Tatiana Antúnez y Paula de Armas trabajan en un proyecto de ley para modificar el sistema de adopciones. La iniciativa apunta a reducir obstáculos judiciales y económicos, crear licencias especiales para familias adoptantes y fortalecer el derecho de niñas, niños y adolescentes a vivir en familia.

Un acuerdo político en torno a un problema sensible

Las diputadas Tatiana Antúnez, del Frente Amplio, y Paula de Armas, del Partido Colorado, preparan un proyecto de ley para modificar el sistema de adopciones en Uruguay. La iniciativa cruza fronteras partidarias y pone sobre la mesa un tema que arrastra dificultades desde hace años: procesos largos, costos altos, demoras judiciales, falta de acompañamiento suficiente y situaciones que terminan afectando tanto a las familias adoptantes como a niñas, niños y adolescentes que esperan una solución estable.

El eje del planteo no está puesto solamente en acelerar trámites. El punto central es revisar el sistema de punta a punta, desde la postulación de las familias hasta la integración definitiva, sin perder de vista que el derecho principal es el de niñas, niños y adolescentes a crecer en un entorno familiar seguro, cuidado y acompañado.

El propio INAU define la adopción como una herramienta para restituir el derecho a vivir en familia de quienes están privados de un medio familiar. El proceso actual incluye entrevista, inscripción, estudio técnico, ingreso al Registro Único de Aspirantes, tenencia y asesoría jurídica. Esa estructura busca dar garantías, pero en la práctica muchas familias denuncian demoras, incertidumbre y costos difíciles de sostener.

Adoptar no puede ser un privilegio

Uno de los puntos que trabajan las legisladoras es el costo económico del proceso. La adopción puede implicar instancias judiciales, traslados, contrataciones técnicas, tiempo laboral perdido y gastos que no todas las familias pueden afrontar. Ese filtro económico termina generando una desigualdad de hecho: hay familias con voluntad y condiciones afectivas para adoptar que quedan golpeadas por un sistema que exige recursos, tiempo y resistencia emocional.

La iniciativa también propone crear licencias especiales para familias adoptantes. Ese punto es clave, porque el proceso no se agota en un expediente. Hay entrevistas, encuentros, visitas, adaptación, traslados y tiempos de construcción del vínculo. Una familia trabajadora no debería quedar obligada a elegir entre cuidar ese proceso o conservar su estabilidad laboral.

El proyecto también mira especialmente las realidades del interior del país, donde las distancias, los traslados y el acceso a equipos técnicos pueden volver todavía más pesado un trámite que ya es complejo. La discusión, en ese sentido, no puede quedar encerrada en Montevideo ni pensarse desde una familia ideal, con tiempo, dinero y disponibilidad permanente.

Infancias, identidad y salud

Los datos muestran la dimensión del problema. En 2025 fueron adoptados 104 niños en Uruguay, mientras 564 menores permanecían bajo amparo del Estado a la espera de una familia. Casi 90% de quienes aguardan tienen más de 7 años, una edad que suele convertirse en una barrera para concretar adopciones. También pesan otros factores, como grupos de hermanos, situaciones de discapacidad o enfermedades.

Otro punto en estudio es la creación de un registro en ASSE para que niñas, niños y adolescentes adoptados puedan acceder a información sobre eventuales patologías heredadas. Ese aspecto conecta la adopción con el derecho a la identidad, a la salud y a conocer la propia historia. No se trata solamente de saber de dónde se viene, sino también de contar con información necesaria para cuidar la vida presente y futura.

La reforma deberá cuidar un equilibrio delicado: evitar que la burocracia prolongue innecesariamente la institucionalización, pero sin convertir la rapidez en un fin en sí mismo. Acelerar sin equipos suficientes, sin seguimiento y sin garantías puede generar nuevos daños. El desafío del Estado es construir un sistema más humano, más claro y más justo, donde la protección de la infancia no dependa del bolsillo de una familia ni de la lentitud de un expediente.