Una consulta de la JUTEP por la presencia de un director de AFE en una reunión del Partido Colorado terminó en un escándalo parlamentario. Pedro Bordaberry descargó su furia contra Alfredo Asti, a quien llamó «rata rastrera», y obligó a intervenir a Carolina Cosse. Detrás de los insultos aparece una contradicción política: el senador que exige controles y transparencia cuando se trata del oficialismo reaccionó con una violencia verbal inusual cuando el organismo de control puso la mirada sobre un dirigente de su propio partido.

Un oficio de la JUTEP encendió la mecha

La Cámara de Senadores vivió este martes 13 de octubre un episodio de fuerte tensión política protagonizado por el senador colorado Pedro Bordaberry. El legislador llevó al recinto un cuestionamiento contra la Junta de Transparencia y Ética Pública (JUTEP), a partir de un oficio firmado por el vicepresidente del organismo, Alfredo Asti, relacionado con una actividad partidaria realizada en Florida durante los primeros días de agosto.

El episodio tiene como antecedente una denuncia por la participación de Robert Bouvier, director de la Administración de Ferrocarriles del Estado (AFE) en representación del Partido Colorado, en una reunión de la Lista 10 celebrada en las instalaciones de la Asociación Rural de Florida. La actividad fue registrada mediante fotografías y dio lugar a una presentación ante la JUTEP por una posible vulneración de las restricciones constitucionales que alcanzan a los integrantes de los directorios de los entes autónomos.

La denuncia había sido presentada por Ezequiel Ibarra, convencional nacional del propio Partido Colorado, quien cuestionó que un jerarca de una empresa pública participara de una actividad de carácter político-partidario. La presencia de Bouvier fue el hecho que dio origen al cuestionamiento, pero la discusión terminó trasladándose al Senado cuando Bordaberry recibió una solicitud de información sobre aquel encuentro.

El senador interpretó el oficio como un exceso de las atribuciones de la JUTEP y sostuvo que el organismo carece de competencia para interrogar a un legislador sobre sus actividades políticas. Su intervención, sin embargo, pronto dejó atrás la discusión institucional para convertirse en un ataque personal contra Asti.

«Rata rastrera»: el insulto que provocó la intervención de Cosse

La tensión alcanzó su punto más alto cuando Bordaberry calificó a Alfredo Asti de «rata rastrera», expresión dirigida al vicepresidente de un organismo público desde una banca del Senado. La agresión verbal alteró el desarrollo del debate y motivó la intervención de Carolina Cosse, vicepresidenta de la República y presidenta de la Cámara, para frenar la escalada y reclamar respeto en el recinto.

El episodio trasladó el enfrentamiento entre el senador y el jerarca de la JUTEP al terreno de las descalificaciones personales. Bordaberry no se limitó a cuestionar una interpretación jurídica o a pedir explicaciones sobre los procedimientos del organismo: convirtió su discrepancia en un ataque directo contra uno de sus integrantes.

Desde el oficialismo, la senadora Bettiana Díaz defendió el procedimiento de la JUTEP y sostuvo que las actuaciones respondían a una denuncia y a un análisis jurídico, frente a la interpretación de Bordaberry de que el organismo había excedido sus competencias.

La controversia exhibió además el deterioro del intercambio parlamentario cuando las disputas sobre los controles del Estado se transforman en enfrentamientos personales. La investidura de un senador no impide cuestionar con dureza a un organismo público, pero tampoco convierte el insulto en un argumento ni sustituye las respuestas que exige el debate institucional.

La Constitución, la Corte Electoral y la pregunta que quedó pendiente

El centro del conflicto se encuentra en el artículo 77, numeral 4, de la Constitución de la República. La disposición establece restricciones expresas a la actividad político-partidaria de los directores de entes autónomos y servicios descentralizados. La prohibición comprende la integración de clubes o comisiones políticas y otros actos partidarios, aunque contempla una excepción para la participación en organismos dedicados específicamente al estudio de problemas de gobierno, legislación y administración.

La misma norma atribuye a la Corte Electoral la competencia para conocer y aplicar las sanciones previstas por estas infracciones. En ese punto apoyó Bordaberry su argumentación contra la JUTEP, al sostener que el organismo de transparencia no podía asumir atribuciones que corresponden constitucionalmente a la autoridad electoral.

Pero la competencia de la Corte Electoral para determinar responsabilidades y aplicar sanciones no elimina, por sí sola, las atribuciones legales de la JUTEP para recibir denuncias y examinar posibles incumplimientos de los deberes de la función pública. Son planos distintos de actuación, precisamente los que quedaron enfrentados durante la discusión parlamentaria.

La controversia tampoco resuelve la situación de Robert Bouvier. Lo relevante es establecer si el encuentro de Florida constituyó una actividad partidaria comprendida en las prohibiciones constitucionales o si corresponde alguna de las excepciones previstas. Esa cuestión exige examinar la naturaleza de la reunión y la participación efectiva del director de AFE.

Mientras Bordaberry concentró su intervención en cuestionar al organismo y a Alfredo Asti, la pregunta que originó el expediente permaneció sin una respuesta definitiva: qué hacía un director de una empresa pública en una reunión política de su partido y si esa participación se ajustaba a las obligaciones constitucionales de su cargo.