El acercamiento de Delcy Rodríguez a Donald Trump dejó de ser una maniobra diplomática para convertirse en una transformación profunda de las relaciones de poder sobre Venezuela. Con acuerdos petroleros que comprometen recursos estratégicos durante un siglo, participación del aparato militar estadounidense y un gobierno que celebra el respaldo de la potencia que atacó su territorio, la dirigencia venezolana se aleja de uno de los principios fundamentales del chavismo: la independencia nacional frente al imperialismo.

La sonrisa con quien ordenó la invasión

La fotografía de Delcy Rodríguez sonriente junto a Donald Trump, tomada el pasado 22 de septiembre en un hotel de Nueva York, representa mucho más que el restablecimiento de relaciones diplomáticas entre dos países enfrentados durante décadas. Es la expresión visible de una transformación política que coloca a Venezuela en una posición de creciente dependencia respecto de Estados Unidos y que amenaza con vaciar de contenido la tradición antiimperialista del movimiento iniciado por Hugo Chávez.

Nueve meses antes, el 3 de enero, las fuerzas armadas estadounidenses habían ejecutado una operación militar sobre territorio venezolano que culminó con la captura y el traslado forzoso de Nicolás Maduro y Cilia Flores a Estados Unidos. Aquella intervención provocó una grave crisis de soberanía y recibió cuestionamientos de Naciones Unidas por sus implicaciones para el derecho internacional. El mismo gobierno que ordenó aquella acción militar aparece ahora como principal respaldo externo de la presidenta encargada de Venezuela.

Rodríguez calificó de histórica su reunión con Trump y agradeció públicamente el apoyo estadounidense a la reinserción internacional venezolana. La escena resulta políticamente difícil de justificar desde una tradición que construyó buena parte de su identidad sobre la resistencia a la dominación norteamericana. No porque dos gobiernos deban permanecer eternamente enfrentados, sino porque existe una diferencia sustancial entre negociar para defender los intereses nacionales y celebrar una relación profundamente desigual con quien acaba de imponer su voluntad mediante la fuerza militar.

Durante su presencia en Nueva York, Rodríguez tampoco ofreció una respuesta concreta cuando fue consultada sobre una eventual visita a Maduro, detenido en Brooklyn. La distancia pública adquiere una dimensión política particularmente significativa cuando se observa que quien fuera vicepresidenta del mandatario venezolano ha pasado a convertirse en la principal interlocutora de la administración que ordenó su captura.

La diplomacia puede exigir prudencia, acuerdos e incluso concesiones temporales. Lo que no exige es convertir en una celebración política el acercamiento a una potencia que mantiene a un expresidente venezolano bajo custodia y que ha reivindicado abiertamente su derecho a intervenir en los asuntos del continente.

El petróleo venezolano y los intereses del Pentágono

El aspecto más grave del acercamiento no está en la fotografía, sino en los compromisos sobre la principal riqueza estratégica de Venezuela. El 31 de agosto, la propia Casa Blanca presentó un acuerdo petrolero con Caracas mediante el cual la empresa North American Blue Energy Partners obtuvo, según la administración estadounidense, concesiones de explotación por 100 años sobre 17 campos petroleros que contienen aproximadamente 65.000 millones de barriles, cerca de una quinta parte de las reservas probadas venezolanas.

Las condiciones anunciadas resultan extraordinarias. El Departamento de Guerra estadounidense tendrá una participación accionaria del 35 % en la empresa matriz de la operadora. Además, Estados Unidos contará con el derecho a adquirir al costo de producción el 20 % del petróleo extraído y tendrá preferencia para comprar el 80 % restante. Washington también anunció facultades de veto sobre los nombramientos en el directorio de la compañía, que deberá contar con mayoría de ciudadanos estadounidenses.

El significado político resulta inocultable. La potencia que intervino militarmente en Venezuela obtiene una posición privilegiada en la explotación de sus recursos petroleros, mientras su aparato de defensa pasa a tener intereses económicos directos en una compañía vinculada a esa producción. El petróleo venezolano deja de ser únicamente una fuente de ingresos nacionales para convertirse también en un componente explícito de la estrategia energética y militar estadounidense.

La Casa Blanca ni siquiera oculta sus objetivos. En su comunicación oficial reivindicó la recuperación de la doctrina Monroe y presentó el acuerdo como parte de su propósito de garantizar el predominio estadounidense en el hemisferio. Washington entiende perfectamente el alcance geopolítico de estos compromisos. La pregunta es por qué la dirigencia venezolana acepta presentarlos como una conquista compartida cuando sus beneficios estratégicos para Estados Unidos aparecen formulados de manera tan explícita.

La Constitución venezolana establece que los yacimientos de hidrocarburos pertenecen a la República y son bienes inalienables e imprescriptibles. Una concesión de explotación no significa automáticamente la transferencia de esa propiedad. Sin embargo, la soberanía económica no se agota en la titularidad formal del subsuelo: también comprende la capacidad efectiva de decidir quién explota los recursos, bajo qué condiciones, con qué controles y para beneficio de quién.

La reforma petrolera aprobada en enero amplió las posibilidades de operación privada y redujo controles parlamentarios sobre determinados contratos. A ello se agrega que no se ha divulgado íntegramente la documentación del acuerdo anunciado por Washington, mientras especialistas han planteado dudas sobre sus procedimientos, sus autorizaciones y su viabilidad jurídica. Comprometer recursos de semejante magnitud durante cien años exige un grado de transparencia que hasta ahora no ha sido acreditado públicamente.

La paradoja histórica es contundente. El chavismo construyó uno de sus principales argumentos políticos alrededor de la recuperación del control nacional sobre los hidrocarburos. Hoy, bajo la conducción de Rodríguez, se anuncia un esquema que otorga ventajas excepcionales al mismo poder extranjero contra cuya influencia se levantó aquel proyecto político.

El chavismo ante el riesgo de perder su razón de ser

La presidenta encargada enfrenta condiciones excepcionalmente difíciles. La intervención militar estadounidense, el régimen de sanciones, las dificultades económicas y la dependencia de los ingresos petroleros limitan seriamente las alternativas del gobierno venezolano. Pero reconocer esa desigualdad no significa aceptar que todas las decisiones tomadas en su nombre sean inevitables.

Washington necesita estabilidad en Venezuela, acceso a su petróleo y una conducción política capaz de sostener los acuerdos. Rodríguez también posee, por tanto, cierto margen de negociación. La administración Trump ha preferido respaldar su continuidad antes que impulsar una sustitución inmediata de toda la estructura de poder chavista. Esa circunstancia proporciona un espacio político que podría utilizarse para defender condiciones más favorables a la autonomía venezolana.

Sin embargo, el rumbo elegido muestra una sucesión de concesiones que difícilmente puedan explicarse únicamente por razones de supervivencia. El 14 de octubre, el Departamento del Tesoro estadounidense retiró de su lista de sancionados a Jorge Rodríguez, presidente de la Asamblea Nacional y hermano de la mandataria. Mientras Washington flexibiliza restricciones sobre determinados integrantes de la conducción política, mantiene una influencia decisiva sobre los ingresos petroleros venezolanos y sobre el proceso de transición institucional.

Nicolás Maduro y Cilia Flores continúan detenidos en Estados Unidos, las sanciones no han desaparecido en su conjunto y Venezuela todavía no cuenta con una fecha definida para la celebración de elecciones presidenciales. La visita de Rodríguez a Nueva York tampoco produjo los nuevos acuerdos económicos concretos que se esperaban. La imagen de cercanía con Trump terminó siendo más visible que los beneficios materiales obtenidos durante aquel viaje.

La contradicción alcanza dimensiones históricas cuando se recuerda que Hugo Chávez convirtió la independencia latinoamericana en uno de los fundamentos de su política exterior. Aquella concepción sostenía que ningún país debía aceptar la subordinación de sus instituciones, sus riquezas o sus decisiones fundamentales a los intereses de Washington.

La orientación actual de Rodríguez se aparta peligrosamente de ese principio. El problema no consiste en establecer relaciones económicas con Estados Unidos, que pueden ser legítimas y necesarias, sino en aceptar condiciones que otorgan al poder estadounidense una influencia extraordinaria sobre sectores decisivos de Venezuela, sin que exista una reciprocidad comparable.

Tampoco puede invocarse el antiimperialismo para justificar cualquier actuación del poder político venezolano. La soberanía pertenece al pueblo y debe expresarse mediante instituciones democráticas, respeto por los derechos humanos, participación social y control público de los recursos nacionales. Defenderla frente a una intervención extranjera no implica conceder impunidad a los gobernantes ni renunciar a exigir responsabilidades por sus decisiones.

Precisamente por eso resulta tan cuestionable el rumbo de Delcy Rodríguez. Una dirigente que reivindica la continuidad del proyecto bolivariano no puede tratar la soberanía como una consigna ceremonial mientras acepta que una potencia extranjera condicione durante generaciones el aprovechamiento de las riquezas nacionales.

Estados Unidos no ha abandonado su política de predominio hemisférico. La ha reformulado mediante una combinación de intervención militar, presión financiera, acuerdos empresariales y reconocimiento selectivo de dirigentes dispuestos a garantizar sus intereses.

El desafío de Venezuela no consiste en conseguir la aprobación de Donald Trump, sino en recuperar su capacidad efectiva de decidir su propio destino. La independencia no puede depender de la voluntad del gobierno estadounidense, ni el futuro del petróleo venezolano quedar subordinado a las necesidades estratégicas del Pentágono.

Delcy Rodríguez puede considerar que sus acuerdos garantizan estabilidad inmediata. Pero la estabilidad obtenida al precio de comprometer la autonomía nacional puede terminar siendo una derrota política de consecuencias mucho más duraderas.

Un proyecto que nació enfrentando la dominación imperial no puede pretender conservar intacta su identidad mientras entrega a esa misma potencia una posición privilegiada sobre sus recursos estratégicos.

Quatroges