La discusión por los movimientos dispuestos por Mónica Ferrero en Fiscalía abrió una pregunta institucional clave: si el gobierno entiende que la conducción interina genera dudas, incomodidad o señales contradictorias, no depende necesariamente de un acuerdo con la oposición para actuar. Una cosa es destituir a una fiscal de carrera; otra, muy distinta, es dejar sin efecto una subrogancia designada por resolución del propio Poder Ejecutivo.

Una subrogancia no es un cargo definitivo

La situación de Mónica Ferrero al frente de la Fiscalía General de la Nación debe analizarse con precisión jurídica. No se trata de una fiscal de Corte designada por venia parlamentaria para ocupar el cargo en forma definitiva, sino de una autoridad subrogante, colocada allí para cubrir la acefalía institucional mientras no exista acuerdo político para nombrar a un nuevo fiscal de Corte.

Ese punto cambia toda la discusión. La Ley 19.483 establece que el Fiscal de Corte y Procurador General de la Nación es designado por el Poder Ejecutivo con venia del Senado o de la Comisión Permanente, por tres quintos de votos. Ese es el camino para una designación definitiva y también marca garantías fuertes para una eventual destitución. Pero la subrogancia tiene otra naturaleza: es una designación provisoria para asegurar la continuidad del servicio.

Ferrero fue designada como subrogante mediante resolución del Poder Ejecutivo. La propia resolución oficial de Presidencia establece que se la designó en el cargo de fiscal adjunto de Corte de la Fiscalía General de la Nación. Ese dato es central: si el acto que la colocó interinamente en esa función fue una resolución del Ejecutivo, el Ejecutivo conserva margen para revisar esa designación y sustituirla por otra subrogancia, siempre por una vía formal, fundada y jurídicamente cuidada.

Remover de la subrogancia no es destituir de Fiscalía

La confusión pública aparece porque muchas veces se habla de “remover” como si todo fuera lo mismo. No lo es. Remover a Ferrero de la subrogancia no implicaría expulsarla de la Fiscalía ni destituirla como fiscal de carrera. Sería quitarle la conducción interina de la Fiscalía General y designar a otra persona para ejercer esa función mientras continúa pendiente la designación definitiva.

Esa diferencia es decisiva. Para destituir a una fiscal de carrera o a una autoridad definitivamente designada se requieren garantías, procedimiento, causales y controles más exigentes. Para sustituir una subrogancia, el plano es otro: se trata de una función transitoria, nacida de una resolución administrativa y orientada a cubrir una vacancia.

Incluso la práctica institucional muestra que el Poder Ejecutivo interviene en las subrogancias de la Fiscalía. En diciembre de 2025, por ejemplo, Presidencia resolvió conceder licencia a Ferrero y designar como subrogante de la fiscal de Corte subrogante a otro fiscal, Enrique Rodríguez, por un período determinado. La resolución invocó la necesidad de mantener la regularidad del servicio mientras persistía la acefalía en la Fiscalía General de la Nación.

Ese antecedente confirma algo importante: la subrogancia no es intocable. Puede ser ordenada, sustituida o cubierta mediante actos del Poder Ejecutivo, según las necesidades institucionales y el marco normativo aplicable.

Si hay incomodidad política, existe una herramienta institucional

Los últimos movimientos en Fiscalía generaron preocupación política. Los traslados dispuestos por Ferrero colocaron bajo interrogante el destino de causas sensibles vinculadas a la administración anterior, entre ellas investigaciones asociadas al caso Cardama y a la destrucción de una prueba vinculada al narcotraficante Sebastián Marset. Según informó Caras y Caretas, esos cambios provocaron inquietud en el gobierno.

El punto de fondo es claro: si el gobierno observa con incomodidad esos movimientos, si le resultan extraños o si entiende que afectan la confianza institucional en investigaciones de alto impacto público, no está condenado a esperar indefinidamente un acuerdo con la oposición para nombrar un fiscal de Corte definitivo. Ese acuerdo sigue siendo necesario para llenar el cargo en propiedad. Pero para revisar una subrogancia, el margen institucional parece existir.

Eso no significa actuar por impulso ni interferir en causas concretas. La independencia técnica de los fiscales debe respetarse. La propia normativa de Fiscalía establece que los fiscales no deben recibir órdenes ni recomendaciones sobre cómo proceder en casos específicos. Pero una cosa es respetar la independencia técnica de cada fiscal en un expediente y otra es sostener, sin discusión política, una conducción interina que adopta decisiones administrativas capaces de alterar el mapa de causas sensibles.

La salida institucional no sería ordenar fallos, direccionar investigaciones ni interferir en expedientes. Sería otra cosa: revisar la conducción transitoria de la Fiscalía General, mediante una resolución formal, fundada en razones de servicio, confianza institucional, regularidad administrativa y necesidad de preservar la transparencia en un período especialmente delicado.

La responsabilidad también es del gobierno

En este tema, el gobierno no puede presentarse solamente como espectador incómodo. Si considera que los movimientos de Ferrero son problemáticos, tiene una herramienta institucional para actuar. No necesita convertir cada decisión en una pulseada parlamentaria ni quedar rehén de los votos de la oposición para resolver una subrogancia.

La designación definitiva del fiscal de Corte exige negociación política amplia. La remoción o sustitución de una autoridad subrogante pertenece a otro plano. Allí el Poder Ejecutivo tiene más margen, porque se trata de una función provisoria que nació de su propia resolución.

Por eso la pregunta política cambia. Ya no alcanza con decir que los traslados generan sorpresa, incomodidad o preocupación. Si el gobierno entiende que la conducción interina de Fiscalía dejó de ofrecer garantías suficientes para una etapa marcada por causas sensibles, debe explicar si va a usar o no las facultades que tiene.

La herramienta existe. El costo político de usarla también. Pero la responsabilidad institucional no se mide solo por lo que un gobierno denuncia, lamenta o mira con extrañeza. También se mide por las decisiones que está dispuesto a tomar cuando una subrogancia empieza a volverse un problema político para la confianza pública.