El programa piloto alcanzará a 350 personas liberadas del sistema penitenciario y combinará documentación, salud, formación, apoyo social, vivienda transitoria y empleo protegido. El gobierno plantea la iniciativa como una política de seguridad integral para reducir la reincidencia y cortar el vínculo entre pobreza, exclusión y delito.

Un programa para el egreso carcelario

El gobierno presentó el programa Libertad Segura, una iniciativa piloto destinada a acompañar a personas que egresan del sistema penitenciario y facilitar su reinserción social. El plan comenzará con 350 personas y busca actuar sobre uno de los momentos más críticos del recorrido carcelario: la salida en libertad.

La propuesta fue presentada en Torre Ejecutiva y reúne a Presidencia, la Oficina de Planeamiento y Presupuesto, el Ministerio del Interior, el Ministerio de Desarrollo Social, el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, el Ministerio de Vivienda, el Ministerio de Salud Pública, ASSE, Inefop, la Junta Nacional de Drogas, el Instituto Nacional de Rehabilitación y la Intendencia de Montevideo.

El secretario de Presidencia, Alejandro Sánchez, sostuvo que el programa apunta a “romper el círculo vicioso de pobreza, violencia y delito”. La definición marca un cambio de enfoque: no mirar la seguridad solamente desde la cárcel o el castigo, sino también desde las condiciones reales que encuentra una persona cuando recupera la libertad.

La primera etapa comenzará en las próximas semanas. Antes del egreso, las personas seleccionadas deberán actualizar o tramitar documentación básica, como la cédula de identidad, y acceder a servicios de salud, capacitación laboral, construcción de perfiles de trabajo y apoyos sociales.

Trabajo, salud y vivienda para reducir la reincidencia

El programa prevé acceso a cursos de Inefop, atención sanitaria, medicamentos, Tarjeta Uruguay Social, boletos de transporte, vestimenta, un celular con precarga, apoyo habitacional y empleo protegido durante un año.

En una primera fase, la Intendencia de Montevideo incorporará participantes al plan. Según informó el intendente Mario Bergara, serán 300 varones y 50 mujeres en empleos protegidos durante un año. Luego, la intención del gobierno es avanzar hacia la inserción en el empleo privado formal, con intermediación laboral y herramientas previstas en el proyecto de Ley de Empleo Integral.

El director de la OPP, Rodrigo Arim, planteó que el programa tiene dos objetivos centrales: reducir la reincidencia y afirmar el derecho de las personas liberadas a construir un proyecto de vida en libertad. Según los datos presentados por el gobierno, tres de cada diez personas liberadas vuelve a delinquir antes de los seis meses y dos terceras partes reinciden antes de los tres años.

Ese dato muestra la dimensión del problema. Una persona que sale de la cárcel sin documentos, sin trabajo, sin vivienda, sin redes familiares, sin atención en salud mental y expuesta nuevamente a circuitos delictivos tiene muchas menos posibilidades de sostener una vida fuera del delito. La salida de prisión, sin acompañamiento, puede transformarse en una puerta giratoria hacia el mismo lugar.

Seguridad pública con inclusión social

El ministro del Interior, Carlos Negro, sostuvo que ninguna política de seguridad resulta sostenible si no existen condiciones reales para el reingreso social. En esa línea, el gobierno busca integrar el egreso carcelario al Plan Nacional de Seguridad Pública, con programas laborales, educativos, habitacionales y de acompañamiento antes y después de la liberación.

La directora del Instituto Nacional de Rehabilitación, Ana Juanche, destacó que el programa tendrá enfoque de género. Aunque las mujeres representan cerca del 10% de la población penitenciaria, enfrentan situaciones específicas vinculadas al cuidado, los vínculos familiares, la salud y las trayectorias previas de violencia o exclusión.

El ministro de Desarrollo Social, Gonzalo Civila, señaló que la Dirección Nacional del Liberado tendrá un rol clave en el seguimiento de las personas que recuperan la libertad. Por su parte, el ministro de Trabajo, Juan Castillo, remarcó que el trabajo no es solamente un ingreso económico: ordena la vida cotidiana, genera autonomía, construye vínculos y permite proyectar un futuro.

Libertad Segura se presenta como una respuesta frente a un problema que Uruguay arrastra desde hace décadas: una población carcelaria en crecimiento, altos niveles de reincidencia y una sociedad que muchas veces reclama más encierro sin discutir qué ocurre cuando las personas salen de prisión.

El desafío será que el programa no quede reducido a un piloto aislado. Para tener impacto real, deberá sostenerse, ampliarse, evaluarse y coordinarse con instituciones públicas, gobiernos departamentales, empresas, organizaciones sociales y comunidades. La seguridad también se construye cuando el Estado evita que la libertad sea apenas una salida sin destino.

Fuentes

Presidencia informó que Libertad Segura fue presentado el 25 de mayo de 2026 en Torre Ejecutiva, que comenzará como piloto para 350 personas y que incluirá documentación, salud, Tarjeta Uruguay Social, cursos de Inefop, boletos y empleo protegido