En medio de bloqueos, escasez y protestas contra el presidente Rodrigo Paz, el Senado boliviano aprobó un proyecto para abrogar la Ley 1341 de Estados de Excepción. La iniciativa pasa ahora a Diputados y abre una señal política delicada: más margen para el Ejecutivo en un país atravesado por conflicto social, presión empresarial y denuncias de violencia.

Una votación en medio del conflicto

El Senado de Bolivia aprobó un proyecto de ley para abrogar la Ley 1341 de Estados de Excepción, una norma sancionada en 2020 para regular las condiciones bajo las cuales el Ejecutivo puede recurrir a medidas extraordinarias en situaciones de crisis. La iniciativa fue remitida a la Cámara de Diputados, que deberá definir si acompaña o no la decisión tomada por la cámara alta.

La votación ocurrió en un momento de máxima tensión política y social. Bolivia atraviesa semanas de bloqueos, protestas, desabastecimiento de combustible, dificultades para el ingreso de alimentos y problemas en la circulación de insumos médicos. Las movilizaciones comenzaron por reclamos económicos, falta de combustible, inflación y rechazo a medidas del gobierno de Rodrigo Paz, pero derivaron también en pedidos abiertos de renuncia del presidente.

El proyecto aprobado en el Senado tiene un artículo único: abrogar la Ley 1341. Según medios bolivianos, fue presentado por el presidente de la Cámara Alta, Diego Ávila Navaja, y aprobado con respaldo de más de dos tercios de los legisladores presentes. Desde sectores favorables a la derogación se argumenta que la norma vigente ponía “candados” excesivos al uso del estado de excepción. Desde voces críticas, en cambio, se advierte que una abrogación total puede dejar un vacío normativo y aumentar el margen de acción del Ejecutivo justo en medio de un conflicto social abierto.

La discusión no es menor. En contextos de crisis, los estados de excepción pueden convertirse en una herramienta para proteger derechos básicos, garantizar circulación de alimentos, medicinas y atención sanitaria. Pero también pueden transformarse en una puerta peligrosa para la militarización, la criminalización de la protesta y la concentración de poder.

La presión por endurecer la respuesta

La derogación de la Ley 1341 llega mientras sectores empresariales, regionales y cívicos reclaman una respuesta más dura del gobierno frente a los bloqueos. El Comité pro Santa Cruz pidió días atrás la aplicación de un “estado de excepción sectorizado” en las zonas afectadas por protestas y cortes de ruta. Ese pedido coloca al Ejecutivo ante una presión concreta: usar la fuerza estatal para despejar caminos y restablecer el abastecimiento.

El gobierno de Rodrigo Paz sostiene que enfrenta un intento de desestabilización. Responsabiliza a sectores vinculados al expresidente Evo Morales y a organizaciones movilizadas por el deterioro del clima político. Morales rechaza esas acusaciones y plantea que las protestas expresan el rechazo popular a un modelo económico de ajuste, pérdida de derechos y deterioro de las condiciones de vida.

El conflicto combina varias capas. Hay una crisis económica profunda, falta de combustible, tensión por medidas de austeridad, sectores populares movilizados, presión de actores empresariales y un gobierno que llegó al poder hace pocos meses con promesas de estabilización. En ese escenario, abrir la puerta a medidas excepcionales sin controles claros puede agravar el choque entre autoridad estatal y protesta social.

El dato más sensible es que la crisis ya dejó heridos, denuncias de abuso y muertes vinculadas al conflicto o a sus consecuencias. Reuters informó que las protestas comenzaron con huelgas a principios de mayo y se ampliaron a sindicatos, mineros, transportistas y grupos rurales, con bloqueos que afectaron alimentos, combustible e insumos médicos. El gobierno desplegó fuerzas de seguridad y anunció corredores humanitarios para permitir el paso de bienes esenciales hacia La Paz.

Derechos humanos, diálogo y riesgo de escalada

La Iglesia Católica, la Defensoría del Pueblo y la Asamblea Permanente de Derechos Humanos de El Alto emitieron un pronunciamiento conjunto para pedir el cese inmediato de la violencia, la apertura de canales de diálogo y una investigación urgente, independiente y transparente sobre los hechos ocurridos, incluidas denuncias de personas heridas, un fallecido y posibles vulneraciones a los derechos humanos.

Ese llamado marca el centro del problema. Bolivia necesita resolver el abastecimiento, garantizar la circulación de alimentos y medicinas, y evitar que la población quede rehén de una crisis política. Pero ninguna salida democrática puede construirse sobre la idea de que la protesta social es, por sí misma, un enemigo interno a derrotar.

La abrogación de una ley que regulaba los estados de excepción debería discutirse con máxima responsabilidad institucional, no al calor de la presión por reprimir bloqueos. La vida, la integridad física, la salud, la alimentación y la paz social deben estar en el centro de cualquier decisión pública. En países con historias marcadas por golpes, militarización y violencia estatal, las herramientas excepcionales nunca son un detalle administrativo.

El riesgo es que una crisis económica termine administrada como una crisis de orden público. Ese camino suele tener consecuencias previsibles: se debilita el diálogo, se endurece la respuesta estatal, se instala la lógica del enemigo y se desplaza el reclamo social hacia el terreno penal. Bolivia necesita desbloquear rutas, pero también necesita desbloquear una salida política que atienda el malestar que empujó a miles de personas a la calle.

Fuentes

Visión 360 i