Un informe presentado este 21 de octubre de 2026 por el Instituto Nacional de Evaluación Educativa (INEEd) revela el deterioro sostenido de los aprendizajes durante los últimos siete años, con especial incidencia en el período de gobierno de Luis Lacalle Pou. Los resultados de Aristas 2025 exponen una realidad que contrasta con el discurso de éxito construido alrededor de las pruebas PISA y la denominada transformación educativa. Detrás de los rankings internacionales quedaron los recortes presupuestales, las desigualdades sociales y un sistema que no logró cumplir las metas educativas fijadas por la propia administración anterior.

El árbol que eligieron mostrar

Durante cinco años, el gobierno de Luis Lacalle Pou convirtió la educación en uno de los principales escenarios de su discurso político. La denominada transformación educativa, impulsada por Robert Silva desde la Administración Nacional de Educación Pública (ANEP) y respaldada por Pablo da Silveira desde el Ministerio de Educación y Cultura, fue presentada como una reforma destinada a corregir décadas de problemas estructurales.

Las pruebas internacionales PISA ocuparon un lugar destacado en aquella construcción discursiva. La posición de Uruguay entre los países latinoamericanos con mejores desempeños se convirtió en un argumento recurrente para defender las políticas educativas de la coalición y cuestionar la gestión de los anteriores gobiernos frenteamplistas.

Ahora, desde la oposición, aquel relato continúa utilizándose como respaldo de una reforma cuyos resultados concretos comienzan a quedar expuestos.

El problema nunca estuvo en la existencia de las pruebas PISA, sino en su utilización política selectiva. Los rankings internacionales permiten comparar países, pero una posición relativamente favorable dentro de América Latina ofrece escasa información sobre las desigualdades internas y las condiciones materiales en las que estudian miles de adolescentes uruguayos.

Los resultados de PISA 2025, difundidos en setiembre de 2026, mostraron una mejora en ciencias, estabilidad en matemática y un descenso en lectura. Uruguay obtuvo 445 puntos en ciencias, 423 en lectura y 405 en matemática. Sin embargo, solamente el 42 % de los estudiantes alcanzó el nivel mínimo de desempeño en matemática establecido por la OCDE. En lectura lo consiguió el 57 % y en ciencias el 64 %.

Hasta el propio indicador utilizado para exhibir fortalezas internacionales dejaba al descubierto las dificultades nacionales.

El 21 de octubre de 2026, el INEEd presentó los resultados de Aristas Media 2025, una evaluación aplicada a estudiantes de noveno grado y comparable con las realizadas en 2018 y 2022. Sus conclusiones permiten observar la evolución de los aprendizajes durante siete años y examinar los resultados acumulados de las políticas educativas aplicadas durante buena parte del gobierno anterior.

El árbol de los rankings internacionales había concentrado buena parte del debate político. Detrás permanecía un bosque educativo atravesado por dificultades que ninguna campaña de comunicación consiguió revertir.

Los números detrás del discurso

La evolución de los aprendizajes presenta una secuencia preocupante. En lectura, el porcentaje de estudiantes ubicado en los niveles más bajos pasó del 22,5 % en 2018 al 24,8 % en 2022 y al 28 % en 2025. En matemática, esos porcentajes fueron del 63,1 %, 66,2 % y 69,4 %, respectivamente.

La tendencia es inequívoca. El sistema educativo uruguayo acumula un deterioro progresivo, registrado antes, durante y después de la reforma impulsada por la administración de Lacalle Pou.

Las metas educativas establecidas para 2025 tampoco fueron alcanzadas. En lectura se esperaba que el 77 % de los adolescentes superara el nivel 2, pero solamente lo consiguió el 72 %. En matemática, el objetivo era alcanzar el 36 %, mientras el resultado efectivo fue del 30,6 %.

Estos resultados adquieren particular relevancia política porque la evaluación de 2025 comprende estudiantes que atravesaron una parte sustancial de su trayectoria educativa durante el gobierno de coalición y estuvieron expuestos a las modificaciones curriculares introducidas por su transformación educativa.

La desigualdad social constituye otra de las conclusiones centrales del informe. En matemática, el 60,6 % de los estudiantes de contextos muy favorables supera el nivel 2 de desempeño. Entre los adolescentes de contextos muy desfavorables, ese porcentaje desciende al 12,5 %. Una distancia de 48,1 puntos porcentuales separa las posibilidades de aprendizaje.

En lectura, el 90,4 % de los estudiantes de contextos muy favorables supera ese nivel, frente al 55,8 % de los sectores más desfavorecidos. La diferencia llega a 34,6 puntos porcentuales.

La escuela uruguaya continúa reproduciendo una parte importante de las desigualdades que existen fuera de sus puertas.

Otro resultado cuestiona el discurso que presenta a la educación privada como intrínsecamente superior a la pública. Al controlar estadísticamente las diferencias socioeconómicas y culturales, los estudiantes de liceos públicos y privados alcanzan desempeños similares. Buena parte de las distancias observadas en las comparaciones generales responde a la composición social de sus respectivas poblaciones estudiantiles.

El informe también identifica un deterioro de la motivación y la autorregulación del aprendizaje, dificultades en la convivencia y una disminución de las expectativas de continuar estudios superiores. El porcentaje de adolescentes que manifestó gusto por la lectura descendió del 71,7 % en 2022 al 47,2 % en 2025.

A las desigualdades económicas se agregan problemas institucionales. Según las percepciones de los directores recogidas por Aristas, más del 60 % de los liceos públicos comenzó el año sin contar con todos los docentes necesarios para cubrir sus grupos. Al finalizar el período lectivo, la dificultad persistía en casi la mitad de los centros.

El deterioro alcanza conocimientos, condiciones de enseñanza, vínculos educativos y expectativas de futuro. La transformación prometida por la administración anterior dejó resultados bastante menos favorables que su presentación política.

Ajustar el presupuesto y prometer una transformación

La evolución de los aprendizajes también debe examinarse junto con las decisiones presupuestales adoptadas entre 2020 y 2024. El propio INEEd documentó una caída del 4 % en términos reales del gasto público educativo durante 2020. En la educación obligatoria, el descenso fue del 3,3 %, y los recursos volvieron a retroceder en 2021.

La Universidad de la República denunció una reducción real de aproximadamente 6 % entre 2020 y 2021. Sus autoridades proyectaron posteriormente una pérdida presupuestal de 2,6 % para el quinquenio, aun después de las recuperaciones parciales. La insuficiencia de recursos obligó a postergar nuevas carreras, limitar expansiones académicas y mantener necesidades insatisfechas de becas y cargos docentes.

La política de restricciones también alcanzó al sistema científico. En marzo de 2021, la Academia Nacional de Ciencias del Uruguay advirtió que la disponibilidad presupuestal de la Agencia Nacional de Investigación e Innovación (ANII) resultaba aproximadamente 24 % inferior, en términos reales, al promedio de los planes operativos de 2018 y 2019. Para los programas de investigación científica, la reducción de capacidad operativa superaba el 30 %.

La ciencia, la universidad y la formación académica integran un mismo entramado de producción y transmisión de conocimiento. Las restricciones a la investigación y al desarrollo universitario afectaron precisamente las capacidades que el país necesitaba fortalecer. La cultura y el acceso a sus bienes también forman parte de ese entramado, aunque requieren una evaluación presupuestal específica para establecer la magnitud de las restricciones sufridas.

Las políticas sociales y los servicios que acompañan las trayectorias educativas completan ese panorama. La alimentación escolar constituye uno de los ejemplos más claros de la necesidad de examinar los resultados y no solamente las cifras presupuestales.

La propia ANEP informó que el gasto en alimentación aumentó 21 % en términos reales entre 2019 y 2024. Sin embargo, esa variación del presupuesto no permite determinar por sí sola cuánto mejoraron las prestaciones efectivamente recibidas por los estudiantes. Para establecerlo resulta necesario comparar la cantidad de beneficiarios, las raciones servidas, su composición nutricional, los costos unitarios y los contratos de prestación.

El sistema combina comedores de elaboración propia con servicios tercerizados y semitercerizados. La participación de empresas privadas incorpora costos y formas de gestión que también deben examinarse. La evolución del gasto no demuestra automáticamente una mejora equivalente en la calidad alimentaria, del mismo modo que la existencia de tercerizaciones no explica por sí sola el incremento presupuestal.

Durante 2024, el Programa de Alimentación Escolar registró 201.415 beneficiarios, según la rendición de cuentas de la ANEP. Son niños y adolescentes para quienes la comida recibida en el centro educativo constituye una prestación social decisiva y, en muchos hogares, una parte fundamental de su alimentación cotidiana.

La política educativa del quinquenio anterior estuvo marcada por una combinación de restricciones fiscales iniciales, modificaciones curriculares, cambios de gestión y posteriores recuperaciones parciales del gasto. El Ministerio de Economía y Finanzas reconoció que la contracción presupuestal de los primeros años respondió, entre otros factores, a las restricciones del Decreto 90/020 y a la política de ajuste salarial.

Mientras se promovía públicamente una transformación educativa, las propias instituciones advertían sobre necesidades presupuestales insatisfechas, dificultades para sostener programas y limitaciones en sus capacidades de desarrollo.

Los resultados presentados este 21 de octubre permiten examinar aquella experiencia desde sus consecuencias. La disminución de los aprendizajes comenzó antes de 2020, continuó durante el gobierno de Lacalle Pou y llegó hasta 2025, después de varios años de aplicación de su reforma educativa.

El gobierno anterior recibió problemas estructurales profundos y prometió transformarlos. Cinco años después, las mediciones nacionales registraron más estudiantes en los niveles bajos de lectura y matemática, metas incumplidas y desigualdades persistentes.

El debate político había encontrado en las comparaciones internacionales una manera de destacar los resultados más favorables. Aristas devuelve la atención a los estudiantes uruguayos, a los conocimientos que efectivamente adquieren, a las condiciones en que aprenden y a la distancia que sigue separando las oportunidades educativas según el origen social.

Redacciòn