La crisis boliviana profundizó su nivel de gravedad en la tercera semana de protestas, con muertes vinculadas a los bloqueos, hospitales bajo presión y un gobierno cada vez más cuestionado. La conflictividad ya no expresa solo un reclamo sectorial: expone una crisis política, social y económica que golpea de lleno a la gestión de Rodrigo Paz.

La protesta escaló y el país entró en una zona de máxima tensión

Bolivia atraviesa una nueva escalada de su crisis política y social. Las protestas contra el presidente Rodrigo Paz entraron en su tercera semana, con bloqueos de rutas, choques con fuerzas de seguridad, dificultades de abastecimiento y un clima de creciente inestabilidad. El gobierno insiste en convocar al diálogo y responsabiliza a los sectores movilizados por la violencia y la interrupción de servicios esenciales, mientras en distintos puntos del país se multiplican las expresiones de rechazo a la gestión presidencial.

La magnitud del conflicto ya se mide también en vidas perdidas. El gobierno boliviano denunció la muerte de una turista en Desaguadero a causa de los bloqueos, mientras el Ministerio de Salud reportó al menos cuatro fallecimientos por la imposibilidad de trasladar pacientes, entre ellos un niño de 12 años en Potosí. A esos casos se agregan otros episodios violentos reportados por la prensa regional en los últimos días, lo que llevó a distintas coberturas a ubicar el saldo en al menos siete muertos, aunque esa cifra no aparece consolidada en una sola comunicación oficial al momento de esta redacción.

El conflicto ya afecta alimentos, combustible y atención médica

La crisis dejó de ser únicamente un choque entre gobierno y movimientos sociales. El impacto sobre la vida cotidiana se volvió inocultable. ABI informó que hospitales enfrentan una situación límite, con reservas de oxígeno para apenas 72 horas y con dificultades crecientes para sostener alimentos e insumos básicos. La propia ministra de Salud pidió a los manifestantes permitir el paso de ambulancias y actuar con empatía frente a pacientes que necesitan traslados urgentes.

En paralelo, la afectación del transporte y de la circulación de mercaderías profundiza el desabastecimiento en varias regiones. El Ejecutivo intenta presentar la situación como una ofensiva desestabilizadora impulsada por sectores afines a Evo Morales y otras organizaciones sociales, pero el cuadro muestra algo más profundo: una crisis de gobernabilidad que ya desbordó el conflicto puntual y expone un malestar extendido en amplios sectores populares y productivos.

El desgaste político de Paz se acelera

La fragilidad del gobierno también aparece en los números. Según un estudio publicado por Unitel con base en el Monitor de Opinión Pública de Ipsos CIESMORI, la aprobación de Rodrigo Paz cayó de 65% en noviembre a 52% en abril, una baja de 13 puntos en apenas seis meses de gestión. Ese deterioro acelerado coincide con el malestar por el costo de vida, las tensiones en torno a los combustibles y el endurecimiento del escenario social.

En ese marco, el intento del gobierno por recuperar iniciativa con llamados al diálogo y decisiones como la abrogación de la Ley 1720 no alcanzó para desactivar la protesta. La crisis boliviana se mueve ahora en un terreno más peligroso: una administración debilitada, movilización social persistente, presión económica y respuestas estatales que no logran cerrar el conflicto. Lo que está en disputa ya no es solo una medida o un bloqueo, sino la capacidad del gobierno de sostener autoridad política en medio de un país cada vez más tensionado.

Fuente :Agencia Boliviana de Información (ABI)