La gremial rural llega a su congreso en Salto con reclamos concretos al Estado: eliminar el impuesto municipal del 1% a la venta de semovientes y trasladar al Ministerio de Transporte parte de la caminería rural de mayor uso. El planteo abre una discusión de fondo sobre la doble vara de sectores que cuestionan al Estado en el discurso, pero lo reclaman cada vez que necesitan bajar costos.
El congreso de Salto y una agenda cargada de pedidos
La Federación Rural tendrá su 109° Congreso Anual los días 29 y 30 de mayo en Salto, en la Asociación Agropecuaria local. La instancia llegará con una agenda pesada: competitividad, garrapata, caminería rural, costos de producción, precio del gasoil y el reclamo histórico por la eliminación del impuesto municipal del 1% a la enajenación de semovientes.
La expectativa de la gremial está puesta en que el Congreso de Intendentes, que sesionará también en Salto, avance en una señal concreta sobre ese tributo. El planteo no es nuevo. Desde hace años el sector reclama que se elimine ese impuesto, que tiene destino municipal y que forma parte del financiamiento de los gobiernos departamentales.
La discusión no puede reducirse a si un impuesto es cómodo o incómodo para un sector productivo. El punto de fondo es quién paga después la cuenta. Si se elimina un ingreso municipal, alguien debe cubrir ese agujero. Puede hacerlo el gobierno central, pueden resignar recursos las intendencias o puede cambiarse la forma de financiamiento. En todos los casos, el Estado vuelve a aparecer en el centro de la solución.
El Estado que molesta y el Estado que se necesita
Hay una contradicción política difícil de ocultar. Buena parte del discurso ruralista más conservador suele presentar al Estado como un peso, una traba, una máquina burocrática, un costo excesivo o un obstáculo para producir. Pero ante cada dificultad concreta, el mismo Estado aparece como destinatario de los reclamos: que baje impuestos, que asuma infraestructura, que subsidie de forma indirecta, que compense, que intervenga, que financie o que resuelva.
Eso no significa que todos los reclamos sean ilegítimos. La caminería rural es un problema real. La producción necesita rutas, caminos transitables, puentes, mantenimiento y planificación. También es cierto que los pequeños y medianos productores no viven la realidad de la misma forma que los grandes establecimientos o los grupos económicos más concentrados del agro.
Pero la discusión debe hacerse sin máscara ideológica. Si el campo necesita caminos, necesita Estado. Si precisa control sanitario, necesita Estado. Si busca inserción internacional, necesita Estado. Si reclama seguridad rural, necesita Estado. Si pide que el Ministerio de Transporte asuma caminos de alta intensidad de uso, está pidiendo más presencia estatal, no menos.
El problema no es pedir Estado. El problema es deslegitimarlo en público y exigirlo en privado. Combatirlo en campaña electoral y reclamarlo en la ventanilla sectorial. Presentarlo como lastre cuando financia derechos sociales y como herramienta imprescindible cuando reduce costos productivos.
Caminería rural: quién usa, quién paga
Otro eje del planteo ruralista es que algunos caminos rurales de alta intensidad pasen a la órbita del Ministerio de Transporte y Obras Públicas. La Federación Rural sostiene que hay tramos de uso intenso, incluso interdepartamentales, que exceden la capacidad de las intendencias y requieren una respuesta nacional.
La propuesta puede tener sentido desde el punto de vista técnico. Hay caminos rurales que ya no cumplen una función vecinal menor, sino que sostienen circulación productiva, salida de granos, ganado, leche, madera, maquinaria e insumos. Pero también ahí aparece una pregunta política: si esos caminos son parte de una infraestructura que beneficia directamente al negocio agroexportador, ¿cómo se reparte el costo?
El Estado debe invertir en infraestructura. Esa inversión mejora la producción, el empleo, la vida rural y la integración territorial. Pero no debería quedar planteada como una ayuda silenciosa al sector más fuerte del país mientras, al mismo tiempo, se cuestiona el gasto público destinado a salarios, salud, vivienda, educación o protección social.
El país productivo no existe sin rutas, sin puertos, sin energía, sin investigación pública, sin sanidad animal, sin diplomacia comercial, sin bancos estatales, sin intendencias y sin trabajadores. La riqueza rural no nace sola del alambrado hacia adentro. Se apoya en una estructura colectiva construida durante décadas.
El impuesto del 1% y la caja de las intendencias
El impuesto del 1% a la enajenación de semovientes tiene una historia larga. Fue creado originalmente en 1960, modificado con el tiempo y terminó asociado al financiamiento departamental. Más adelante se estableció un mecanismo de crédito fiscal para los productores, lo que volvió más compleja su administración.
La eliminación puede discutirse. De hecho, si un impuesto se cobra, se devuelve y además genera costos administrativos, hay argumentos para revisar el mecanismo. Pero el debate honesto debe incluir a las intendencias, porque los gobiernos departamentales dependen de recursos propios para atender caminería, servicios, alumbrado, maquinaria, personal y obras locales.
El reclamo ruralista apunta a aliviar costos del sector. La preocupación de las intendencias pasa por no perder soberanía financiera ni quedar atadas a una partida del gobierno central que pueda renegociarse cada período. Ese punto es clave: cambiar un ingreso propio por una transferencia nacional puede debilitar a los gobiernos departamentales, sobre todo en el interior.
La Federación Rural tiene derecho a defender sus intereses. También el país tiene derecho a discutir qué sectores reciben alivios, bajo qué condiciones y con qué contrapartidas. Porque el mismo Estado que muchas veces se acusa de gastar demasiado termina siendo el que sostiene caminos, rebajas, controles, inserción internacional y soluciones cuando la rentabilidad aprieta