Tres años después del escándalo por las 36 contrataciones en Salto Grande que provocó la renuncia de Carlos Albisu, su gestión al frente de la Intendencia de Salto vuelve a quedar bajo cuestionamiento por los mecanismos de ingreso de personal. El Tribunal de Cuentas observó gastos correspondientes a dos contratos con organizaciones civiles mediante los cuales trabajaron 261 personas durante setiembre. Las denuncias sobre la incorporación de militantes blancos y colorados reavivan una polémica que el actual intendente conoce desde su paso por el organismo binacional.

Del escándalo de Salto Grande a la Intendencia

En setiembre de 2023, Carlos Albisu renunció a la presidencia de la delegación uruguaya de la Comisión Técnica Mixta de Salto Grande después de que las contrataciones de dirigentes y militantes políticos provocaran un escándalo que alcanzó al gobierno de Luis Lacalle Pou. Las denuncias, respaldadas por pedidos de informes y debatidas en el Parlamento, expusieron la incorporación de 36 personas, de las cuales al menos 27 habían ingresado mediante designaciones directas.
Entre los contratados aparecían ediles y dirigentes vinculados principalmente a la Lista 404 del Partido Nacional, sector al que pertenecía Albisu, además de personas relacionadas con el Partido Colorado. Las remuneraciones difundidas durante la investigación parlamentaria iban desde cifras superiores a 80.000 pesos hasta casi 300.000 pesos mensuales. La controversia alcanzó tal magnitud que la Cámara de Representantes reclamó revisar y promover el cese de las designaciones discrecionales.
El gobierno de Luis Lacalle Pou debió intervenir ante los cuestionamientos. Albisu presentó su renuncia, aunque defendió la legalidad de sus actuaciones. La situación también provocó diferencias dentro del Partido Nacional, desde donde surgieron críticas a los procedimientos utilizados para incorporar personal al organismo binacional.
Aquel episodio dejó nombres que hoy vuelven a aparecer en la administración departamental. Carlos Silva Rattin, designado secretario de la delegación uruguaya de Salto Grande durante la gestión de Albisu, ocupa actualmente la Dirección de Gestión de Servicios Públicos de la Intendencia. Martín Burutarán Panissa, mencionado en el debate parlamentario por aquellas incorporaciones, fue designado en 2025 encargado de Auditoría Interna del gobierno departamental.
La presencia de ambos permite seguir la trayectoria de integrantes del entorno político de Albisu entre Salto Grande y la Intendencia. Sus cargos actuales son diferentes de las contrataciones observadas en 2026, pero forman parte de la continuidad de su equipo de gobierno.
El antecedente cobra actualidad tras conocerse las observaciones del Tribunal de Cuentas sobre dos contratos celebrados por la Intendencia con la Fundación Rutas de Impacto y la Asociación Civil Casa Abierta, organizaciones encargadas de administrar personal destinado a distintas dependencias municipales.

Doscientos sesenta y un trabajadores y dos contratos observados

Los procedimientos corresponden a dos licitaciones públicas tramitadas durante 2026. El expediente 1708/2026 establece un sistema de gestión de recursos humanos para funciones administrativas, limpieza, mantenimiento, supervisión y actividades socioculturales. El expediente 2973/2026 contempla la contratación de técnicos, profesionales, asesores y personal para programas especiales.
En ambos casos, las organizaciones adjudicatarias administran trabajadores que desempeñan tareas para la Intendencia, mientras el gobierno departamental financia los costos correspondientes. Los pliegos regulan la selección, contratación, liquidación de salarios, aportes y supervisión del personal. En uno de ellos se establece expresamente que la propia Intendencia entregará a la adjudicataria la nómina de personas a contratar.
La Fundación Rutas de Impacto firmó contrato el 15 de junio de 2026, mientras que la Asociación Civil Casa Abierta lo hizo al día siguiente. Según la respuesta oficial del gobierno departamental, durante setiembre trabajaron 261 personas a través de ambas organizaciones, con diferentes jornadas y modalidades de prestación.
El periodista Diego Martini Lemos, quien difundió las observaciones, denunció que la mayoría de esos trabajadores serían militantes del Partido Nacional y del Partido Colorado. La documentación municipal conocida hasta ahora no incluye una nómina individual que permita comprobar la pertenencia política de los contratados.
Las observaciones del Tribunal de Cuentas comprenden cuestionamientos presupuestales y administrativos. El organismo señaló la falta de disponibilidad suficiente para comprometer determinados gastos, de acuerdo con el artículo 15 del TOCAF. También objetó la ausencia de criterios objetivos para valorar algunos antecedentes de los oferentes y los servicios de capacitación, conforme a las exigencias del artículo 48.
Otro reparo refiere al objeto estatutario de una de las fundaciones adjudicatarias. El Tribunal advirtió que de sus estatutos no surgía claramente la habilitación para suministrar mano de obra a terceros, una actividad que forma parte de los servicios contratados por el gobierno departamental.
Las condiciones económicas también merecen atención. Para Rutas de Impacto se informó una comisión del 4 % sobre el costo laboral, acompañada de un cargo fijo de 280.000 pesos más IVA. En el caso de Casa Abierta se estableció una comisión del 5 %, un componente fijo de 145.000 pesos y partidas adicionales por trabajador y por talleres. La información difundida no permite calcular el costo total de ambas contrataciones, debido a la ausencia de liquidaciones y a que no se precisa la periodicidad de algunos componentes.
La Intendencia reconoció las observaciones, pero sostuvo que los procedimientos conservan su validez. Albisu resolvió reiterar los gastos, una facultad administrativa que permite continuar su tramitación bajo responsabilidad de la autoridad competente, sin dejar sin efecto los reparos del Tribunal.
Las contrataciones incorporan una modalidad de intermediación laboral en la cual el personal cumple funciones municipales, pero mantiene su vínculo contractual con entidades externas que reciben una remuneración por administrarlo. En ese esquema, la identificación de quienes seleccionan a los trabajadores y los criterios utilizados para hacerlo adquieren especial relevancia, particularmente ante las denuncias de ingresos por afinidad partidaria.

Las contrataciones bajo una misma administración

En setiembre de 2025, Albisu había anunciado el cese de 291 trabajadores incorporados durante la administración anterior de Andrés Lima. El intendente fundamentó aquella decisión en cuestionamientos jurídicos a los mecanismos de contratación y permanencia del personal.
El gobierno departamental sostuvo entonces que esos vínculos laborales representaban un costo aproximado de 20 millones de pesos mensuales y presentó la medida como parte de una reorganización administrativa. Un año después, las licitaciones adjudicadas a Rutas de Impacto y Casa Abierta registran 261 personas prestando servicios municipales mediante contratos con organizaciones externas.
Las cifras corresponden a situaciones laborales distintas y no acreditan que los nuevos trabajadores hayan sustituido a quienes fueron cesados. Sin embargo, permiten contrastar los criterios utilizados para reducir personal durante el primer año de gestión con los procedimientos de contratación adoptados posteriormente.
Los pliegos contemplan una amplia variedad de funciones municipales. En el expediente 2973/2026, la Intendencia conserva la facultad de entregar la nómina de personas que deberán ser contratadas por la adjudicataria. Esto sitúa parte de las decisiones sobre la incorporación de trabajadores dentro de la propia administración, aunque la relación laboral se formalice con una organización externa.
También se modificaron las condiciones de duración previstas originalmente. En enero, el expediente 1708/2026 pasó de contemplar un contrato de dos años a establecer un período anual, con renovaciones automáticas hasta el final del actual gobierno departamental, salvo comunicación previa de alguna de las partes.
Las denuncias sobre la presencia mayoritaria de militantes blancos y colorados entre las 261 personas todavía requieren una comprobación individual. La documentación disponible no identifica sus nombres, antecedentes laborales, remuneraciones ni distribución entre ambas organizaciones. Tampoco permite determinar cuántos fueron propuestos directamente por la Intendencia y cuántos seleccionados por las entidades adjudicatarias.
En cuanto a los gastos, las observaciones del Tribunal abarcan la disponibilidad presupuestal, las condiciones de evaluación de las ofertas y el alcance estatutario de una de las organizaciones. La Intendencia dispuso la reiteración de los gastos y mantuvo la ejecución contractual.
Según el informe departamental del 15 de octubre de 2026, ambas organizaciones continuaban prestando servicios a la administración. El documento consigna las 261 personas que trabajaron durante setiembre, las condiciones generales de contratación y la posición municipal frente a los reparos, pero no presenta una liquidación global de los gastos ni una nómina detallada del personal incorporado.

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