El fiscal Alejandro Machado investigaba la destrucción de documentos vinculados al caso Marset y tenía previsto citar a declarar al expresidente Luis Lacalle Pou. En mayo de 2026, Mónica Ferrero dispuso su traslado a Cibercrimen. La decisión fue administrativamente fundamentada, pero dejó interrogantes sobre la continuidad de una investigación políticamente sensible.

Una declaración que seguía pendiente

En noviembre de 2023, la denuncia de la exvicecanciller Carolina Ache abrió una nueva investigación sobre la presunta destrucción de documentación vinculada a la entrega del pasaporte uruguayo a Sebastián Marset.

Ache declaró que Roberto Lafluf, entonces asesor de confianza del presidente Luis Lacalle Pou, había destruido documentación que contenía conversaciones entre ella y el exsubsecretario del Interior Guillermo Maciel. Los mensajes estaban relacionados con el conocimiento que tenían las autoridades sobre los antecedentes de Marset.

Los hechos denunciados situaban el episodio en Torre Ejecutiva, sede de la Presidencia de la República.

Alejandro Machado, fiscal de Delitos Económicos y Complejos de primer turno, quedó a cargo de la investigación. En septiembre de 2024 archivó la causa relacionada con las presuntas irregularidades en la expedición del pasaporte, pero mantuvo abierta la investigación sobre la posible destrucción documental.

La eventual declaración de Lacalle Pou había sido mencionada desde noviembre de 2023. En octubre de 2025, Machado confirmó que analizaría los resultados de una investigación administrativa de Cancillería antes de resolver nuevas citaciones. Entre las comparecencias previstas figuraba la del expresidente.

Esa investigación administrativa había establecido que la documentación destruida formaba parte de un expediente ministerial, en contradicción con lo que Lacalle Pou había afirmado públicamente en noviembre de 2023.

Ferrero resolvió el traslado

El 14 de mayo de 2026, la fiscal de Corte subrogante, Mónica Ferrero, firmó la Resolución 347/026, disponiendo que Alejandro Machado pasara a dirigir la nueva Fiscalía Especializada en Cibercrimen a partir del 19 de mayo.

La resolución fundamentó el movimiento en necesidades de reorganización del servicio y en las condiciones técnicas y académicas de Machado. También estableció que previamente se había consultado a los fiscales sobre su interés en integrar la nueva sede.

Machado reconoció haber manifestado interés en Cibercrimen, aunque posteriormente aclaró que no había solicitado formalmente su traslado. Ferrero, por su parte, negó que existieran motivaciones ajenas a la gestión institucional.

El cambio fue cuestionado por dirigentes del Frente Amplio, que expresaron preocupación por la salida de un fiscal encargado de investigaciones que involucraban a figuras del gobierno anterior. Otros dirigentes políticos defendieron la potestad de Ferrero para reorganizar las fiscalías.

El hecho administrativo está documentado. La intención de interferir en una investigación, en cambio, no está demostrada.

Pero el traslado tuvo una consecuencia concreta: Machado dejó de conducir la investigación sobre los documentos presuntamente destruidos en Presidencia, antes de que se conociera públicamente la declaración de Lacalle Pou que había previsto.

Cinco meses después, la pregunta continúa

En octubre de 2026, Ferrero defendió ante el Parlamento la continuidad del trabajo en la Fiscalía de Delitos Económicos. Señaló que permanecían funcionarios que habían trabajado con Machado y que varias investigaciones importantes seguían avanzando bajo un régimen de subrogación.

Sin embargo, no detalló públicamente qué diligencias se habían realizado específicamente en la causa por la destrucción de documentos del caso Marset.

La discusión política no puede reducirse a si Ferrero tenía atribuciones para trasladar fiscales. La cuestión es qué consecuencias tuvo esa decisión para una investigación que involucraba a un expresidente de la República.

Tampoco alcanza con la coincidencia temporal para sostener que existió una maniobra de protección. Esa hipótesis exige demostrar que la decisión respondió a una finalidad distinta de la reorganización administrativa invocada.

Al 6 de noviembre de 2026, no hemos podido confirmar públicamente que Lacalle Pou haya declarado en esta investigación, que recibiera una citación formal o que esa diligencia fuera descartada.

La Fiscalía dispone de la información necesaria para aclarar estos extremos: qué actuaciones se realizaron desde el 19 de mayo, si permanece prevista la declaración del expresidente y qué decisiones se adoptaron sobre las citaciones que Machado había considerado necesarias.

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