados Unidos
Abelardo de la Espriella no es solamente un dirigente de ultraderecha con discurso de mano dura. También es ciudadano estadounidense. Ese dato, que podría parecer administrativo, adquiere otro peso cuando se lo mira junto a su trayectoria política reciente y a sus alineamientos internacionales.
En 2023, De la Espriella anunció públicamente que había obtenido la ciudadanía de Estados Unidos. Para acceder a esa nacionalidad, todo nuevo ciudadano debe prestar el juramento de lealtad exigido por ese país, que incluye renunciar “absoluta y completamente” a toda lealtad previa frente a otro Estado o soberanía extranjera, además de prometer defender la Constitución y las leyes estadounidenses.
La discusión no es si una persona puede tener doble nacionalidad. La pregunta de fondo es otra: qué ocurre cuando alguien que aspira a gobernar Colombia también juró lealtad política y jurídica a una potencia extranjera que históricamente intervino en América Latina.
Esa tensión se vuelve más delicada porque no se trata solo de un vínculo formal con Estados Unidos. De la Espriella se ha mostrado alineado con el Partido Republicano, con el movimiento MAGA y con el entorno político de Donald Trump. En plena campaña presidencial colombiana, esa cercanía dejó de ser un dato lateral para convertirse en un tema de soberanía.
Trump, MAGA y la política colombiana llevada a Washington
El respaldo de Donald Trump a De la Espriella no apareció en el vacío. El expresidente y actual referente central de la derecha estadounidense lo felicitó públicamente tras la primera vuelta y lo presentó como un líder fuerte, inteligente y duro. Ese gesto fue leído en Colombia como una intervención directa en el proceso electoral.
La candidatura de De la Espriella combina un discurso nacionalista con una práctica política que busca apoyo, presión y legitimidad en Washington. Allí aparece una de sus mayores contradicciones: habla de patria, pero acude al poder estadounidense para golpear adversarios internos.
En los últimos meses, el candidato lanzó advertencias contra dirigentes del Pacto Histórico y contra figuras del entorno del presidente Gustavo Petro. También anunció solicitudes ante autoridades de Estados Unidos para retirar visas, activar sanciones y recurrir a marcos legales estadounidenses como la ley RICO y la llamada ley Bolívar.
Esas amenazas, hechas sin presentar pruebas concluyentes en sus comunicaciones públicas, trasladan una disputa política colombiana al terreno judicial, diplomático y sancionatorio de Estados Unidos. El mensaje es grave: quien no se alinee con su proyecto puede terminar denunciado, sancionado o perseguido desde Washington.
El problema no es solo De la Espriella. El problema es el modelo político que representa. Una derecha latinoamericana que se dice patriótica, pero acepta la tutela de Estados Unidos; que habla de soberanía, pero pide visas, sanciones y castigos extranjeros contra sus propios compatriotas.
Bases militares, Plan Colombia 2 y el riesgo de una soberanía subordinada
La dimensión más preocupante aparece en sus propuestas de seguridad. De la Espriella planteó la posibilidad de un segundo Plan Colombia y de mayor cooperación militar con Estados Unidos, incluyendo tecnología, drones y vínculos con empresas del complejo militar-industrial norteamericano.
Esa agenda conecta directamente con la vieja receta de Washington para América Latina: militarización, inteligencia extranjera, control territorial y dependencia tecnológica. Bajo el discurso de combatir al narcotráfico o al crimen organizado, se abre la puerta a una presencia más fuerte de Estados Unidos en decisiones estratégicas de Colombia.
La experiencia regional debería servir de advertencia. El Plan Colombia dejó una marca profunda: intervención, subordinación de la política de seguridad, violaciones de derechos humanos, fortalecimiento de aparatos militares y una guerra interna que nunca se resolvió únicamente con armas.
Ahora, la promesa de un “Plan Colombia 2” reaparece bajo el ropaje del trumpismo, con drones, bases, empresas de defensa y un discurso de guerra total contra los enemigos políticos y sociales. No es una discusión técnica sobre seguridad. Es una definición sobre quién manda: si el pueblo colombiano a través de sus instituciones o una agenda diseñada entre Bogotá, Miami y Washington.
La candidatura de Abelardo de la Espriella condensa una paradoja de la derecha regional. Se envuelve en símbolos patrióticos, pero mira hacia Estados Unidos para definir enemigos, pedir castigos y diseñar políticas de seguridad. La pregunta, entonces, no es solo a qué país le guarda lealtad un candidato con ciudadanía estadounidense. La pregunta mayor es si Colombia puede permitirse un gobierno que convierta la soberanía nacional en una extensión de la política exterior de Trump.