El caso BrasPine no empieza en Rivera. Antes tuvo un capítulo incómodo en Tacuarembó, donde el intendente nacionalista Wilson Ezquerra terminó bajo investigación por presunta conjunción del interés público y privado, a raíz de la venta de un campo de su propiedad vinculado al proyecto industrial de la empresa brasileña.

Según la denuncia presentada por el periodista Sebastián Ríos, de Radio La Kandela, Ezquerra había comprado en 2007 un campo de 14 hectáreas en Paso del Manco por US$ 32.000. Años después, en su declaración jurada de 2022 ante la Junta de Transparencia y Ética Pública, ese mismo predio figuraba con un valor de US$ 45.000. En 2024, en medio del interés de BrasPine —a través de Ballintoy S.A.S.— por instalar una planta de industrialización de madera de pino en Tacuarembó, el terreno fue vendido por US$ 210.000.

La diferencia de valores quedó en el centro de la denuncia. Pero el punto más delicado no fue solamente el precio. El problema político y jurídico apareció porque el proyecto necesitaba que los padrones donde iba a instalarse la planta cambiaran de categoría: de suelo rural productivo a suelo suburbano industrial. Esa transformación era clave para habilitar el emprendimiento y también podía aumentar el valor de mercado de los terrenos involucrados.

En la documentación elevada a la Junta Departamental de Tacuarembó aparece que Ballintoy S.A.S., identificada con BrasPine, presentó en abril de 2024 su intención de instalar una planta de industrialización de madera de pino, con aserrado, secado, aprovechamiento energético y manufactura de piezas con destino de exportación, principalmente a Brasil y Estados Unidos. El proyecto estaba previsto para los padrones 7940 y 15.817, ambos categorizados como rurales productivos y sin atributo potencialmente transformable.

El propio expediente señalado ante el Tribunal de Cuentas indica que, por oficio del 27 de mayo de 2024, el Ejecutivo Departamental de Tacuarembó, encabezado por Ezquerra, sometió a consideración de la Junta la declaración de interés departamental del proyecto y el inicio del proceso de transformación del suelo rural a suburbano industrial mediante un Programa de Actuación Integrada. En esa misma documentación aparece certificado que Wilson Ezquerra había reservado para la venta a favor de Ballintoy S.A.S. la fracción “A” del padrón rural 7940, de 14 hectáreas.

Esa superposición es el núcleo del caso: el intendente actuaba como máxima autoridad departamental en un trámite que podía habilitar y valorizar un proyecto industrial, mientras uno de los terrenos involucrados estaba vinculado a una operación privada suya. La denuncia sostiene que Ezquerra actuó “de los dos lados del mostrador”: como jerarca con capacidad de impulsar decisiones públicas y como vendedor de un bien privado relacionado con el negocio.

La causa quedó en manos del fiscal de Durazno de 1.º turno, Diego Chaves, quien tomó declaración a varias personas en octubre de 2025. Entre los citados estuvieron denunciantes, testigos y ediles de distintos partidos. También declaró el propio Ezquerra. Su abogado, Gustavo Bordes, sostuvo públicamente que la declaración había sido “muy satisfactoria” y que el intendente fue “absolutamente, totalmente contundente”. La defensa anunció además la presentación de documentación y nuevas pruebas para intentar cerrar el asunto.

BrasPine muda el eje a Rivera: US$ 250 millones, 400 empleos y una oportunidad que Tacuarembó dejó pasar bajo sospecha

Mientras la investigación sobre Ezquerra siguió su curso, BrasPine terminó encaminando su instalación en Rivera. La empresa forestal-industrial brasileña anunció una inversión de aproximadamente US$ 250 millones para construir en ese departamento su primera planta fuera de Brasil y la tercera unidad industrial del grupo.

La cifra aprobada por el régimen de promoción de inversiones asciende a UI 1.617.849.784, equivalentes a unos US$ 250 millones a valores actuales. La inversión está destinada a maquinaria, equipos y mejoras fijas en infraestructura, aunque la propia empresa aclaró que el desembolso será escalonado y que el monto total funciona como paraguas para un plan de expansión de largo plazo.

La planta de Rivera estará orientada al procesamiento industrial de madera de pino, con foco en valor agregado, eficiencia energética y exportación. Según la información divulgada por la empresa, el proyecto comenzará a operar en 2027 y generará unos 400 nuevos empleos. BrasPine ya cuenta con más de 2.500 trabajadores directos en Brasil y tiene 27 años de historia desde su fundación en 1997, en Jaguariaíva, estado de Paraná.

La Intendencia de Rivera puso en manifiesto en marzo de 2025 el Programa de Actuación Integrada para la instalación de la planta de industrialización de madera de pino de BrasPine Uruguay S.A.S. en el padrón rural 12406. El trámite había sido iniciado por resolución del 17 de enero de 2025, bajo la forma de un Programa de Actuación Integrado Abreviado, en el marco de la Ley de Ordenamiento Territorial y Desarrollo Sostenible. Ese procedimiento incluyó memoria de ordenación, memoria de información, informe ambiental estratégico, estudio hidrogeológico, estudio de inundabilidad y caracterización de rutas.

La empresa justificó la elección de Rivera por razones técnicas y logísticas: cercanía con la base forestal, infraestructura disponible, condiciones de transporte y ubicación estratégica en la frontera con Brasil. Esa localización le permite integrarse con su modelo productivo regional y fortalecer su salida hacia mercados externos.

La comparación con Tacuarembó es inevitable. El proyecto que en un primer momento aparecía asociado a terrenos del departamento gobernado por Ezquerra terminó avanzando en Rivera, lejos del escándalo político y jurídico que rodeó la operación anterior. El país no perdió la inversión, pero Tacuarembó sí perdió la centralidad de una oportunidad industrial que podía tener impacto en empleo, proveedores, logística y desarrollo local.

El caso deja una señal fuerte sobre cómo deben manejarse las inversiones productivas de gran porte. Una planta de US$ 250 millones y 400 puestos de trabajo necesita reglas claras, suelo adecuado, permisos ambientales, infraestructura y certezas institucionales. Lo que no puede quedar en el medio es la sospecha de que una decisión pública se cruza con el patrimonio privado de quien gobierna.

Rivera aparece ahora como el departamento que recibirá la primera fábrica de BrasPine fuera de Brasil. Tacuarembó queda atado al antecedente incómodo: un intendente investigado, un terreno comprado por US$ 32.000, declarado después por US$ 45.000 y vendido por US$ 210.000, un pedido de recategorización de suelo rural a suburbano industrial y una causa penal.