La Intendencia de Cerro Largo anunció que llevará a Fiscalía elementos surgidos de una auditoría sobre la administración de José Yurramendi. El informe señala compras sin proceso competitivo, concentración de proveedores, retenciones no volcadas y dudas sobre fondos con destino específico. Mientras el Partido Nacional pide prudencia, el caso abre una discusión mayor sobre el manejo del dinero público en los gobiernos departamentales.

Una auditoría que dejó de ser un asunto interno

La crisis política en Cerro Largo ya no puede leerse solamente como una pelea entre dos dirigentes del Partido Nacional. Lo que comenzó como una auditoría prometida por Christian Morel durante la campaña terminó convirtiéndose en un expediente sensible sobre el manejo de recursos públicos durante la administración anterior, encabezada por José Yurramendi.

El actual intendente presentó los resultados de una auditoría externa sobre el período 2020-2025 y afirmó que existen elementos preparados para ser derivados a Fiscalía. Según la información divulgada, el análisis detectó presuntas irregularidades administrativas, financieras y contables, además del inicio de investigaciones administrativas dentro de la comuna.

Entre los puntos más fuertes aparece el sistema de compras. De acuerdo con lo informado por la propia administración departamental y recogido por distintos medios, en el 90% de las compras analizadas no se habría visualizado evidencia de un proceso competitivo. También se señaló que el 87% de las compras realizadas durante el período estudiado se concentró en 20 proveedores.

Ese dato no es menor. En cualquier administración pública, la competencia entre proveedores, la publicidad de los procedimientos y la transparencia no son detalles burocráticos: son garantías para evitar discrecionalidad, favoritismos y sobreprecios. El TOCAF, que regula la administración financiera del Estado, establece principios de publicidad, igualdad de oferentes, concurrencia, razonabilidad, transparencia y buena fe. Sin esos principios, el dinero público queda demasiado cerca del manejo político y demasiado lejos del control ciudadano.

La auditoría también marcó compras en las que no se identificaba con claridad qué dirección de la Intendencia había dado la orden, facturas con requisitos formales incompletos, licitaciones sin informes del comité asesor y proveedores con numeración correlativa en sus facturas, un elemento que abrió sospechas sobre firmas que habrían facturado casi exclusivamente a la comuna.

Retenciones, fondos y una pregunta incómoda

Otro punto delicado refiere a las remuneraciones y las retenciones. La auditoría señaló incrementos en partidas vinculadas a diferencias de sueldo, compensaciones, rendimientos, horas extras, jornales extra e insalubridad. El director de Hacienda de la Intendencia, Alejandro Duarte, habló de indicios de aumentos desmedidos y discrecionales durante la campaña política, aunque aclaró que eso no significa afirmar que todo haya sido ilegal.

También se informó sobre importes retenidos a funcionarios que no habrían sido volcados a los organismos correspondientes. Ese tipo de señalamiento exige máxima claridad, porque no se trata solamente de números en una planilla: son descuentos realizados sobre salarios de trabajadores municipales, con destino a mutualistas, préstamos u otras obligaciones.

A eso se suman dudas sobre fondos extrapresupuestales y dineros con destino específico. Cerro Largo Portal ya había informado declaraciones de Morel sobre partidas que habrían sido usadas para otros fines, incluyendo recursos vinculados a un camión perforador, al Cine Melo, a caminería rural y a fondos para municipios. El propio intendente habló de dinero que “fue destinado a otra cosa”.

La gravedad de estos elementos dependerá de lo que se logre probar en los procedimientos administrativos y, eventualmente, en Fiscalía. Pero políticamente el daño ya está instalado. Una administración departamental no puede funcionar con zonas grises en compras, proveedores, fondos específicos y retenciones salariales. Menos aún en un departamento donde el poder blanco ha tenido una presencia histórica y donde la disputa principal se terminó trasladando al interior del propio Partido Nacional.

Cuidar al partido o cuidar los recursos públicos

La respuesta de José Yurramendi fue frontal. El exintendente cuestionó la forma en que Morel presentó la auditoría, sostuvo que el informe no sería acusatorio y afirmó tener la conciencia tranquila. También dijo que si hubo errores administrativos y corresponde pasar algo a la Justicia, no tiene problema. Su defensa apuntó a separar eventuales fallas de gestión de cualquier sospecha de ilegalidad.

En paralelo, Álvaro Delgado, presidente del Directorio del Partido Nacional, habló con Morel y Yurramendi y les pidió prudencia. Su frase fue clara: que cuiden al partido y a Cerro Largo. El problema es el orden de esas prioridades. En una democracia sana, lo primero no debería ser cuidar a un partido, sino cuidar los recursos públicos, la confianza ciudadana y el funcionamiento transparente de las instituciones.

Delgado también señaló que la auditoría era una acción de gobierno y que la información no llegó al directorio para ser analizada. Esa aclaración busca separar el plano partidario del plano institucional, pero el caso deja al Partido Nacional frente a una incomodidad evidente: el denunciante y el denunciado político pertenecen al mismo partido, y el conflicto no surge de una acusación opositora sino desde adentro del propio oficialismo departamental.

Esa es una de las claves de fondo. Durante años, los gobiernos departamentales han sido territorios de poder fuerte, redes locales, cargos de confianza, vínculos con proveedores y decisiones muchas veces lejanas al escrutinio nacional. Cerro Largo no es una excepción aislada, pero este caso permite mirar con más precisión un problema estructural: la necesidad de controles reales sobre las intendencias, sin importar el color político de quien gobierne.

La auditoría deberá seguir su camino administrativo y judicial si corresponde. Yurramendi tiene derecho a defender su gestión, Morel tiene la obligación de probar lo que denuncia y Fiscalía deberá actuar sobre hechos, no sobre internas partidarias. Pero el punto central ya quedó planteado: el dinero público no pertenece a un intendente, a una agrupación ni a una familia política. Pertenece a la ciudadanía.