El expresidente boliviano afirmó que las movilizaciones contra Rodrigo Paz expresan una sublevación popular frente a un modelo neoliberal y neocolonial. En medio de protestas, bloqueos, detenciones y presión social, Morales acusó a Estados Unidos de dirigir una operación regional para sostener al gobierno boliviano y criminalizar a los movimientos sociales.
Bolivia bajo presión social y política
Bolivia atraviesa una de sus crisis políticas más intensas de los últimos años. Las movilizaciones contra el gobierno de Rodrigo Paz llevan más de dos semanas, con bloqueos, protestas en La Paz, participación de sindicatos, campesinos, mineros, transportistas y sectores populares, además de reclamos que van desde medidas económicas hasta la renuncia del presidente.
La Central Obrera Boliviana participa de un paro indefinido que comenzó el 1.º de mayo y que fue creciendo hasta transformarse en un conflicto nacional. Las protestas comenzaron vinculadas al rechazo a una ley sobre tierras y propiedad agraria, pero derivaron en una impugnación más amplia al rumbo del gobierno.
En ese escenario, Evo Morales salió a denunciar que en Bolivia está en marcha un “Plan Cóndor 2026”, dirigido por Estados Unidos y articulado, según su acusación, por gobiernos de derecha de la región. El expresidente presentó las movilizaciones como una sublevación del pueblo contra un Estado “neocolonial, neoliberal y racista”.
La denuncia no aparece en el vacío. Estados Unidos ya tomó posición pública sobre la crisis. El subsecretario de Estado Christopher Landau expresó respaldo al gobierno de Paz, habló de una posible amenaza contra el orden democrático y calificó los bloqueos y protestas como parte de un intento de golpe. Esa lectura estadounidense coloca el conflicto boliviano en una escala regional y vuelve a mostrar el peso de Washington en los procesos políticos latinoamericanos.
La acusación de Morales: Trump, Milei y una derecha regional alineada
Morales sostuvo que Estados Unidos, Israel y varios gobiernos de derecha no solo estarían respaldando al gobierno boliviano con declaraciones, sino también con otros medios. En su mensaje, apuntó directamente contra Donald Trump, a quien ubicó como conductor político de esa estrategia, y contra presidentes de derecha a los que calificó como ejecutores regionales.
El expresidente también señaló al gobierno argentino de Javier Milei. Según Morales, Argentina participa activamente del sostén político y operativo del gobierno de Rodrigo Paz. Entre sus acusaciones incluyó la presencia del consultor Fernando Cerimedo como operador de comunicación, guerra sucia y criminalización de dirigentes sociales y organizaciones populares.
Morales afirmó además que desde Argentina operarían plataformas digitales y “guerreros digitales” destinados a generar odio contra los pueblos indígenas y empujar una fractura interna entre bolivianos. En su lectura, esas operaciones buscarían instalar una narrativa contra los sindicatos, los sectores populares y los movimientos que cuestionan al gobierno.
Otro punto señalado por Morales fue la visita a Bolivia del ministro argentino de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger. Según el expresidente, esa presencia apuntaría a impulsar una transformación neoliberal del Estado Plurinacional.
La denuncia también menciona el envío de dos aviones Hércules argentinos. El gobierno boliviano presentó esos vuelos como ayuda humanitaria frente al desabastecimiento generado por los bloqueos. Morales, en cambio, afirmó que militares bolivianos denunciaron el transporte de material antidisturbios para reprimir manifestaciones, en una comparación directa con el antecedente de 2019 durante los gobiernos de Mauricio Macri y Jeanine Áñez.
El peso histórico del nombre Plan Cóndor
La expresión “Plan Cóndor” tiene una carga profunda para América Latina y especialmente para Uruguay. El Plan Cóndor original fue una coordinación represiva entre dictaduras del Cono Sur durante los años 70, con persecución, secuestros, torturas, desapariciones y asesinatos de opositores políticos. Uruguay fue parte de esa estructura represiva junto a Argentina, Chile, Brasil, Paraguay y Bolivia.
Por eso, el uso de esa referencia por parte de Morales no es una frase menor. Busca colocar la crisis boliviana dentro de una historia latinoamericana de intervenciones, persecución antipopular y articulación de derechas regionales con respaldo estadounidense.
Morales sostuvo que el “Plan Cóndor 2026” se habría reforzado con el pronunciamiento de unos 30 expresidentes de América Latina y España, entre ellos Carlos Mesa, Jorge “Tuto” Quiroga y Jeanine Áñez. También mencionó al empresario y exmilitar estadounidense Erik Prince, fundador de una compañía privada de seguridad, a quien vinculó con la derecha internacional y con pedidos de intervención sobre Bolivia.
La crisis ya dejó un número importante de personas detenidas. Según teleSUR, alrededor de 124 personas fueron detenidas en La Paz en el marco de las movilizaciones contra el gobierno de Paz. Al mismo tiempo, agencias internacionales reportaron cortes de rutas, cierre temporal de bancos por seguridad, escasez de suministros y una fuerte disputa sobre quiénes impulsan las protestas y cómo debe responder el Estado.
El gobierno de Paz atribuye parte de la desestabilización al entorno de Morales. Morales, por su parte, insiste en que el conflicto nace de demandas estructurales: alimentos, combustible, salarios, tierra, defensa del Estado Plurinacional y rechazo a un programa económico de derecha.