Erico Galeano, exsenador colorado de Paraguay, fue condenado a 13 años de cárcel por lavado de activos y asociación criminal en el caso A Ultranza Py. La causa lo vinculó con una red transnacional asociada al uruguayo Sebastián Marset, cuyo nombre dejó en Uruguay una crisis política que todavía pesa.

Una condena en Paraguay que también interpela a Uruguay

La Justicia paraguaya ordenó la prisión del exsenador Erico Galeano, condenado a 13 años de cárcel por lavado de activos y asociación criminal en el marco del caso A Ultranza Py. La resolución fue tomada por un tribunal especializado en crimen organizado, luego de que la defensa intentara evitar la cárcel con arresto domiciliario, tobillera electrónica y una fianza millonaria.

El dato no queda encerrado dentro de Paraguay. La investigación conectó a Galeano con una estructura de narcotráfico internacional asociada al uruguayo Sebastián Marset y al paraguayo Miguel Ángel Insfrán, conocido como “Tío Rico”. Para el lector uruguayo, el caso vuelve a tocar una fibra sensible: el crimen organizado no opera con fronteras nacionales, pero sí aprovecha debilidades estatales, vínculos políticos, documentación, logística, dinero y protección.

Uruguay no mira este expediente desde afuera. Marset es uruguayo, fue señalado durante años por investigaciones de varios países y su nombre quedó instalado en la política nacional tras la entrega de un pasaporte durante el gobierno de Luis Lacalle Pou, episodio que terminó en una de las mayores crisis institucionales del período anterior.

A Ultranza Py: dinero, aviones y poder político

La causa A Ultranza Py expuso una trama que combinó narcotráfico, lavado, bienes inmuebles, aeronaves y contactos con sectores de poder. En el caso de Galeano, la acusación sostuvo que el exlegislador colaboró con la organización mediante apoyo operativo y financiero.

Entre los elementos investigados aparecieron operaciones inmobiliarias, movimientos de dinero y el uso de una aeronave vinculada a Galeano. Testimonios incorporados al juicio señalaron que Sebastián Marset viajó en una avioneta relacionada con el exsenador. Ese punto es clave porque muestra una dimensión del narcotráfico que muchas veces queda por debajo del ruido policial: las redes criminales no necesitan solamente cargamentos, necesitan rutas, cobertura, empresas, bienes, transporte y contactos.

La condena de un exsenador paraguayo por un caso conectado a Marset confirma que el problema no se limita a sicarios ni a decomisos. La discusión de fondo es el ingreso del dinero narco en circuitos legales y su capacidad para acercarse a estructuras políticas, empresariales y deportivas. Allí está una de las principales amenazas para cualquier democracia de la región.

El nombre de Marset y la responsabilidad uruguaya

Sebastián Marset fue capturado en Bolivia en marzo de 2026 y trasladado a Estados Unidos, donde enfrenta acusaciones vinculadas a tráfico de cocaína y lavado de dinero. Antes de eso, durante años fue uno de los nombres más buscados del crimen organizado regional.

Para Uruguay, su caso tiene una carga particular. No solo por su nacionalidad, sino porque el episodio del pasaporte entregado en Emiratos Árabes Unidos dejó al descubierto una cadena de decisiones administrativas y políticas que golpeó la credibilidad del Estado. Ese hecho no puede borrarse cada vez que aparece un nuevo capítulo judicial en Paraguay, Bolivia o Estados Unidos.

La condena a Galeano obliga a leer el caso desde una perspectiva regional. Si en Paraguay se condena a un exsenador por colaborar con una red vinculada a un uruguayo, el problema también habla de Uruguay: de sus controles, de su sistema político, de sus documentos oficiales, de su capacidad para detectar lavado y de la necesidad de fortalecer la cooperación pública contra organizaciones que se mueven con más rapidez que los Estados.

El narco no es solo delito: también es poder

El caso deja una enseñanza incómoda. El narcotráfico no crece solamente en los márgenes. También busca respetabilidad, negocios legales, vínculos con dirigentes, fachadas empresariales y acceso a decisiones. Por eso la respuesta no puede reducirse a más patrulleros o más cárceles. Hace falta inteligencia financiera, control real sobre el lavado, fiscalías fuertes, jueces independientes, cooperación internacional y voluntad política para investigar incluso si el expediente toca a personas con poder.

En Paraguay, la condena de Galeano marca un golpe judicial importante contra una red con alcance regional. En Uruguay, el mismo caso debería servir para mirar con menos ingenuidad una realidad que ya entró por varias puertas: documentos, puertos, transferencias, empresas, fútbol, política y opinión pública.