Julio César Silva, encargado del edificio donde vivía Cristina Fernández de Kirchner, negó haber visto ingresos habituales de bolsos y valijas y sostuvo que en 2018 firmó una declaración con la que no estaba de acuerdo. Su testimonio vuelve a poner bajo discusión el uso de presiones, arrepentidos y operaciones judiciales en una de las causas más sensibles de Argentina.

Un testimonio que golpea el corazón de la causa

La Causa Cuadernos volvió a quedar bajo fuerte tensión política y judicial en Argentina. Julio César Silva, encargado del edificio de Juncal y Uruguay donde vivía Cristina Fernández de Kirchner, declaró ante el tribunal que no fue cierto que él hubiera visto al exsecretario privado Daniel Muñoz ingresar de manera habitual con bolsos y valijas entre 2007 y 2010.

Silva reconoció que firmó aquella declaración durante la etapa de instrucción, pero sostuvo que no estaba de acuerdo con su contenido y que ni siquiera la había leído completamente. También admitió que firmar algo con lo que no estaba de acuerdo podía constituir un delito, pero explicó que lo hizo en un contexto de presión.

El testigo aseguró que durante aquel interrogatorio, encabezado en la etapa de instrucción por el fallecido juez Claudio Bonadio y con intervención del fiscal Carlos Stornelli, le mencionaron a sus hijas de una forma que interpretó como amenaza. Según su relato, le dijeron que no olvidara que tenía dos hijas y que debía responder lo que se le preguntaba. Esa declaración fue recogida también por medios argentinos que cubrieron la audiencia en Comodoro Py.

La sombra de los “arrepentidos” y la presión judicial

El nuevo testimonio no aparece aislado. Semanas antes, empresarios vinculados a la misma causa, entre ellos Mario Rovella, Oscar Sansiseña y Guillermo Escolar, también habían declarado que dieron testimonios bajo presión o por temor a quedar detenidos. Algunos de ellos afirmaron incluso que dejaron constancia previa ante escribano de que lo que iban a decir ante la Justicia no era cierto.

Ese punto es central. La Causa Cuadernos se construyó, en buena medida, sobre anotaciones atribuidas al chofer Oscar Centeno, declaraciones de arrepentidos y testimonios obtenidos durante una etapa judicial marcada por fuerte exposición mediática, detenciones preventivas y presión política.

La acusación formal sostiene que existió un sistema de recaudación ilegal de dinero entre empresas contratistas del Estado y exfuncionarios kirchneristas entre 2003 y 2015. El Ministerio Público Fiscal argentino presentó el caso ante el Tribunal Oral Federal N.º 7 como una causa por asociación ilícita y cohecho, con Cristina Fernández de Kirchner como una de las principales acusadas.

Pero las últimas declaraciones abren otra discusión: no solo qué se investiga, sino cómo se investigó. Si testigos e imputados sostienen ahora que declararon bajo presión, la discusión deja de estar únicamente en el contenido de la acusación y pasa también a la calidad del proceso judicial.

Lawfare, poder judicial y persecución política

Cristina Fernández de Kirchner ha denunciado en varias oportunidades que la causa forma parte de una persecución política y judicial en su contra. En su declaración indagatoria de marzo de 2026, cuestionó el expediente, habló de prácticas mafiosas y vinculó el caso con una estrategia más amplia de proscripción y desgaste político.

Desde una mirada democrática, el problema no puede reducirse a una defensa automática de una dirigente ni a una absolución política anticipada. Las causas judiciales deben investigarse, las pruebas deben analizarse y cualquier delito debe ser juzgado. Pero una democracia también tiene la obligación de mirar con seriedad cuando aparecen denuncias de presiones, amenazas o manipulación de testimonios dentro de expedientes de alto impacto político.

El caso vuelve a poner en debate una práctica extendida en América Latina durante los últimos años: el uso del aparato judicial, la prisión preventiva, los medios de comunicación y determinadas fiscalías como herramientas de disciplinamiento político. Ese fenómeno, conocido como lawfare, no elimina la necesidad de investigar hechos de corrupción, pero sí obliga a preguntarse si todos los sectores políticos son medidos con la misma vara y si las garantías procesales se respetan cuando el objetivo es una figura popular, poderosa o incómoda para determinados intereses.