La Intendencia de Montevideo busca avanzar en el estudio de un proyecto privado de gran escala sobre 226 hectáreas linderas a los Bañados de Carrasco. La iniciativa promete viviendas, servicios y un ecoparque, pero abrió una discusión sensible dentro del Frente Amplio y entre organizaciones sociales: qué desarrollo necesita Montevideo y hasta dónde puede urbanizarse una zona ambientalmente frágil.

Un proyecto privado sobre suelo rural

El proyecto impulsado por Bislun SAS apunta a desarrollar una intervención urbana de gran escala en la zona de Bañados de Carrasco, en el noreste de Montevideo. La iniciativa incluye la compra de decenas de padrones y prevé construir edificios, equipamientos, servicios y un ecoparque metropolitano en un área aproximada de 226 hectáreas.

El primer obstáculo no es menor: el suelo donde se proyecta la obra no está habilitado para ese destino. Para que el emprendimiento pueda avanzar, la Junta Departamental debe intervenir en etapas clave: la declaración de interés departamental, el estudio mediante un Programa de Actuación Integrada complementario, la participación del Ministerio de Ambiente y una eventual recalificación del suelo.

La administración de Mauricio Zunino ya había enviado el asunto a la Junta en 2025. Luego, con Mario Bergara al frente de la Intendencia, el proceso fue retomado con más condicionantes ambientales. La comuna plantea que cualquier estudio debe incluir evaluación de impacto sobre el agua, escorrentías, vertidos, flora, fauna, participación comunitaria y medidas para no degradar la función del humedal.

El punto central es político e institucional: estudiar no equivale a aprobar. Pero declarar de interés un proyecto de esta magnitud tampoco es un trámite inocente. Abre una puerta, ordena prioridades y marca hacia dónde se mira la ciudad.

El humedal no es un terreno vacío

Los Bañados de Carrasco abarcan alrededor de 1.300 hectáreas y cumplen funciones ambientales decisivas para Montevideo: regulación hídrica y climática, refugio de especies, amortiguación de inundaciones, filtración natural del agua y sostén de biodiversidad. No son un baldío ni una reserva decorativa. Son parte de un sistema vivo, vinculado a la cuenca del Arroyo Carrasco y a territorios urbanos, rurales y periurbanos.

Ese punto explica la preocupación de colectivos sociales, vecinales y académicos. La discusión no se reduce a si habrá edificios más cerca o más lejos del bañado. El problema es el efecto acumulado de una urbanización masiva en el entorno de un ecosistema sensible, en una zona que ya enfrenta contaminación, presión territorial y desigualdades históricas.

El argumento de que el proyecto podría “poner en valor” un área degradada debe tomarse con cuidado. Recuperar un humedal no puede significar convertir su borde en oportunidad inmobiliaria sin garantías sólidas, control público y participación real de la comunidad. La restauración ambiental debe estar guiada por criterios técnicos, no por la necesidad de hacer viable un negocio privado.

Trabajo, ciudad y participación: el punto que debe ordenar la discusión

Dentro del Frente Amplio, el tema abrió diferencias. Sectores vinculados al MPP miran con interés el posible impacto económico, la inversión y la generación de empleo en una zona postergada. Desde el Partido Comunista y otros actores frenteamplistas se advierte sobre la necesidad de proteger el ecosistema y no entregar decisiones urbanas estratégicas a la lógica del mercado.

Esa tensión no tiene por qué resolverse con consignas. Montevideo necesita trabajo, inversión e infraestructura. También necesita límites claros frente al avance inmobiliario sobre suelos de valor ambiental. El desarrollo no puede medirse solo por metros construidos, capital invertido o promesas de empleo. Debe medirse también por su impacto sobre el agua, la vivienda, el territorio, la biodiversidad y la vida de quienes ya habitan la zona.

La izquierda, si quiere ser coherente con su propia historia, no puede elegir entre ambiente y trabajo como si fueran enemigos. Debe construir una salida más exigente: estudios públicos, información abierta, participación vecinal desde el comienzo, intervención técnica independiente, control estatal fuerte y garantías de que el interés general estará por encima del interés de una empresa.

Antes de votar cualquier avance, la Junta Departamental tiene una responsabilidad mayor que habilitar un expediente. Debe escuchar a vecinos, organizaciones, academia, municipio, Intendencia y Ministerio de Ambiente. En un territorio de esta sensibilidad, la ciudad no puede decidir primero y explicar después.